Buen Comienzo: la manzana de la discordia en Medellín

Hierve en Medellín una polémica con todos los elementos para crear una crisis: atención infantil, dineros públicos y argumentos encontrados entre el gobernante de turno y los que ya pasaron. Se trata del programa Buen Comienzo, que atiende a la primera infancia, tan exitoso y premiado que inspiró la iniciativa De cero a Siempre, del Gobierno nacional. Creado en 2004, en la alcaldía de Sergio Fajardo, y consolidado con los megajardines infantiles de la administración de Alonso Salazar, Buen Comienzo se convirtió en un estandarte de atención que empieza en la gestación y va hasta los 5 años, y que desde siempre fue operado por fundaciones como Carla Cristina, Fundación Atención a la Niñez (FAN) y Fundación Autónoma Universitaria de las Américas. Parecía que las cosas iban por buen camino, pero se fracturó hace un mes.

Todo empezó cuando la Alcaldía de Medellín les pidió a los operadores que para contratar debían estar en el Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia del ICBF, requisito imposible de cumplir, pues dicha convocatoria no está abierta, por lo que se abría la posibilidad de nuevos contratantes que ya estaban en la base de datos, lo que no terminó de gustar en la capital paisa. Eso sacaba de taco a los contratistas de siempre, que ya tenían toda una infraestructura montada y la experiencia de años. Así las cosas, hubo una oleada de protestas y una denuncia por parte del mismo alcalde Daniel Quintero en contra de la Fundación Carla Cristina por falsificación de documento público. Hoy se sabe que la falsificación existió y que se quiso pasar un documento de 2019 como expedido en 2021. Según Miriam Mesa López, directora de la fundación, la noche en que se conoció la denuncia se la pasaron escarbando en lo más profundo de los trámites para tratar de detectar qué había pasado. Dice que la empleada encargada de los trámites reveló, después de varias negativas y de asegurar que no sabía qué había sucedido, que ella había falsificado el documento porque creyó que no iban a poder tramitarlo, pues trabajaban contra el tiempo. Sin embargo, se pudo certificar –asegura Mesa López– que todo estaba en orden para obtener el documento original y que dicha falsificación parecía hecha a la medida para ocasionar un daño interno.

Ahora hay una demanda penal en contra de la exempleada, y también un aire enrarecido entre la alcaldía y la fundación, como de conspiración. No es de extrañar: la denuncia apuntó al corazón de una alianza política y empresarial que ha gobernado a Medellín desde 2003: los progresistas –entre fajardistas y uribistas reposados– y el Grupo Empresarial Antioqueño. Justo el presidente de la junta directiva de la Fundación Carla Cristina es Ricardo Sierra, gerente de Celsia, filial de Argos. Hoy Medellín vive lo que pasa en casi todas las ciudades del país cuando llega un nuevo alcalde: una ruptura de procesos. En el caso de la capital antioqueña se está removiendo el piso de proyectos que se mantuvieron por casi dos décadas, y en los que empresas y organizaciones participaron con éxito en un gana-gana que parecía inquebrantable.

Pero la andanada de la Alcaldía contra los prestadores del servicio no quedó ahí. Daniel Quintero ha dicho en varias ocasiones que en la alimentación ofrecida se encontraron –en años pasados– bacterias que pusieron en riesgo la salud de los niños, incluso trazas de materia fecal. Hasta ahora no se conocían pruebas de dichas acusaciones; sin embargo, SEMANA tuvo acceso a algunas de las resoluciones en las que se notificó el hallazgo de bacterias. Una de ellas es en contra de Carla Cristina, y fechada del 27 de febrero de 2019 –durante la alcaldía de Federico Gutiérrez–. Allí consta que se localizaron coliformes fecales y Bacillus cereus, que “dan cuenta de la afectación a la calidad e inocuidad de los alimentos brindados a los niños y niñas del programa Buen Comienzo, toda vez que los coliformes fecales son microorganismos patógenos que pueden llegar a afectar la salud, en lo más mínimo pueden llevar a presentarse diarrea, vómito o fiebre. Esto puede llevar a deshidratación, y si es un niño con un estado nutricional alterado, puede llegar a una afectación más grave (...)”.

Los casos se repiten en distintos informes, y no solo sucede con la Fundación Carla Cristina –que además aparece en una terminación de contrato por el cobro de un arriendo en un bien inmueble cedido en comodato por parte de la Alcaldía–. También hubo incumplimientos de este tipo por instituciones como la Asociación Unidos por la Infancia (Asuinfancia), Corporación Educativa Nueva Gente (Coringe) o la Fundación Educativa Bucarelly. De acuerdo con la Alcaldía, desde 2015 han detectado 44 resoluciones por este tipo de casos en contra de operadores del programa Buen Comienzo. El proceso de interventoría para esta clase de contrato consiste en una evaluación al azar de los alimentos, y también de las manos de quienes los sirven y los preparan. Fue en ese procedimiento en el que se detectaron las bacterias, muchas de ellas entre 2018 y 2019. En su momento, la Fundación Carla Cristina se defendió asegurando que estaban corrigiendo y que solo se trató de cuatro hallazgos de 64 rastreos microbiológicos que se hicieron durante todo el contrato.

Al final, los descubrimientos terminaron en multas que iban entre el 0,5 y el 2 por ciento del valor de los contratos. A la actual Alcaldía dicho castigo le parece irrisorio; aseguran que se debió haber hecho una reseña ante la Cámara de Comercio para que el sistema público conozca estos incumplimientos y, al acumularse, las instituciones quedaran vetadas para futuros contratos. Perciben que todo fue engavetado y que solo se buscó una retribución económica muy baja. Desde la Fundación Carla Cristina, por ejemplo, afirman que se trató de un proceso poco estricto, pues en los informes no constan porcentajes de contaminación ni si la cantidad encontrada era “normal” en ciertos contextos, además de que no se veían en el acumulado de la atención. Y es que los hallazgos estuvieron en chocolates, quesos y frutas, alimentos que suelen provenir de terceros.

La polémica no para. Las fundaciones han revelado que el año pasado la atención a los niños se contrató al filo de la fecha límite, pues la Alcaldía no había surtido los trámites necesarios y tuvieron que cuadrar todo en cuestión de un fin de semana. Además, han dicho que el ambiente estaba enrarecido con la administración desde diciembre, pues no tenían plan de trabajo ni convocatoria de contratación. Ahora se rumora que detrás de la prestación estaría la fundación Colombia Avanza, la cual se ve filtrada por políticos tradicionales del municipio de Bello. Por otro lado, ya se hacen comparaciones. En 2020, un coordinador pedagógico de Buen Comienzo atendía 200 niños, este año asisten 360; un docente tenía a cargo 20, hoy son 36; un nutricionista, 300, y ahora son 720. Las cifras, denuncian desde veedurías ciudadanas, crecen en detrimento de la atención, sin contar con que los precios de contratación siguen siendo los mismos. ¿Dónde se queda el dinero?