Brazaletes del Inpec | Uspec sigue sin realizar la licitación para garantizar la vigilancia de 5.500 condenados

Siguen los problemas para la vigilancia con brazaletes electrónicos de 5.500 condenados que se encuentran con beneficio de casa por cárcel. Durante los últimos dos años, la Uspec ha contratado el servicio de manera directa acudiendo a la figura de la urgencia manifiesta, pese a que se trata de un mecanismo excepcional.

A pesar de las observaciones hechas por la Procuraduría, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- sigue sin avanzar en el proceso licitatorio para contratar los servicios de vigilancia electrónica para los privados de la libertad. La Procuraduría ha encendido las alarmas para evitar que la Uspec acuda, nuevamente, a la contratación directa.

La Procuraduría presentó una serie de observaciones relacionadas con aspectos jurídicos y técnicos, tanto en los pliegos como en los estudios, que buscan garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva y le pidió a la Uspec que dirija todos sus esfuerzos y capacidad de gestión para que el proceso de selección culmine exitosamente, adjudicándolo al proponente que ofrezca las mejores condiciones y garantías para la prestación del servicio.

La empresa que viene prestando el servicio de vigilancia electrónica es la misma que rige desde octubre de 2021, amparada en la declaratoria continua de cinco urgencias manifiestas.

“Dicha situación preocupa al órgano de control, no solo por el abultado presupuesto que se destina y que asciende a $ 113.116.982.400 sino porque esta acción podría ir en contravía de los principios de la función administrativa”, dice la Procuraduría.

Alerta de la Contraloría

La Contraloría General de la República se ha opuesto en varias oportunidades a que la Uspec siga celebrando estos contratos de manera directa y bajo argumentos como el de no contar con tiempo y recursos presupuestales suficientes para estructurar un proceso de licitación pública.

“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, dice una resolución de la Contraloría de enero de este año, en la que se oponen a la última urgencia manifiesta declarada por la Uspec.

Para la Contraloría, estos contratos de la Uspec “se han perpetuado en el tiempo, a pesar de que esta figura está instituida para ser utilizada en eventos excepcionalísimos, ante los cuales la situación sea tal, que se deba renunciar al agotamiento de los procesos de selección públicos como la licitación, la selección abreviada o el concurso de méritos”.

Fuentes de la Contraloría le dijeron a SEMANA que reiteradamente la Uspec ha dejado vencer los contratos para acudir, en último momento, a la figura de urgencia manifiesta, valiéndose del hecho grave que significaría la suspensión del monitoreo de la población carcelaria.

La Contraloría señala en la resolución que aún conociendo la fecha de terminación de los contratos, la Uspec no hizo nada para adelantar previamente un proceso licitatorio.

“Los antecedentes de la declaratoria de urgencia manifiesta plasmados en la Resolución No. 000588 del 1 de noviembre de 2022, dejan entre ver el sosiego de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC, al no materializar una actuación contractual, en la que prime la planeación que permita la estructuración del proceso de selección para contratar el servicio, pues como lo decanta el acto administrativo, el contrato de vigilancia fenecía en el mes de octubre de 2022, situación que evidentemente era conocida por la Uspec; no obstante, sólo ante el inminente riesgo adoptó una determinación de carácter contractual, de cara a evitar la suspensión del servicio”, dice el documento.