REPORTAJE

Bonanza cocalera en tiempos de pandemia

Salud Hernández-Mora estuvo en Argelia, sur del Cauca, una región al mando del ELN y las disidencias de las Farc. El terror está al acecho.

13 de febrero de 2021
Salud Hernández-Mora
Los precios de la coca están disparados. Venden el kilo de base a 3,5 millones de pesos, cuando solía costar un millón menos. La muerte es otro precio a pagar por esa danza de millones. “El ELN tenía una camioneta que llamábamos ‘la última lágrima’ porque al que subían, lo mataban”, cuentan los pobladores. | Foto: Salud Hernández-Mora

En cuanto queda atrás el casco urbano, de clima frío y vocación cafetera, proliferan tanto los cultivos de coca que tapizan las laderas del imponente cañón del Micay como los laboratorios de pasta base de cocaína. Conté 18 al pie de la vía entre los 29 kilómetros que separan los corregimientos de El Mango y El Plateado. No los esconden ni tendrían por qué hacerlo.

La región está bajo el mando del ELN y las nuevas Farc-EP.Y aunque hubo más de un centenar de casos de covid-19, no hay signo alguno de la crisis económica que sufre el país por la pandemia. Buena parte del municipio de Argelia, en el sur del Cauca, disfruta una bonanza cocalera como hacía tiempo no conocían.

Los precios están disparados. Venden el kilo de base a 3,5 millones de pesos, cuando solían pagarles 2,5 millones. La arroba de hoja también subió, y ahora cuesta 70.000 pesos. A diferencia del pasado, que dilapidaban el dinero en prostitución y trago, aprovechan las ganancias. Por doquier se aprecia un boom de la construcción, mejoras en las viviendas, almacenes modernos bien surtidos, camionetas costosas. Y en El Plateado, donde las vías eran intransitables, la propia comunidad está costeando su pavimentación. En suma, las gentes del cañón, nativos y foráneos procedentes de otras partes de Colombia, están alcanzando un bienestar jamás soñado, gracias, en parte, a la pandemia.

“Los grupos prohibieron la entrada de prostitutas por los contagios, cerraron cantinas, no dejan vender tanto trago. A los hombres no les quedó de otra que gastar la plata en mejorar las casas. En eso ganamos las mujeres”, apunta la dueña de un cultivo, que saca 300 arrobas de hoja de coca por cosecha. “Yo hice casa nueva”, agrega el dueño de un laboratorio. Señala que a todos les va bien. “Esta semana compré 2.000 arrobas a un señor”, indica, y saca una calculadora de bolsillo. “A 65.000 pesos la arroba, a él le quedan, si la mitad se le fuera en gastos, 65 millones de pesos. Yo no entiendo esta bonanza cuando hay mucha más producción que nunca”.

Bonanza cocalera en tiempos de pandemia
Salud Hernández-Mora | Foto: Salud Hernández-Mora

A pesar de disfrutar de una economía desahogada, la mayoría de las personas con las que hablo transpiran miedo. El alcalde y el secretario de Gobierno fueron amenazados este fin de semana por los disidentes del frente Carlos Patiño de las Farc-EP. Unos días antes, los 11 concejales abandonaron Argelia y se refugiaron en Popayán. “Si no me mata una bala, me va a matar un infarto, vivimos con mucho miedo”, señala una mujer de El Plateado. Nadie quiere dar la cara ahora que la región está inmersa en un clima de máxima tensión por el sanguinario enfrentamiento de farianos y elenos, que causó 80 homicidios el año pasado y deja a los civiles en medio de ese cruce de balas.

Los nativos relatan que ambos grupos están en todas partes; las fronteras que los separan no las tienen bien demarcadas, aunque ejercen mayor dominio en determinadas áreas. Tanto es así que muchos cancelan vacuna a los dos. “Antes todo estaba claro, uno sabía a qué atenerse, quién era quién, y conocía a los comandantes. Ya no”, indica un nativo. De ahí que más de uno clame por un acuerdo entre Farc-EP y ELN que ponga fin a la incertidumbre y las matanzas. “Necesitamos que hagan la paz, que se pongan de acuerdo, como sucedía antes de la desmovilización. Las Farc antiguas y el ELN no peleaban; cada uno respetaba la zona del otro”, explica una comerciante. “No iban matando como ahora. Investigaban al que detenían y si había hecho algo, lo entregaban a la Junta de Acción Comunal (JAC) y preguntaban si lo dejaban, lo mataban o lo desterraban”. Para circular por el cañón, exigen un carnet que proporcionan las JAC y aprueban las guerrillas. Sin lazos familiares o recomendación expresa de un lugareño, aventurarse supone jugarse la vida. “A los forasteros los ven sospechosos y los pueden matar. Mejor no venir sin permiso”, precisa una señora.

