Bucaramanga estaría bajo amenaza de los grupos armados ilegales, advierte la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió este viernes una alerta temprana por la acción de grupos armados ilegales en Bucaramanga y su Área Metropolitana.

De acuerdo con el jefe de ese despacho, Carlos Camargo, en esa zona se ha venido incrementando la presencia de estas organizaciones que ponen en riesgo a los habitantes de esa región del país, por lo que se deben adoptar las medidas para prevenir esas acciones.

“Los grupos armados ilegales y los grupos delincuenciales ligados al negocio del narcotráfico y economías ilegales están amenazando la tranquilidad de los ciudadanos de Bucaramanga y su Área Metropolitana, al utilizar esta región para el lavado de activos y el tránsito, albergue u ocultamiento de sus integrantes”, aseguró

Al dar a conocer la Alerta Temprana 028 de 2021 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, el funcionario explicó que en estos municipios hay ‘una economía de guerra’, debido fundamentalmente a la distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína.

“En estos municipios se están desarrollando actividades del narcotráfico que tienen que ver con el acopio, transporte y distribución de cocaína hacia otros mercados internos municipales y rurales”, señaló.

Camargo agregó que “esto ha conllevado a que los grupos criminales busquen controlar el tráfico de estupefacientes desde zonas de retorno y reubicación, y sectores con altos índices de vulnerabilidad social”.

Entre los hechos recientes que han detectado los analistas de la Defensoría del Pueblo se destacan: homicidios; instrumentalización de niños, niñas y adolescentes; violencia letal contra población socialmente estigmatizada; violencias basadas en género contra mujeres, y amenazas contra los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sindicales.

Además de estos grupos de personas, también están en riesgo niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle, así como venezolanos con estatus migratorio irregular, consumidores de alucinógenos, personas con antecedentes judiciales, con orientación sexual e identidad de género diversas, y ciudadanos que habitan proyectos de integración social, zonas de retorno y reubicación.

Rechazo a quema de casas sagradas del pueblo Kankuamo en Valledupar

De otra parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se desplazaron hasta el corregimiento de La Mina, en el norte del municipio de Valledupar, para acompañar a la comunidad indígena del pueblo Kankuamo, luego de que, en la madrugada del pasado domingo, dos de sus casas sagradas, conocidas como Kankuruas, fueran incineradas por desconocidos.

La entidad indicó que no es la primera vez que se atenta contra estos espacios espirituales, patrimonio cultural del pueblo Kankuamo, pues en noviembre de 2020 fueron incendiadas las Kankuruas de la comunidad de Pontón, y en octubre de 2018 lo fue la de Atanquez.

“Las casas ceremoniales son el espacio para los ejercicios tradicionales, la reflexión, la trasmisión del pensamiento indígena y cultural del pueblo Kankuamo. Lo sucedido es una clara e inadmisible vulneración a sus derechos territoriales y a su identidad cultural”, señaló la entidad.

“La Defensoría del Pueblo rechaza estos hechos y reitera el llamado a las instituciones del Estado colombiano para que adelanten las investigaciones pertinentes y se garantice a esta comunidad su derecho a la seguridad y a la integridad cultural”, señaló en un comunicado.

También hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que se implementen de manera efectiva las recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana de inminencia 026 de 2021, en la cual se advertía sobre acciones intimidatorias dirigidas en contra de autoridades y dignatarios del pueblo Kankuamo.

Sobre este caso también se refirió la Comisión de la verdad que señaló que “atentar contra estos sitios sagrados transgrede la integridad física y cultural en lo individual y colectivo de estos pueblos y de la Sierra Nevada en su conjunto, generando desequilibrio espiritual y territorial”.

“Los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa han referido a la Comisión de la Verdad, a través de informes y encuentros públicos, que persisten las violencias en contra de las autoridades espirituales y sus sitios sagrados; un factor que vulnera la autonomía, la autodeterminación, las formas de gobierno propio y la pervivencia física y cultural como pueblos”, indicó.

Agregó que “el pueblo indígena Kankuamo ha vivido una sistemática vulneración de los derechos individuales y colectivos, con estigmatizaciones y persecuciones por los actores armados, dejando como resultado más de 400 indígenas Kankuamos asesinados, como lo documenta el informe Tejiendo caminos para volver al origen entregado a la Comisión de la Verdad”.

De acuerdo con el organismo, el pueblo indígena Wiwa ha sufrido igualmente la estigmatización y el atentado contra sus autoridades políticas y líderes espirituales, como lo han señalado en un informe que presentaron ante el Sistema Integral para la Paz en el cual denuncian masacres, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos que vivieron y siguen viviendo.

“Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo están en peligro de exterminio físico y cultural, como lo reconoció la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009, debido a la sistemática vulneración de derechos humanos. Ambos pueblos han contado y cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señaló.

“La Comisión de la Verdad rechaza estos actos que violentan la espiritualidad y cultura de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, reconoce la existencia de violencias históricas contra los pueblos indígenas y reitera su llamado a la convivencia entre todos y todas en el marco del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de este país, para poder construir una paz estable y duradera entre todos los colombianos y colombianas, pero también con el territorio que ha sido víctima de esta violencia estructural, puntualizó.