ORDEN PÚBLICO

El regreso del terror a Bojayá

Ante la impotencia del Estado, la guerra entre paramilitares y guerrilla tiene acorraladas a decenas de familias en el Chocó que llevan meses viviendo en un infierno. Un drama que no parece tener fin.

4 de enero de 2020
Bojayá es una de las poblaciones de Chocó que recientemente ha sufrido las consecuencias de la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, que cada vez es más intensa y extendida.

El pequeño corregimiento de Pogue, en el corazón del Chocó, salió de manera cruel del anonimato. El pasado 31 de diciembre, mientras la mayoría de los colombianos se preparaban para celebrar la llegada de un nuevo año, las 121 familias que habitan ese lugar vivieron momentos de terror por cuenta de una incursión armada de un numeroso grupo de las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos también como Clan del Golfo.

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La ONG Comunidad Interclesial de Justicia y Paz prendió las alarmas y por medio de comunicados y redes sociales alertó sobre la presencia de, según ellos, 300 hombres que amenazaron y confinaron a toda la comunidad.

Con el paso de las horas las noticias que llegaban de la zona eran más preocupantes. “El 31 de diciembre se vivió una incursión de las AGC en una población afro que se llama Pogue. En esa población, de casi 600 personas, el grupo las confinó, es decir impidió que pudieran movilizarse hacia otras comunidades y comunicarse por vías telefónicas. No se sabía cuál es la intención del grupo pero sí hay una alta zozobra derivada de que están en plena confrontación (entre el ELN y las AGC) y que podría presentarse un enfrentamiento con interposición a la población civil, situación similar a la que se presentó en Bellavista”, dijo a SEMANA el defensor del Pueblo de Chocó, Luis Murillo. “En el escenario actual de avanzada y disputa de grupos criminales hay una alta probabilidad de confinamiento a esa comunidad. Si no se han desplazado, es probable que terminen confinados. No saben si moverse por las trochas porque esto podría generar el encuentro con grupos criminales o con explosivos en el territorio, que es algo que se ha denunciado desde la Defensoría: el aumento de la instalación de explosivos”, dijo el funcionario.

Solo dos días después de la denuncia el Ejército hizo presencia en el lugar. Aunque los militares llegaron tarde, en realidad a los habitantes de esa región no los sorprendió la demora en la respuesta por parte del Estado. Situaciones como las del pasado 31 de diciembre ocurrieron en al menos 17 oportunidades durante el año 2019, sin mayor reacción por parte del Gobierno.

Muchas de ellas fueron denunciadas mediante alertas tempranas por la Defensoría. La última fue el 21 de octubre cuando se advirtió que 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, estaban confinadas debido a la inminente confrontación armada entre las AGC y el ELN. En ese entonces, la población contó que 16 líderes fueron amenazados y que, como estrategia de guerra, los grupos habían instalado minas antipersonal en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región.

La tragedia que viven estas y muchas otras comunidades del Chocó comenzó a sentirse desde 2016, poco después de la desmovilización de los frentes de las Farc que actuaban allí. El frente de guerra occidental del ELN designó dos compañías subversivas, integradas por 36 hombres, para copar los espacios dejados por las Farc y quedarse con las rentas ilegales producto del tráfico de droga y el comercio ilegal de oro. Al poco tiempo el Clan del Golfo comenzó una expansión desde Urabá y con dos grupos que suman 280 hombres empezó a descender por la costa y las selvas chocoanas. Los enfrentamientos con los elenos fueron inevitables y la población quedó en medio del fuego cruzado. El año pasado hubo tres grandes y prolongados combates que produjeron el desplazamiento de miles de personas.

En la zona pocos entienden cómo los hombres del Clan del Golfo y los elenos se mueven sin mayor problema por los ríos, ante la mirada pasiva de los militares. Lo cierto es que hay mucho miedo de que en cualquiera de las poblaciones bajo asedio se repita una tragedia como la de la iglesia Bellavista en Bojayá. El 2 de mayo de 2002 cerca de 100 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron dentro del templo en el que se refugiaban al quedar en medio de los combates entre guerrilla y paras. En ese entonces los pobladores afirmaron que Dios y el estado los habían abandonado. Hoy dicen lo mismo. 

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