La maldición de Buriticá

El lunes 23 de abril, cuando miles de mineros llegaron a Buriticá para meterse a uno de los 111 túneles y socavones para acceder a la reserva de oro más grande de América, se encontraron en la entrada del pueblo a más de 1.000 policías y 300 militares que les bloqueaban el ingreso. Muchos se lamentaron porque ya no verían más esa arcilla luminosa cargada de oro y otros huyeron con la cédula bien escondida.

Difícilmente se había visto un operativo tan grande contra la minería ilegal en Colombia. Y como era de esperarse cayó mal entre los miles de mineros informales y todas las personas que se lucraban de un negocio que podía extraer al día entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Solo en Pinguro, en la vía al mar, donde la carretera se parte para dar paso a Buriticá, los comerciantes se lamentan porque el comercio se vino a pique. Un hombre que llegó desde Giraldo, hace cuatro años, dice que antes vendía 200 almuerzos, hoy no pasa de 20.

La fiebre del oro empezó en 2009 cuando se esparció el rumor de que Buriticá está asentado sobre el yacimiento de oro más grande del continente. La licencia ambiental para explorar y explotar le fue otorgada a la empresa canadiense Continental Gold, que en 2012 contrató como vicepresidente a Eduardo Otoya Rojas, quien sería conocido como el Doctor.

Este empresario, de 46 años, venía de ser presidente liquidador de la Frontino Gold Mines, que opera en Segovia una de las minas más grandes de Antioquia. Según las autoridades, Otoya Rojas conoció al minero Luis Adolfo Cortés Pérez, alias Piedra, a quien se le vincula de supuestos nexos con el Clan Úsuga. Incluso se le relaciona con el cobro de vacunas.

Cuando Otoya llegó a Continental tuvo acceso a los estudios geológicos que estaba haciendo la empresa, que mostraban que en esa sola montaña había 10 millones de onzas de oro de reserva. Las autoridades aseguran que sustrajo la información y la compartió con los Úsuga, hoy Urabeños, para montar una explotación ilegal. De ese modo, Piedra, junto a otros mineros de Segovia expertos en minería ilegal, llegaron a Buriticá. Como gran parte de la zona era propiedad de Continental, usaron una de las ocho minas informales para hacer sofisticados túneles y socavones para llegar al yacimiento.  

Dicen las autoridades que Otoya demoraba desde la empresa los procesos para obtener las licencias ambientales o no era tan diligente para presionar el cierre de las minas ilegales, pues sabía que cada día de minería ilegal representaba millonarios ingresos para él y sus asociados. Aunque hay versiones encontradas y acusaciones mutuas entre la empresa y Otoya, lo cierto es que, frente a los rumores, Continental lo despidió en 2014.

A partir de ese momento, y con una información más precisa sobre dónde estaba la veta sur, se habría reforzado esa empresa criminal. Diseñaron y construyeron la mina El Hebrón que producía el 80 por ciento de la minería ilegal del municipio y se convirtió en la segunda de mayor producción de todo el país. Para operar sin problemas, reclutaron al entonces alcalde de Buriticá, Carlos Mario Varela, o al secretario de Gobierno, Diego Guzmán. Con la compra o complicidad de los agentes de Policía de la zona —quienes incluso pagaban hasta 20 millones de pesos por ser transferidos a ese municipio—, crearon una empresa criminal que marchaba perfectamente.

Para no levantar sospechas, legalizaban todos los suministros que compraban y el oro que sacaban, con las minas Progreso Número Cinco y San Román, con las que se conectaban bajo tierra para sacar el metal precioso. En una llamada telefónica entre Guzmán y Piedra se puede constatar cómo el primero autorizaba el paso de material para la explotación: “Yo ahorita le timbro para que lleve el permiso adonde la Policía, ¿facturas a nombre de San Román?”, le dice el exsecretario de Gobierno, a lo que responde Piedra: “Sí, parcerito”. Lo cierto es que Progreso Número Cinco ya no está entre las minas subcontratadas por la Continental, pero San Román sí. Hasta los explosivos que usaban eran en su mayoría de Indumil.

La fiebre del oro se regó y a la zona llegaron miles de personas, quienes con autorización y control de los Urabeños hicieron sus túneles. Se estima que el año pasado extrajeron de forma ilegal entre 100.000 y 120.000 onzas de oro, que podrían valer fácilmente 100 millones de dólares.

