Bojayá, bajo fuego cruzado

En Boca de Opogadó, las casas —pobres, hechas de tablones descoloridos, pequeñas y donde se hacinan seis y siete personas en una sola habitación— están clausuradas, cerradas con candado desde afuera y solo unos cuántos habitantes persisten en vivir en el caserío, que se levanta entre dos ríos: el verdoso Opogadó y el turbio Atrato. Ese cruce de afluentes que desembocan en el océano ha sido la maldición de una gente que por fin encontró tranquilidad después de los acuerdos de paz, pero que les duró muy poco.

La última semana de 2019, habitantes del corregimiento de Pogue alertaron sobre el desembarco de trescientos hombres armados en las playas del caserío, a quienes llamaron paramilitares. Las noticias llegaron hasta Bellavista, cabecera municipal de esa gran comunidad conocida como Bojayá, y los líderes del Comité por los Derechos Humanos 2 de Mayo alertaron a las autoridades departamentales. Eso terminó en amenazas contra Leyder Palacio, quien tuvo que huir del Atrato medio y refugiarse en Quibdó.

Pero estos hechos, dice un habitante de Boca de Opogadó, no son más que el desarrollo de una estrategia militar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Conocidas como el Clan del Golfo, en esta parte del Chocó las nombran como “los mismos paramilitares de siempre”. Incluso muchos los llaman el bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Desde enero de 2018, la Defensoría del Pueblo ha advertido que los habitantes del río Atrato y sus afluentes están en riesgo por los enfrentamientos entre las AGC y el ELN; sin embargo, las alertas tempranas no han tenido eco.

Faustino Rodríguez Mosquera, habitante de Boca de Opogadó, tiene 56 años y a las doce del día no ha podido salir a su lote para traer plátanos para el almuerzo. Dice: “Por aquí está esa gente, los paracos, y nos tienen muy atemorizados. Mire la hora que es y yo no puedo salir del caserío porque me da miedo caer en una mina”. Además de la violencia, el hombre reclama por el abandono: no tiene electricidad ni agua potable ni alcantarillado. “El problema es que aquí nadie nos ayuda, aquí nos morimos y ni se dan cuenta”.

La comunidad de Napipí recibe un helicóptero del Ejército como si se tratara de un ovni. Derecha, Bojayá tiene mas de 7.000 personas confinadas por miedo a las minas antipersonales.

En Boca de Opogadó las casas se levantan a más de un metro del suelo y todas se comunican por puentes improvisados que permiten caminar cuando el Atrato crece e inunda la selva. Rodríguez dispone sillas en zonas secas llenas de basura, plásticos que los pobladores fueron desperdigando por la tierra. “El caserío está acabado por la violencia; la gente, por miedo, se ha ido corriendo; ha huido y hemos quedado poquitos; es muy raro porque a los resistentes muchas veces nos va mejor. Ellos se fueron hace tres meses porque mataron un pelao que era de aquí. Se fueron unas veinticinco familias; se fueron para Turbo, Medellín, Vigía del Fuerte, Bellavista”. Hubo tiempos ya lejanos en los que la ribera del río estaba muy habitada, pero la violencia terminó por expulsar a las comunidades negras e indígenas, confinadas ahora en pueblos y ciudades como Medellín y Quibdó.

Faustino Rodríguez sabe que los grupos armados imponen el miedo con los asesinatos para que nadie se atreva a pasar por el río Opogadó, que tras algunas horas de navegación y un día de camino conecta con el Pacífico, muy cerca de Panamá. “Aquí conocimos la violencia el 20 de abril de 1980, cuando llegaron las Farc; no hubo problema hasta 1997 cuando llegaron los paracos. Desde entonces esta ha sido nuestra suerte: la del miedo”.

