Brote de paludismo enciende alarmas en Chocó. Los enfermos no han recibido tratamientos ni atención médica

La Defensoría del Pueblo alertó por el brote de paludismo que está afectando a la comunidad indígena La Lerma, ubicada en el municipio del Medio San Juan (Chocó). Hasta la mañana de este martes, los enfermos no han recibido medicamentos ni atención médica por cuenta del paro armado que impuso el ELN.

Cerca de 600 personas tienen síntomas de la infección. Los efectos comunes son escalofrío, dolor de cabeza y fiebre; puede ser más compleja cuando llega la fatiga, dificultad profunda para respirar y convulsiones. Incluso, si no hay tratamiento, puede ser mortal para los menores de edad y mujeres embarazadas.

En la zona solo se han practicado 200 testeos, donde 160 de ellos resultaron positivos. La queja de la Defensoría es que los pacientes no han recibido tratamientos: “Preocupa que los diagnosticados no tuvieron acceso a medicamentos ni a servicios médicos por cuenta del paro armado que duró ocho días”.

La petición del Ministerio Público es que el Gobierno nacional implemente medidas para atender a la población vulnerable, quien estuvo acorralada por las amenazas de la guerrilla del ELN. Aunque ya no hay intimidaciones para salir de las casas, persiste el miedo y el confinamiento en esa zona del departamento.

“Es apremiante un trabajo conjunto de la institucionalidad, a fin de que sean realizadas jornadas de salud en La Lerma”, agregó la dependencia, inquieta por los efectos de la violencia en Chocó, escenario que ha privado el desplazamiento de los médicos y enfermeros sobre los ríos y carreteras.

A este problema se suma el desabastecimiento en la subregión del San Juan. En los municipios que estuvieron encarrados por orden de ELN falta el combustible, alimentos y enseres de la canasta familiar. Las afectaciones se reportan en Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan.

“Como ha sucedido en el pasado, luego de que los paros armados llegan a su fin, las comunidades sienten temor de movilizarse por ríos y carreteras. Se ven en la obligación, para salvaguardar su vida e integridad, de seguir confinadas, es decir, su ejercicio del derecho a la libre movilidad se ve interrumpido”, agregó la Defensoría.

Las personas, en su mayoría afros e indígenas, tienen pavor de caer en los campos minados que los actores ilegales sembraron para afectar a su enemigo. Allí se libra una guerra a muerte entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -Clan del Golfo- y el ELN, quienes batallan por el control territorial.

“La Defensoría del Pueblo insta a los dos grupos a no seguir causándoles afectaciones directas e indirectas a la población que habita en la subregión del San Juan, los exhorta a cesar todas las acciones contra los civiles, quienes no aguantan más la permanente vulneración de sus derechos humanos”, concluyó la entidad.