Entre junio y agosto, 15 habitantes de calle fueron asesinados

Las intervenciones en las ollas del Bronx, el Samber y Cinco Huecos fueron consideradas necesarias en su momento para contrarrestar los delitos que se presentaban en estos lugares, entre otros la venta de drogas ilegales. El propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, justificó el desalojo de habitantes de calle al señalar que no podía permitir repúblicas independientes del crimen.

Por meses, la Secretaría de Seguridad y la Policía planearon el operativo que, tras varios aplazamientos, finalmente se llevó a cabo el 28 mayo. A partir de ese momento se originó un desplazamiento de habitantes de calle que terminó en choques con la Policía y comerciantes.

Ahora se conoce un hecho grave que está documentado en el informe “After the Bronx” elaborado por dos organizaciones no gubernamental: Pares en Acción Reacción Contra la Exclusión Social, Parce y el Centro de Pensamiento para la Acción y la Transición. Con datos de Medicina Legal el documento muestra que entre junio y agosto han sido asesinados 15 habitantes de calle: 13 hombres y dos mujeres.

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Aunque el informe no señala responsables ni las causas de los homicidios, sí establece que 10 de los asesinatos fueron ocasionados por arma de fuego y cinco por arma cortopunzante.

El director ejecutivo de Parces, Alejandro Lanz, le dijo a Semana.com que tras la intervención el Estado no ha podido garantizarles “los derechos a estas personas (...) y se ha creado un discurso de odio y limpieza social”. La consecuencia es la violencia ejercida en contra de quienes viven en las calles y son consumidores de drogas.   

En un debate sobre el Bronx en el Concejo de Bogotá, el propio secretario de Seguridad, Daniel Mejía, reconoció que han aumentado los homicidios contra los habitantes de calle en los últimos tres años.

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En el 2013 hubo 19 asesinatos, 38 en 2014 y 56 en 2015. Además dijo que este año, entre junio y julio, luego de la intervención, no se presentaron muertes de personas de esta población en la zona centro de la ciudad.  

La ONG Parces también entregó en el estudio de 11 páginas fotos, testimonios y el relato de la labor de campo en el que constataron las agresiones contra esta población por parte de autoridades y vecinos luego de la intervención.

Señalan ataques de la Policía con balas de goma, balines, palos, piedras, y agresiones físicas y verbales. Además dejan abierta la posibilidad de que la inundación que se presentó el 18 de agosto en el caño de la calle sexta con carrera 30 haya sido causada tras la apertura de unas compuertas.

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“El equipo de Parces ha observado la forma como los grupos de habitantes de calle han sido desplazados por diferentes zonas de la ciudad sin otorgarles un espacio seguro, sano y digno”, se lee en el informe.

Todos estos datos y la información recolectada fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con el ánimo de que se otorguen medidas cautelares que protejan los derechos de estas personas.