Entre el 23 y el 27 de noviembre hubo cuatro accidentes de minas antipersonales en el municipio, todos entre el río Cuía y el río Bojayá, por donde han subido las tropas del Clan del Golfo después de pasar por Boca de Opogadó, Napipí y Carrillo, caseríos más cercanos al Urabá antioqueño. Un funcionario de la alcaldía que no revela su nombre dice: “Fueron cuatro accidentados, dos militares y dos civiles, que sacó la Cruz Roja. Uno era venezolano, tengo información de que le amputaron el pie izquierdo. En una semana hubo cuatro accidentes de mina en el mismo río. Por eso la gente no sale, están totalmente incomunicados porque son comunidades sin señal de celular”.

Napipí es un caserío ubicado en una isla que se forma entre el río Atrato y el río Napipí. Como todos los otros poblados de las riberas, las mujeres lavan la ropa en tablones sirviéndose del agua oscura; ahí mismo pelan el pescado, justo mientras los niños nadan y otros pocos defecan y orinan en baños portátiles. Napipí tiene una base del Ejército y este jueves de enero un helicóptero aterriza para sacar a un soldado enfermo, mientras la comunidad recibe a la aeronave como si se tratara de la llegada de un ovni, un milagro.

En Napipí viven desde octubre del año pasado más de diez familias que abandonaron Carrillo después de los enfrentamientos entre las AGC y los elenos. Algunos testigos aún guardan casquillos de 40 milímetros que dispararon durante dos días. Romualdo Palacio Mosquera es el representante legal del consejo comunitario de Carrillo; tiene casi setenta años y habla sobre lo que ocurrió el 13 de octubre: “El caserío queda a tres o cuatro horas; depende de la panga. Ese día hubo un enfrentamiento de los grupos armados y nos mataron a un compañero, a un viejito, cayó en el cruce de balas. Nos desplazamos 23 familias. Aquí hay unos y otros están en Vigía del Fuerte. El caserío está solo, ya no vive nadie. Allá dejamos algunas cosas. Nos tocó correr. El Chocó ha sido muy atropellado por la violencia, sobre todo en este río, ahí en las cabeceras, y uno no puede decir nada porque cuando se sabe quién dijo, ya uno es perseguido”.

Después de las denuncias por la llegada de los paramilitares a Bojayá, el Ejército aumentó su presencia en el territorio.

Las comunidades se han enterado de que en los próximos días el presidente Iván Duque visitará la región y reconocen que la violencia solo trae eso: la mirada de los gobiernos, nada más logra atraer la atención. Hacen censos: comunidades de cincuenta, cuatrocientas y hasta novecientas personas que necesitan viviendas, acueductos, energía, agua potable, servicios que ya les han prometido y no llegan. Existen decenas de casas que se construyeron y las familias no pudieron habitar porque no son adecuadas para la región: intensifican el calor o no resisten los fuertes aguaceros que caen en la selva.

En su despacho, que parece a punto de caerse, Edilfredo Machado Valencia, alcalde de Bojayá, trata de escuchar después de que un coma diabético le quitara la audición. Es un hombre grande y fuerte, pero necesita ayudarse de bastón para caminar y de audífonos especiales para oír.

“El problema no se inició la semana pasada, aquí se anunció desde junio de 2019 que había presencia de grupos paramilitares y del ELN en la región; el Gobierno no le paró bolas a eso. A partir del cinco de noviembre por acá hubo enfrentamientos entre las AUC y el ELN, tenemos temor de que haya minas en el territorio. La comunidad no sale por esos dos motivos. Hay un confinamiento en la región de unas siete mil personas, tengo nueve comunidades afro y veintiún comunidades indígenas que no pueden hacer sus labores”, dice el alcalde.

Con cifras a la mano, denuncia que los habitantes del municipio tienen miedo de que se repita una masacre como la que ocurrió el dos de mayo de 2002 en el antiguo caserío de Bellavista, donde murieron entre 74 y 119 personas que se refugiaban en una iglesia. Pero el alcalde dice que no conoce muy bien los grupos que ahora se disputan el territorio, pero aclara que las amenazas a líderes sociales como Leyder Palacio se deben a que denuncian e impiden el avance de los armados por territorios ancestrales.

