Bogotá
Bogotá | Alimentación de 4.000 niños de hogares comunitarios está en riesgo por falta de pagos y comida en mal estado
Serían 245 los hogares comunitarios que están afectados por los posibles incumplimientos de la Unión Temporal Propaís Santo Domingo Savio, que ya tiene procesos sancionatorios en su contra.
En la mañana de este miércoles 27 de julio, madres comunitarias de Bogotá y Cundinamarca adelantaron una manifestación frente a la Sede Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de denunciar los fallos del operador privado Unión Temporal Propaís Santo Domingo Savio, que tienen sin atención en cuidado y alimentación a miles de niños en el país.
Según lo denuncia el concejal por el partido Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos, la alimentación de más de 4.000 niños de Bogotá y Cundinamarca está en riesgo por el incumplimiento del contratista que no le paga los sueldos a las madres comunitarias y adicionalmente entrega comida en mal estado, aumentando las cifras de desnutrición en los niños.
“Es inconcebible que el fallido modelo de operadores privados para la atención de la niñez en Colombia siga dando tantos problemas y aquí no pase nada. Estamos hablando de recursos sagrados, de la alimentación de niños. Y también de la afectación a madres comunitarias. Denunciamos que incluso una de ellas está en silla de ruedas producto del estrés que le provocó la falta de pagos por parte del operador Santo Domingo Savio”, aseguró Ramírez.
Irónicamente, Ramírez advirtió que “el operador ya tiene procesos sancionatorios por el ICBF, pero sigue operando como si nada. Este operador no le responde a las madres comunitarias de Bogotá. Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usaquén, más los municipios de Mesitas, La Mesa Viotá, San Antonio del Tequendama en Cundinamarca, están afectados”.
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En total, serían 245 los hogares comunitarios que están afectados por estos incumplimientos del contratista. “Los recursos de la alimentación de los niños son sagrados y no vamos a permitir que un operador lleno de incumplimientos, los ponga en riesgo”, dijo Ramírez.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, acompañando todas las justas acciones de las madres comunitarias en defensa de sus derechos y los de la niñez. Este operador no puede seguir saliéndose de las suyas, mientras hay madres comunitarias que no reciben pagos desde hace dos meses y más”, resaltó el cabildante.
Finalmente, el concejal del Centro Democrático le hizo un llamado al ICBF: “Que se tome en serio la alimentación de los niños y la dignidad de las madres comunitarias y que de inmediato declare la caducidad del contrato con esta unión temporal que ha contratado a lo largo y ancho del país más de 17.000 millones de pesos”.
Caos en Integración Social
El pasado lunes, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, realizó un debate de Control Político, en el que nuevamente le reclamó a la Administración Distrital por denuncias en torno a la falta de gestión, acosos laborales, pagos e irregularidades que ocurren en la entidad, con más frecuencia en la Secretaría de Integración Social y que terminan afectando a los más vulnerables de la ciudad.
Según la cabildante del partido Alianza Verde, la situación ya es insostenible. “Las denuncias vienen de todos lados, no es solo un sector o una población específica, es en todos los programas, y por ende, se afecta gravemente a los ciudadanos más vulnerables; en repetidas ocasiones he alertado lo que está pasando. Hablamos de falta de pago de bonos canjeables a ciudadanos, demoras en pagos a contratistas, acoso laboral, desabastecimiento técnico, cierre de comedores comunitarios, cierre de jardines y de alimentos en jardines y más”.
Dentro de las quejas que ha conocido la concejal se encuentran, por ejemplo, las que recaen en el programa de Habitante de Calle, en el que con visitas a los centros de atención y con evidencias de ciudadanos, se encontró que en la sede ubicada en la carrera 35, se aloja a población en esta condición especial, farmacodependiente y con otras problemáticas específicas, con población adulta mayor que tiene otros requerimientos. Según lo que se halló en Secop II, respondería a que el único contrato vigente para la atención de adulto mayor está suscrito con el n.° de proceso: 283680, por un valor de 1.190.000.000 pesos para atención de adulto mayor no logra dar la cobertura suficiente y por eso deben mezclarlos en los alojamientos.
Así también, denuncias sobre la Subdirección de Abastecimiento, sobre falta de recursos que impiden cubrir los bonos del mes de mayo de la entidad.
Por otra parte, y más preocupantes todavía, las denuncias que relacionan lo que está sucediendo en los jardines infantiles a cargo de Integración Social. “Son varios los servidores y contratistas que nos han buscado con quejas sobre el desabastecimiento en varios de ellos, mercados intermitentes, que no cumplen con los requerimientos nutricionales planteados para los niños beneficiarios, en donde incluso los profesores y auxiliares deben sacar de su bolsillo para comprar los productos faltantes, cuando hay oportunidad, porque cuando no se tienen, los niños solo comen arroz y granos”, señaló Bastidas.
“Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia de la Secretaría ante la falta de financiación para los bonos? ¿Qué paso con los recursos asignados para el 2022 de la subdirección de abastecimiento? ¿Dónde quedó la planeación de sus programas? ¿Por qué tantas fallas en los servicios? ¿Cómo la secretaría está manejando los casos de acoso laboral? Y más importante aún, ¿Hasta cuándo seguirá avanzado la crisis bajo los ojos expectantes de la Administración Distrital?”, agregó la concejal.