Buenaventura, ¿revivieron las tenebrosas casas de pique?

La violencia en Buenaventura es una espiral que cada vez se aleja más del centro pacífico alcanzado hace un par de décadas. La degradación social por cuenta de unos pocos que siembran terror ha llegado a niveles insostenibles, a tal punto que el fantasma de las mal llamadas casas de pique atormenta nuevamente a la comunidad por el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el basurero principal. A eso se suman confinamientos, desplazamientos, asesinatos, combates urbanos y amenazas de muerte a la primera autoridad de la Iglesia católica en esa ciudad.

Para realizar un panorama de lo que ocurre allí –que, además, es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y mueve alrededor del 60 por ciento de las exportaciones del país–, hay que segmentar los males para exponerlos a fondo.

El fantasma de las casas de pique

Durante 2010 y 2016, Buenaventura vivió uno de los peores flagelos de la historia reciente del Valle del Cauca e, incluso, de Colombia: la guerra emergente de estructuras dedicadas exclusivamente al narcotráfico, enfrascadas en una disputa a sangre y fuego por el territorio, y en el medio quedó la comunidad. Uno de los factores de esa lucha era el asesinato atroz de personas, a quienes secuestraban, las llevaban a casas cerca a la bajamar, las desmembraban y luego tiraban los restos a las fuentes acuíferas cercanas.

Sin duda, un episodio lamentable, que ha empezado a rondar en los más profundos miedos de los bonaverenses tras el hallazgo de retazos de un cuerpo en el basurero principal. Los restos estaban divididos en al menos cuatro bolsas negras. La víctima es una mujer de apenas 22 años, se llamaba Lina Liceth Rivas Caicedo y se desconoce por qué la mataron.

Las alarmas se volvieron a encender, pues “aquí matan por cualquier circunstancia, no es necesario tener enemigos, solo basta con estar vivo y salir de su casa”, dice un líder bonaverense, quien, por obvias razones, pidió ocultar su identidad.

Los asesinatos

Y es que lo planteado por el líder comunitario no es una exageración. Tan solo en enero de 2022 asesinaron a 11 personas y hay reportes de cinco más desaparecidas. Eso dicen las cifras oficiales, pero, según denuncias de varias organizaciones sociales, en Buenaventura hay un subregistro de asesinatos y desaparecidos, que no son reportados ni denunciados ante las autoridades por el miedo a retaliaciones de los grupos armados.

SEMANA conoció el caso de una familia que debió huir del barrio Juan XXIII, luego de que pistoleros asesinaron a uno de sus miembros. “Nos mandaron a decir que nuestro pariente no merecía ni ser enterrado, que teníamos tres horas para abandonar la ciudad (...) Nos tocó dejar el cadáver en la morgue”, cuentan.

A la gente de Buenaventura, en muchos casos, no se les permite llorar a sus muertos. El control de las estructuras delincuenciales es de tal magnitud que su palabra es ley, sus deseos son órdenes y, dependiendo del sector en el que vivan, la comunidad le debe lealtad al jefe de turno.

La atomización de la delincuencia

Buenaventura tiene dos frentes de inseguridad y violencia: la zona urbana y la parte rural. En la primera hay una sectorización –una especie de división criminal de las estructuras armadas– de los reductos de la banda la Local, que maneja el flujo del narcotráfico sobre ese punto del Pacífico, así como el cobro de extorsiones a cualquier tipo de comercio. A comienzos de 2020, este grupo se desmanteló y se convirtió en un monstruo de mil cabezas.

Cada uno de esos reductos de la Local está apoyado por una estructura criminal diferente: en el juego entraron el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. No en vano, el desplazamiento aumentó 125 por ciento en comparación con el año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).