“Se habla de que a la zona entraron trescientos hombres. El comentario es que se pelean la salida al Pacífico. En Bojayá hubo el año pasado tres homicidios: hubo un señor en Carrillo y dos en el río Bojayá, tres civiles miembros de las comunidades, y eso nos preocupa mucho. Tenemos desplazamientos de comunidades enteras y de familias que poco a poco dejan sus territorios. La gente que persiste no puede cazar ni limpiar la finca porque pueden morir”.

Para los líderes de las comunidades de Bojayá, la presencia de tropas en Pogue confirma que las AGC están ganando su guerra con los elenos, pues la toma del Atrato empezó el año pasado desde Riosucio y ya controlan varios afluentes cercanos a la cabecera de Bojayá. Ya en octubre de 2018, la página web Pacifista publicó un reportaje sobre los enfrentamientos entre los grupos armados en el bajo Atrato, cosa del pasado desde que el Clan venció en la guerra.

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División, dice que entre las operaciones hechas el año pasado en la zona hicieron cincuenta y cuatro capturas en 2019, el doble de las hechas en 2018; también tuvieron dieciocho combates, frente a dos de hace dos años. “Atacamos rentas ilícitas de la minería ilegal, tuvimos diecinueve capturas por este hecho y la incautación de dos máquinas amarillas, tres dragas y quince motores; se incautaron veintisiete armas cortas, catorce armas largas y más de seis mil cartuchos de municiones. Pero también hicimos apoyo social a la caravana del bajo Atrato, jornadas de apoyo en Riosucio y Carmen del Darién”.

Sobre el desembarco de trescientos hombres en Pogue la última semana del año pasado, el general asegura que hace unos días estuvo en el lugar y habló con varios líderes de la comunidad. “Me dijeron que no habían visto ese número de hombres. La versión que me entregaron es que un grupo armado y vestido de civil se reabasteció en la comunidad; les informaron que iban a estar en el sector y que eran muchos”.

Este mausoleo, entregado a finales del año pasado, guarda los restos de las víctimas de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002. A la izquierda, la vida social de los caseríos de Bojayá se ha visto afectada por el avance de los gaitanistas por el Atrato bajo y medio.

Para la fuerza pública es imposible pensar en que hayan desembarcado trescientos hombres en un pequeño caserío donde no pueden atracar más de diez pangas. Dicen que para transportar ese número de hombres armados hay que tener cerca de 40 embarcaciones, una cifra excesiva para los militares que vigilan el Atrato. Muchos pobladores también creen que el número es exagerado para un desembarco, aunque sí creen que la cantidad de combatientes que tienen las AGC en la zona puede acercarse, pero esparcidos en varios pueblos y caminos. En efecto, la importancia de Bojayá es su conexión con el Pacífico, por donde sacan la cocaína del Nudo de Paramillo hacia Panamá, Centroamérica y Estados Unidos.

Sin embargo, las comunidades también tienen dudas sobre las relaciones entre algunos militares y las AGC, pues les parece extraño el avance acelerado en el territorio. Por eso, la Séptima División ha decidido realizar “pruebas de confianza y confiabilidad institucional” en las tropas que se encuentran en el norte del Chocó. “Nosotros hemos atendido a todas las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, hemos enfrentado al Clan del Golfo y al ELN, pero también creemos que la región necesita una respuesta institucional y social que estamos dispuestos a apoyar”, dice el general Ramírez.

Muchos habitantes de la cabecera municipal de Bojayá dudan que una masacre como la de 2002 vuelva a ocurrir en el territorio. Sin embargo, los habitantes de caseríos como Pogue, Boca de Opogadó, Carrillo o la isla de los Palacios, donde han vivido enfrentamientos en los últimos meses, temen a las arremetidas nocturnas. Les horroriza que en la noche las casas de madera se incendien y mueran todos. La historia ya les ha enseñado que el horror no está lejos del Chocó.