Seguridad: la paradoja de la capital

El martes de la semana pasada, el presidente Iván Duque tenía programada una de las más importantes reuniones de su gobierno en los últimos meses. Viajaba al Cauca para reunirse con quienes lideraron el paro indígena que durante un mes bloqueó parte del país.

La cita tenía tal trascendencia que el mandatario no la canceló a pesar de que la noche anterior el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lo había alertado de un supuesto plan para atentar contra su vida durante la visita. No obstante, en la mañana, antes de partir, Duque optó por aplazar unas pocas horas la reunión para ir hasta la plaza España y anunciar una de las pocas buenas noticias que su gobierno ha tenido en las últimas semanas.

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“Les hemos dado un golpe a las estructuras del crimen organizado, que golpean a la ciudadanía de manera permanente. En 15 localidades se hizo este operativo: más de 260 capturas de criminales que estaban dedicados al hurto de celulares, al hurto de establecimientos, al hurto de computadoras, al hurto callejero, que estaban dedicados a la microextorsión; los hemos enfrentado y aquí están esos bandidos para que estén a disposición de la justicia, para que sean judicializados y tengan las penas ejemplarizantes que se requieren”, manifestó el presidente, acompañado del alcalde Enrique Peñalosa; del director de la Policía, general Óscar Atehortúa; y del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, quien lideró la operación.

                                       Foto: El secretario de Seguridad del Distrito, Jairo García, y el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla.

La presencia de Duque, previa al viaje al Cauca, era clave para el Gobierno. Se trató efectivamente de la desarticulación más grande en los últimos años de bandas dedicadas al hurto, el delito de mayor crecimiento en el territorio y el que más afecta a los ciudadanos.

Para el presidente presentar ese resultado era fundamental, ya que en Bogotá los números de seguridad son alentadores para los Gobiernos local y nacional, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del país. Al comparar el primer trimestre de 2019 con el mismo periodo del año pasado, la capital tuvo una reducción histórica del 20 por ciento en el número de homicidios. En el balance general, por tercer año consecutivo, la ciudad registró un descenso en este delito, obviamente más grave. Las cifras señalan 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja en 40 años.

“La reducción de los homicidios es uno de los principales objetivos de la administración de Peñalosa. La meta es lograr menos de 1.000 homicidios este año, y estos indicadores nos muestran que vamos por buen camino”, aseguró Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. Con excepción del hurto y la extorsión, todas las demás variables que afectan la seguridad también siguen a la baja (ver gráfica).

Irónicamente, todo esto ha sido posible a pesar de que Bogotá tiene el menor número de policías por habitantes de Colombia, y uno de los más bajos del continente. Hace dos semanas, el Gobierno nacional anunció la llegada de 1.500 nuevos uniformados para reforzar la seguridad. Pero la ciudad está lejos de superar el déficit de pie de fuerza.

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De acuerdo con los parámetros establecidos por las Naciones Unidas y algunos centros de análisis, una ciudad debería idealmente tener en promedio 320 policías por cada 100.000 habitantes con el fin de garantizar seguridad, buen servicio y una respuesta oportuna a la ciudadanía. En el caso de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), que debe velar por los intereses de 8 millones de personas, hay un promedio de 238 policías por cada 100.000 habitantes. Prácticamente, todas las capitales de departamentos del país tienen hasta más del doble de uniformados (ver gráfico).

La administración distrital de alguna manera ha compensado esa falta de hombres en las calles mediante grandes inversiones. El Distrito destina 250.000 millones de pesos cada año, en promedio, desde que comenzó este Gobierno, enfocados en adquirir equipos para combatir el crimen en la capital. Solo durante 2018 la inversión en el parque automotor para Policía y Ejército, clave para la movilidad y la oportuna acción de los uniformados, ascendió a 32.000 millones de pesos.

No menos importante resultó el notable incremento en la instalación de cámaras de seguridad en las 19 localidades. En el Gobierno anterior había solo 267 cámaras, de las cuales solo servían unas 100. En la actualidad, Bogotá cuenta con 3.300 de estos aparatos completamente funcionales en lugares claves. De hecho, han sido fundamentales para las investigaciones y captura de los responsables de múltiples delitos.

El panorama de Bogotá no es el ideal, pero las estadísticas evidencian que la capital está menos mal de lo que sus habitantes creen. Sin embargo, los ciudadanos no lo perciben de esa manera como refleja la más reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio.

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En la medición realizada entre el 10 de noviembre de 2018 y el 13 de enero de 2019, en todas las localidades y estratos de la capital, participaron 10.498 personas, la muestra más alta desde 1998, cuando se realizó esta investigación por primera vez.

Del total de encuestados, el 17 por ciento dijo haber sido víctima directa de un delito, y el 29 por ciento señaló que lo fue alguien en su hogar. El índice de victimización total para el segundo semestre de 2018 se ubicó en 46 por ciento, igual que el mismo periodo del año anterior.

La percepción de inseguridad en la ciudad aumentó un punto porcentual en el segundo semestre de 2018 comparado con el mismo periodo del año previo. En la última medición, el 61 por ciento manifestó sentir mayor inseguridad. Esta percepción creció sobre todo en el transporte público, con un 63 por ciento.

El 85 por ciento de los encuestados tienen una opinión desfavorable del sistema de justicia, un dato muy revelador. Esto se podría explicar, en gran medida, por uno de los principales factores que afectan la seguridad ciudadana: los delincuentes reincidentes.

“Las cifras reflejan un problema de fondo. Mientras que, por un lado, policías y fiscales hacen grandes esfuerzos por sacar de las calles a los delincuentes, por el otro lado, algunos jueces aplican la ley de tal modo que están devolviendo los bandidos a las calles”, dijo un funcionario de la Fiscalía de Bogotá.

Una prueba reciente de la dimensión de este problema se ve en los 268 capturados de la semana pasada. De ellos, 93 habían sido detenidos al menos en ocho oportunidades en dos años por robar a personas, residencias y comercios. Otros 10 tenían supuestamente casa por cárcel, pero cayeron en flagrancia en la operación del martes pasado.

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También aumenta y preocupa seriamente a la Alcaldía el problema del alarmante aumento de venezolanos involucrados en delitos. Solo en los tres primeros meses de este año, las autoridades detuvieron a 1.050 ciudadanos de ese país en flagrancia en Bogotá. Eso significa más de 300 por mes, la mayoría involucrados en hurtos a personas. “No es un tema del que se habla abiertamente para no despertar una oleada de xenofobia, pero es una realidad”, dijo un funcionario de la Alcaldía.

Por ahora, si bien aún falta un largo camino por recorrer en materia de seguridad, la principal ciudad del país no está viviendo el coletazo de violencia desbordada que se ha tomado otras regiones de Colombia.