Según los cálculos de las autoridades, El Hebrón en ocasiones le dejó a Otoya, mayor accionista de la mina, hasta 200 millones de pesos diarios. Para no levantar sospechas, más si se sabe que familiares suyos ocupan importantes cargos en el Estado o el sector privado, manejaba todos los asuntos vía celular desde el centro comercial El Tesoro, ubicado en el barrio El Poblado, de Medellín.

Además de la riqueza que obtenía en El Hebrón, que produce más que la segunda mina legal más grande del país, los Úsuga cobraban el 10 por ciento de todos los socavones de Buriticá. Adicionalmente, a todos los entables les pedían 10.000 pesos mensuales por tambor para procesar  el oro, y cada uno podía tener más de 100 tambores. Esta mina se convirtió en la principal fuente de financiación de la banda criminal.

El boom minero trajo consecuencias difíciles para Buriticá, que hasta hace diez años era un municipio cafetero de no más de 6.000 habitantes. Sin embargo, el caos empezó con el descubrimiento de la veta sur donde, dicen los mineros, literalmente se desprende una arcilla dorada. Más de 5.000 personas llegaron directo de otros municipios como Segovia, Remedios y Zaragoza, y en estos 18 días de operativos se han encontrado hasta profesionales de Medellín que de tanto buscar empleo decidieron meterse al socavón a probar suerte.  

Así, ese municipio del occidente de Antioquia se volvió intransitable. Más de 5.000 motos atestaron las calles estrechas del pueblo, aumentaron los accidentes en los que resultaban atropellados niños en las aceras y las cantinas atestadas de prostitutas que cobraban hasta 2 millones de pesos la noche. Los arriendos se elevaron: una casa de solo dos habitaciones y un baño podía valer hasta 3 millones de pesos; los productos de la canasta familiar se hicieron inalcanzables, incluso más caros que en Medellín.

Con la llegada del coronel Wilson Snehider Pardo a la comandancia de la Policía Antioquia se puso en marcha un plan en el que hombres de inteligencia se infiltraron como mineros en El Hebrón y La Equidad, quienes se encontraron con datos como que las operaciones eran las 24 horas, en tres turnos de 250 hombres cada uno y que el pago era semanal con tres bultos de piedra, de los que podían salir, mínimo 2 millones de pesos y hasta 20 millones de pesos.

Después de varios meses de inteligencia y un trabajo conjunto del Estado, la Policía decidió entrar sigilosamente al pueblo y tomarse todas las minas. Al tiempo, detuvieron a varias personas, entre ellas Otoya, Piedra y varios exfuncionarios del municipio.

A Otoya le imputaron tres delitos ambientales y concierto para delinquir agravado, pero la juez de garantías le dio medida de aseguramiento en su domicilio porque la Fiscalía solo logró justificar el supuesto delito para delinquir, pero simple. El abogado Marlon Fernando Díaz, quien lleva la defensa de Otoya, dice que él no pertenece ni tiene ninguna relación con los Úsuga, los Urabeños o cualquier organización criminal, y dijo que él, como experto en minería, tenía un contrato para ayudar a la mina La Equidad para formalizarse. “El no es jefe de ninguna organización, ni sustrajo información de la compañía, ni fue despedido ni se enriqueció de forma ilegal, y así lo vamos de demostrar en el juicio”.

Hasta ahora, los resultados son contundentes: cerraron 43 minas y sellaron definitivamente El Hebrón con explosiones, piedras y cemento, el jueves pasado. Han incautado maquinaria avaluada en 66.000 millones de pesos y más de 2.600 personas, entre ellas 300 prostitutas, salieron del municipio. Todo lo que esté ligado con la minería ilegal y la empresa criminal será objeto de extinción de dominio.  

Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, pues la gente ha agredido a los uniformados y funcionarios que participan de las operaciones, e incluso han detonado cargas explosivas en los socavones. Y esta semana circularon amenazas de muerte para quienes sigan haciendo parte de estas acciones.

Es claro que esta organización criminal usaba a personas humildes y que con el cierre de las minas se han visto afectadas, y que el Estado tiene que entrar a ayudarlos para encontrar alternativas. Pero no se puede permitir que estas industrias criminales se escuden en ellos para expoliar el patrimonio de los colombianos, destruir el medioambiente o afectar el trabajo legal de las empresas mineras en el país. Lo cierto es que la batalla contra la minería ilegal empezó con determinación en Buriticá, pero no se sabe si ganará la guerra.