La contradicción por los bombardeos aéreos

El pasado martes, el excanciller israelí Shlomo Ben Ami soltó literalmente una bomba en una entrevista con la W. Manifestó que el presidente Santos en la cumbre de asesores internacionales que había convocado en Cartagena habría dicho que como las FARC estaban cumpliendo su parte en la tregua unilateral, un primer paso en el desescalamiento del conflicto podría ser la suspensión de los bombardeos aéreos por parte del Ejército.

Esto produjo inmediatamente múltiples reacciones. Los enemigos del proceso de paz, particularmente miembros del Centro Democrático, salieron a decir que el gobierno estaba entrando en el juego del cese al fuego bilateral que querían las FARC, y que paralizar la ofensiva militar no solo era imprudente e inoportuno, sino inconstitucional. Según esa teoría, las Fuerzas Militares tienen la obligación de proteger a los ciudadanos en todo el territorio militar y un desescalamiento del conflicto en esa forma les impediría cumplir con esa obligación. También se dijo que, como en Colombia están uniformadas no solo las FARC, sino también el ELN y las Bacrim, era imposible saber a cuál se debía atacar y a cuál no si se aplicaba un criterio de esa naturaleza.

El expresidente Uribe por su parte envió una serie de trinos que pretendían demostrar que las FARC no estaban cumpliendo con su parte del acuerdo y que en el país seguía rampante la extorsión, el secuestro y el asesinato.

Ante esta situación, el gobierno salió a desautorizar las declaraciones del asesor israelí con el argumento de que se trataba simplemente de una interpretación personal. El  ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para recalcar este punto dijo “él es un gran asesor a nivel mundial pero no es ninguna autoridad en Colombia, tan simple como eso”. El presidente por su parte enfatizó que acabar con la “desconexión” entre el conflicto y la negociación no es una orden tácita para reducir con las operaciones militares.

Como el excanciller Ben Ami no debe ser una persona fantasiosa, sus declaraciones seguramente obedecieron a algo diferente de un invento personal. De igual forma, si Santos dice que las instrucciones a las Fuerzas Armadas no han cambiado, tiene que ser verdad pues un presidente no puede darles órdenes a los generales y decirles que son secretas y que por favor no cuenten. Pero en el fondo lo que ese confuso episodio reflejaba es que el proceso de paz ha llegado a un punto donde dos de las premisas con las cuales nació podrían ser reformadas: 1) Que no habrá un cese al fuego bilateral sino el día que se firme el acuerdo de paz. 2) Que debe haber “desconexión” entre la guerra en Colombia y la negociación de paz en La Habana.

Aunque es políticamente difícil transmitir ese mensaje dada la ferocidad de la oposición que genera, lo que es indudable es que hay una nueva realidad. Maximizar la ofensiva militar era una medida necesaria hasta que no hubiera una claridad sobre las intenciones de las FARC. Era necesario mantener esa presión permanentemente para evitar que se repitieran experiencias como la del Caguán, en donde el proceso de paz fue utilizado como un instrumento para el fortalecimiento de esa guerrilla. Sin embargo, después de la liberación del general Alzate y de la declaratoria de la tregua unilateral e indefinida por parte de la guerrilla, los negociadores del gobierno están convencidos de que las FARC están comprometidas a fondo con la terminación del conflicto. Además, creen que es prácticamente seguro que antes del final de este año se firmará un acuerdo. Cuando se sabe que una guerra va a terminar, ninguna de las dos partes quiere poner los últimos muertos. Por lo tanto, a pesar de los argumentos en contra, ya sea de estrategia militar o de viabilidad constitucional, el hecho es que la mayoría de los colombianos consideran lógica esta premisa.

Todavía no es oportuno declarar un cese al fuego bilateral, pero tampoco es automático que este solo se podrá decretar el día de la firma del acuerdo. Si el cese unilateral de las FARC se consolida y esa organización da muestras contundentes de dejar al lado la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores, el gobierno podría mostrar una reciprocidad. La política de la presión militar y la de la “desconexión” entre la guerra en Colombia y la Mesa en La Habana eran necesarias, pero ya cumplieron su propósito.  Ser flexible en buscar salvar vidas, ya sea de soldados o de guerrilleros, no es un signo de debilidad del gobierno sino de madurez del proceso.