Investigación
‘Bodycams’, un escándalo anunciado en la Policía por cuenta de un millonario y frustrado contrato de cámaras corporales; la Fiscalía investiga
SEMANA conoció nuevas pruebas que demostrarían la presunta injerencia de altos mandos de la Policía en un multimillonario proyecto para dotar de bodycams a los uniformados de la institución. La Fiscalía investiga.
Un explosivo audio en poder de SEMANA revela la conversación entre un mayor de la Policía y funcionarios del Ministerio del Interior. El oficial repite “mi general dice” refiriéndose a una marca específica de tecnología en un millonario proyecto para comprar las bodycams prometidas en la anunciada transformación de la institución.
El general Henry Sanabria, director de la Policía, confirmó que dio esa orden; en ese momento se desempeñaba como director administrativo de la institución. SEMANA reveló las presuntas irregularidades en el proyecto para dotar de estas cámaras a los uniformados, una multimillonaria compra de más de 200.000 millones de pesos, con recursos del Ministerio del Interior.
Todo iba sobre ruedas hasta que los ingenieros del ministerio advirtieron que la ficha técnica estaba “direccionada” y, según fuentes que piden reserva, favorecía a una empresa, algo que resulta irregular en una contratación de este tamaño.
La ficha fue redactada por la empresa Eagle Comercial, nutrido contratista de la Policía en temas de tecnología, y explicaba las bondades de la marca Axón como proveedor de las bodycams. La talanquera del ministerio no cayó en gracia en la Policía, que debió conformar un equipo de expertos para construir, como debió ser desde un principio, la ficha a partir de las necesidades de la institución y no recurrir a la suministrada por un particular.
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La molestia del alto mando se registró en un audio que destapó SEMANA, en el que el entonces subdirector de la Policía, el general Hoover Penilla, sacudió a gritos el cuarto piso de la Dirección General en Bogotá, ordenándole a un oficial que sacara las empresas chinas y dejara la que presentó la Oficina de Telemática de la Policía, es decir, la que “amablemente” entregó la empresa.
El enredo, que pone sobre la mesa el direccionamiento de la millonaria compra, aterrizó en la Procuraduría y la Fiscalía con una denuncia en contra del actual director de la Policía, el general Henry Sanabria, y su exjefe, el general Penilla.
Los fiscales delegados ante la Corte Suprema reunieron un expediente con más de 300 folios, documentos, soportes, constancias, actas y audios, con la supuesta evidencia de una injerencia ilegal.
“Dice mi general”
El nuevo audio en poder de SEMANA dibuja una escena. Un mayor de la Policía, al parecer, Juan Camilo Hernández, jefe de armamento de la Dirección Administrativa y Financiera, en ese momento a cargo del hoy director de la institución, el general Sanabria, llegó al Ministerio del Interior a repetir, una y otra vez, la urgencia que tendría su jefe de darle trámite a la ficha técnica que había sido rechazada por los ingenieros del ministerio.
Mayor: Puntualmente esa es la necesidad. Dijo mi general, si toca colocar lo del GPS y todos los valores agregados que van a mejorar “nuestro producto”, pues lo vamos a hacer.
NN: O sea, mi general dijo: “Enfoquémonos sobre esta marca”.
Mayor: Exacto, esa es, digamos, es nuestra necesidad y digamos que es la que más cubre como esa parte. Mi general dijo que la que más cubre las necesidades de nosotros es esta marca, esta marca es la que está cubriendo nuestro tipo de necesidad, por eso hay que trabajar la actividad.
NN: Ah, bueno, igual seguimos trabajando.
Mayor: La idea es abrir un poco más el espectro, de las bondades y virtudes en ese aparato.
NN: Ah, bueno, porque yo no sabía que venían hoy.
Mayor: Yo tampoco, mi general está en una intervención.
En diálogo con SEMANA, el general Sanabria confirmó que fue su orden insistir en la ahora cuestionada ficha técnica tras advertir que “era la única empresa que cumplía”. Pero “no solo la de Axón, también tenían que incluirse las británicas que cumplieran”, señaló el general, aunque las fuentes consultadas y el mismo audio muestran que la supuesta urgencia del general descansó en una sola propuesta.