| Foto: Archivo Semana

A finales de 2020, el ELN echó a casi todos los venezolanos, y solo quedan unos pocos. Y el 30 de diciembre forzaron a rodear a militares tras un operativo para que soltaran a cinco guerrilleros que habían capturado. También desplazaron a decenas de familias para enfrentar sin obstáculos al Carlos Patiño. “El ELN tenía una camioneta que llamábamos ‘la última lágrima’, porque al que subían, lo mataban. Los Patiño se la quitaron y ahora la usan ellos”, afirma un habitante de Sinaí. Aunque el Gobierno Duque anunció, a bombo y platillo, que ingresarán 2.000 soldados para recuperar el cañón del Micay, enseguida quedaron notificados de que la tarea será titánica. El miércoles 4 de febrero, el ejército atacó al Carlos Patiño y dio de baja a un guerrillero. Al verse acorralados, un grupo de farianos corrió a El Plateado, a 15 minutos del escenario del combate, para obligar a los vecinos a sacar a los soldados. En cuestión de minutos, cientos de civiles rodearon a los uniformados y les conminaron a deponer los fusiles. Tragándose la rabia, a los militares no les quedó más remedio que obedecer a la turba; no podían usar las armas.

A bordo de varios vehículos, entremezclados con campesinos, arribaron a Argelia por la noche. “Dicen que nos acompañaron por seguridad nuestra, pero lo hicieron para asegurarse de que no nos devolvíamos a la mitad del camino”, me dice un militar. “Es humillante y triste salir así”, comenta otro. Disculpaban a la población, conscientes de que les presiona la guerrilla y, en caso de no cumplir sus órdenes, los multan con 7 millones de pesos y quedan advertidos de que pueden matarlos. Y la mañana siguiente, jueves 5, la guerrilla botó tres cadáveres en la vía, acribillados a balazos, muy cerca del corregimiento El Plateado. “Nos vemos en la obligación de ajusticiar estas personas por infiltrados del ELN. Frente Carlos Patiño. Vamos a venser y venseremos (SIC)”, rezaba el cartel que dejaron junto a los cuerpos.

Ese mismo día, el citado grupo ilegal reunía a los vecinos en El Plateado para anunciarles que debían unirse a miles de labriegos, que ya viajaban desde otros lugares del cañón, para marchar el viernes, todos juntos, hacia la cabecera municipal. Una vez en Argelia, exigirían al Gobierno nacional la creación de mesas de concertación para abordar cuestiones sociales y políticas. Pero el viernes, tras una hora de ruta, los detuvo un retén del ELN en la vereda Puerto Rico y los obligó a retroceder. El frente Carlos Patiño encajó el revés y aseguró que volverán a impulsar otra marcha. Ante el sombrío panorama, el Gobierno, además de recuperar el cañón de Micay con un fuerte operativo militar, planea erradicar los cultivos, sobre todo los industriales que hay entre El Plateado y el Pacífico, a 90 kilómetros de distancia, donde también abundan los cristalizaderos. “Yo les diría que no pierdan el tiempo. No vamos a permitir la erradicación, y si vienen avionetas, los Patiño las bajan a bala”, apostilla un vecino de Sinaí.

La población perdió la fe en los proyectos alternativos, que nunca llegaron, aunque 11.400 familias suscribieron la erradicación voluntaria. Es indudable que no existe producto agrícola tan rentable, máxime cuando “la coca da cosecha cada dos meses y hay quienes sacan 10.000 y 20.000 arrobas, y raspachines que ganan 200.000 y 300.000 pesos”, añade un cocalero. “Que nos dejen la coca, no nos la quiten. Con ella compramos casa, damos estudio a los hijos, hay negocios, se puede vivir”, sugiere una campesina. Recalcan, entre las muchas promesas fallidas, que Juan Manuel Santos se comprometió a asfaltar los 23 kilómetros de Balboa a Argelia, para acortar la conexión con la Panamericana, y solo entregó 2,8 kilómetros. El Gobierno actual completó otros 1,2 y ha adicionado fondos para seguir las obras. Además, dará la pequeñez de 500 millones de apoyo a caficultores locales.

En El Mango, por su parte, con plata de la Gobernación, construyen un colegio de tamaño descomunal, que puede convertirse en un elefante blanco. Pero reiteran la queja de la falta de internet y computadores para las clases virtuales, y del recorte al municipio de 500 millones en educación y otros 1.000 en regalías. Un líder local subraya que ante una realidad tan compleja, con tres generaciones dedicadas a sembrar la mata, solo Bogotá tiene el poder necesario para modificar el rumbo del cañón. “Esto no lo transforman con unos cuantos millones para proyectos. El problema es mucho más grande, se salió de las manos”. Y otro concluye: “Lo evidente es que esta situación no se arregla solo con la bota militar”.

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