Nadie le pone el pecho a la crítica situación de Buenaventura

Un paro camionero que no da tregua; la cancelación del proyecto que pretendía una segunda línea de distribución de energía y la parálisis de las obras de construcción de una nueva terminal portuaria para Buenaventura, son los reveses que acaba de sufrir esa ciudad, en menos de una semana.

La situación es tan compleja para el puerto más importante que tiene Colombia sobre el mar Pacífico y por donde se mueve la mitad de las exportaciones del país, que hasta el vicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció al respecto.

“Me parece una alcaldada que se haya sellado”, dijo en declaraciones a la W Radio, cuando se le preguntó por la medida que tomó el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, de frenar las obras de construcción del nuevo terminal portuario, conocido como Aguadulce.

Este miércoles se armó un revuelo político y gremial cuando se supo que la alcaldía de Buenaventura ordenó el sellamiento de las obras de construcción de dicho puerto porque, según ese municipio, se violaron normas legales relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Como se recordará, el POT es la carta de navegación urbana que le permite a todo municipio aplicar un desarrollo planificado, de acuerdo a la vocación y uso del suelo. En el caso específico de Buenaventura su POT fue creado desde 2001 y en él se estableció que el terreno donde hoy se construye el puerto de Agua Dulce sería de expansión para proyectos portuarios.

Por esa razón desde hace nueve años un grupo de inversionistas asiáticos (PSA International de Singapur e ICTSI, International Container Services de Filipinas) vienen ejecutando las obras de construcción que cuestan 500 millones de dólares. Los trabajos están avanzados y se espera que el proyecto sea inaugurado en menos de dos meses.

Con Aguadulce operando, la bahía de Buenaventura pasaría a tener tres terminales marítimos para el manejo de la carga que entra y sale por ese puerto (Sociedad Portuaria, TCbuen y Aguadulce).

Agua amarga

Pero las cosas para el puerto de Aguadulce terminaron enredándose con la reciente decisión municipal, pese a que la anterior administración del ex alcalde Bartolo Valencia (hoy preso e investigado por presunta corrupción) le concedió la respectiva licencia urbanística a dicho proyecto que ya contaba con permisos ambientales y las consultas previas con las comunidades.

No obstante, el alcalde actual Eliécer Arboleda y su equipo de asesores jurídicos argumentan que esos permisos tienen vicios de ilegalidad, “porque para darles la licencia ellos debieron presentar un Plan Parcial que debía ser estudiado y aprobado por el Concejo”, explicó Luis Fernando Ramos, secretario de Gobierno de Buenaventura.

Sumado a ello, el funcionario se queja que con esa supuesta ilegalidad los dueños del proyecto Aguadulce quedaron exentos de pagar el 90 por ciento del valor del impuesto predial que en realidad les corresponde, “eso quiere decir que en estos dos años el municipio ha dejado de percibir cerca de 3.200 millones de pesos solo por ese tributo que estaría a cargo de ellos”, explicó.

Así las cosas y en medio de dos conceptos jurídicos opuestos, el megaproyecto de Agua Dulce quedó comprometido y paralizado.

Todo eso ocurrió pese al rechazo de líderes gremiales y políticos que ven en esa decisión un peligroso precedente que podría frenar el desarrollo del país y espantar cualquier posibilidad de inversión extranjera, tal como lo expresó el propio vicepresidente Vargas Lleras, “lo preocupante es el mensaje que se le manda a la comunidad internacional”.

Represamiento por paro

Y para echarle más sal a la herida, el gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Víctor Julio González, reveló este miércoles las cifras del impacto que tiene hasta ahora el paro camionero, que ya completa cuatro semanas.

Según el gerente, por cuenta de la protesta camionera la terminal marítima opera tan solo a un 60 por ciento de su capacidad y el represamiento de mercancía se torna crítico, ya que hay unas 100.000 toneladas de granos que no se han podido evacuar, especialmente insumos del sector avícola y porcícola.

A ello se suma que por motivo de las obras de la doble calzada Buenaventura-Buga, desde hace varios meses se viene aplicando un cierre parcial diario por cerca de diez horas, para facilitar algunos trabajos

Sin plan B energético

Y la otra mala noticia para Buenaventura provino de la Empresa de Energía del Pacífico SA, EPSA, cuyas directivas acaban de anunciar que no ejecutarán las obras de instalación de una segunda red para la conducción de energía hacia esa ciudad portuaria.

La importancia de ese proyecto energético radica en que Buenaventura no cuenta con una red de apoyo que le sirva de emergencia para afrontar daños y atentados sobre la infraestructura principal. Por esa razón el puerto es tan vulnerable a los apagones, en especial aquellos causados por voladuras de torres que ejecuta la guerrilla.

Frente a ese eterno problema EPSA tenía previsto trazar una segunda red de conducción de 58 kilómetros que iría desde la subestación Calima hasta la Bahía; pero ese proyecto se abortó porque los costos se duplicaron al pasar de 36.000 millones de pesos a 70.000, en menos de cuatro años.

Julián Cadavid, vicepresidente de Distribución y Transmisión de EPSA, explicó que una de las razones de ese sobrecosto, es que en ese periodo los terrenos de servidumbre por donde pasaría la red, se levantaron mil casas, “ello obliga a un nuevo trazado y la compra de nuevos predios”.

Sin embargo, el ingeniero Cadavid explicó que el proyecto seguirá adelante, pero se desarrollará mediante una licitación pública que liderará el ministerio de Minas y Energía.

Quizás todos esos incidentes sean pasajeros y antes de terminar la semana los bonaverenses vean la luz al final del túnel. Pero lo que está claro por ahora es que el puerto más importante de Colombia sobre el mar Pacífico, atraviesa por una mala racha.