Incluso hay una contradicción. Mientras que el director de la Policía aseguró que el mayor Hernández, quien al parecer se escucha en el audio, tenía “la orden” de explicar las bondades del producto, este lo negó. En un documento que conoció SEMANA, el oficial dijo que “actué en calidad de asistente y no participé o expuse en la estructuración de alguna ficha” (ver documento).
Fichados
De acuerdo con el general Sanabria, la ficha técnica de Eagle Comercial era la propuesta que cumplía con las necesidades. Sin embargo, otro concepto dejaron por escrito los ingenieros y expertos, incluso un general que le hizo 30 “recomendaciones” a esa ficha técnica, entre otras: “Sustentar las razones por las cuales la institución requiere de una marca específica” (ver documento).
Al consultarle al director de la Policía sobre estas “recomendaciones”, insistió en que la propuesta era la adecuada, principalmente por un argumento: “La cámara se activa al extraer el arma o el dispositivo electrónico de control táser”, algo que a los ingenieros les resultó ilógico, pues, bajo ese criterio, el uniformado podría decidir qué grabar y en caso de un posible procedimiento irregular en el que no desenfunden armas todo quedaría en sombras.
¿Por qué la Policía inició el proceso para la compra de las bodycams con la ficha técnica de un particular? ¿Por qué no hubo otras propuestas, incluso, por qué no construyeron una propia? Un documento que obtuvo SEMANA, y que forma parte del expediente de la Fiscalía, señala que no hubo “estudios de mercado para la adquisición de Body Cam en la vigencia 2021 y 2022” (ver documento).
Aun con los conceptos en contra, la ficha técnica se paseó por varias dependencias de la Policía. Estuvo en manos de oficiales de Seguridad Ciudadana, Telemática, la Dirección Administrativa y Financiera, la Subdirección y hasta la Dirección General. Sorteó con éxito los obstáculos hasta que el Ministerio del Interior le puso freno y ordenó construir una propia, con expertos de varias entidades.
Sobre la exclusión de empresas chinas, el general Sanabria dijo que se trataba de un asunto de “seguridad nacional” y ahora reitera que es un “tema con clasificación de secreto”, por lo que no puede dar detalles. Contrario a esto, SEMANA conoció un documento en el que la misma Policía advierte que no existe orden “verbal o escrita” que soporte ese argumento (ver documento).
Vacaciones pagas
Un hecho llamó la atención: las cartas que envió la empresa Eagle Comercial y Axón con una particular invitación con gastos pagos a conocer en Estados Unidos las bondades de su producto (ver documento).
El general Sanabria le pidió a su jefe “estudiar la posibilidad de autorizar la asistencia” de dos oficiales para “evaluar las capacidades de los productos, la calidad de los sistemas, capacidades, avances tecnológicos y analizar las ventajas que eventualmente pueden ser aplicadas para una entidad como la Policía”, señala el informe (ver documento).
Justamente los dos invitados serían los encargados de “avalar” la ficha técnica, soporte de la millonaria compra. El general Sanabria le aseguró a SEMANA que la invitación “no estaba prohibida”. Sin embargo, otro escenario describe el Ministerio de Defensa en este tipo de eventos. “No se dará trámite a las solicitudes de comisión al exterior para personal civil o militar proveniente de una invitación formulada por cualquier empresa privada nacional o extranjera, excepto cuando se origina de una relación contractual existente” (ver documento).
La comisión se negó por extemporánea, no por inconveniente. Pero los invitados no dejaron pasar la oportunidad, salieron de vacaciones pagadas por la empresa que presentaría la propuesta y se fueron a conocer el producto que ya conocían, pues este se expuso en una rueda de prensa cuando se lanzó la nueva imagen de la Policía. El general Sanabria lo confirmó (ver foto).
El proyecto para la compra de las bodycams se cayó. Según el director de la Policía, no hubo más proponentes y las otras empresas no presentaron documentos. Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que todo estaba listo para la licitación, el problema fue que el Conpes destinado para esos recursos se venció.