Buenaventura: otra vez en el foco

Buenaventura, uno de los principales puertos marítimos de Colombia, ha sido duramente afectado por la violencia producto del cóctel entre las bandas criminales y el narcotráfico. Hace pocas semanas, el país se volcó sobre la ciudad después de que se conocieran denuncias sobre la existencia de las denominadas ‘casas de pique’ (sitios donde las personas son torturadas y desmembradas) y por las estadísticas de 58 homicidios durante este año y la aparición de 10 personas descuartizadas. Otras cifras hablan de 122 asesinatos.
 
Las autoridades nacionales viajaron hasta esa ciudad para identificar los principales problemas que aquejan a la región y que a la postre se vuelven el combustible para la existencia de bandas criminales ligadas a narcotraficantes que encuentran en ella un verdadero caldo de cultivo para sus actividades.
 
Cerca de 140 capturas, según registra la Defensoría del Pueblo, logró la Policía en este tiempo. Así mismo llegaron a esa ciudad un piquete de uniformados para reforzar la seguridad. Mientras el foco de los medios se centró allí, las bandas frenaron la batalla por mantener el poderío por lo que no se volvieron a presentar homicidios y torturas.
 
Pero la paz no duró. Este domingo aparecieron dos muertos, uno de ellos por descuartizamiento. Se trata de Carlos Andrés Angarita Jiménez de 16 años, quien fue hallado en el barrio Viento Libre, perteneciente a la Comuna cuatro. Lo que más llama la atención es que fue precisamente esa comuna, entre otras,  la que fue intervenida militarmente por el Gobierno.
 
¿Por qué siguen ocurriendo estos hechos en una zona que está prácticamente tomada por la fuerza pública? Semana.com habló con el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien indicó que la labor de la fuerza pública ha sido muy efectiva en el puerto, sin embargó todavía falta mayor despliegue.
 
“Nosotros hemos pedido a Fiscalía fortalecer el grupo de investigadores, para lograr más capturas y judicializar a los delincuentes. Tengo que reconocer que la fuerza pública ha realizado 136 capturas, sin embargo, todavía falta”, dijo Otálora.
 
Igualmente manifestó que el problema en el puerto, va más allá de la violencia provocada por el micrográfico, el boleteo y la extorsión. Según él, “El grave problema es el tema de la inversión social, cuando no existen las alternativas para la salud y los índices de desempleo superan al 60 %, se produce una gran crisis social”, manifestó el defensor.
 
De todas maneras Otálora le dio un espaldarazo a la intervención del Gobierno que activó un plan de choque para los habitantes del puerto con cerca de 200 mil millones de pesos que permitirán que exista mayor inversión social para los pobladores.
 
El periodista de esa ciudad Cristian Abadía, quien por años ha estudiado el fenómeno de violencia en el puerto en el Pacífico, señaló que a pesar de la militarización de cuatro comunas en el puerto, todavía falta seguridad en las ocho restantes. “El origen del enfrentamiento entre las dos bandas ‘Los Urabeños’ y ‘La empresa’ son las que desencadenan este tipo de asesinatos macabros. Algunas de esas bandas están mezcladas con el narcotráfico”, indicó.
 
El obispo de Buenaventura, Héctor Epalza Quintero, un hombre reconocido por no tener pelos en la lengua, recordó en una entrevista a SEMANA que, en enero del 2013, fue el primero en denunciar en Bogotá sobre el tema de las ‘casas de pique’ (sitios donde las personas son torturadas y desmembradas) en el puerto.
 
El prelado fue enfático en señalar que las autoridades fueron negligentes y que “tal vez creyeron que la denuncia era pura imaginación mía”. Epalza habló de los narcotraficantes y las bandas criminales y dijo que “Buenaventura concentra la maldad de toda Colombia”.
 
El Obispo, no da tregua a los señalamientos y asegura Buenaventura no se arregla solo con intervención militar y que así se lo dijo a un grupo de viceministros. “Es claro que con una Justicia que cojea o que a veces ni llega, el resultado es toda esta impunidad”.
 
Semana.com quiso conocer la opinión del comandante de la policía local, lo mismo que del alcalde, pero no respondieron a las llamadas.