Buscan mecanismo para reparar a las víctimas de la masacre de El Nilo ocurrida en 1991

El 16 de diciembre de 1991 ocurrió en jurisdicción del municipio de Caloto, Cauca, la masacre de El Nilo, en la que fueron asesinados 21 indígenas de la etnia nasa.

Tras la firma del acuerdo de paz se estableció que las víctimas del conflicto serían beneficiarias de indemnización por parte del Estado, por eso se estudian mecanismos para que esta comunidad reciba los recursos correspondientes.

Durante una reunión entre representantes del Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y mandatarios locales de Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, se presentó una propuesta que busca la reparación integral para las víctimas de la masacre de El Nilo.

La iniciativa tiene como objetivo principal la exoneración de los saldos pendientes de los predios objeto de transferencia y formalización que registran cartera morosa en las secretarías de Hacienda de los municipios de estas regiones.

“Desde la Unidad, en nuestra labor de articulación y coordinación, estaremos buscando con las entidades territoriales poder trabajar de la mano para la exoneración de impuestos de estos predios”, señaló la subdirectora de Coordinación Nación Territorio, Carolina Cortés.

Agregó que esto “como medida de satisfacción de estas comunidades, que también son sujeto de reparación colectiva, buscando apropiar las propuestas expresadas por los alcaldes y demás entidades del SNARIV para dar cumplimiento a estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Esta iniciativa va encaminada al cumplimiento del informe No. 36/00, del caso 11.101, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca la formalización de predios como una medida de reparación con estas comunidades.

Para la consejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, Milady Dicué Morales, “el hecho que de la Unidad esté interviniendo en este proceso es fundamental para nosotros porque nos da unas garantías adicionales de poder avanzar en la materialización de esta medida”.

De lograrse el saneamiento de los pasivos y la posterior formalización y transferencia de los predios, las entidades territoriales empezarían a percibir el pago de los impuestos por parte de los nuevos propietarios y les generarían a sus municipios un puntaje adicional en la certificación territorial que realiza la UARIV sobre el cumplimiento de la política pública de víctimas (PPV).

Entre tanto, el alcalde de Jambaló, James Eduardo Medina, “la propuesta es muy buena, ya que se puede materializar en la medida en que las diversas instituciones como el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda, el DNP y los órganos de control puedan garantizarnos a nosotros el blindaje en la toma de estas decisiones”.

Explicó que se lograría una solución “para que no existan inconvenientes administrativos posteriores, no solo a la entidad territorial que me compete, sino en todas las entidades territoriales que se ven involucradas en este proceso de diálogo que estamos llevando”.

Compromiso de 22 municipios de Nariño con las víctimas

De otra parte, la Unidad para las Víctimas entregó una certificación a 22 municipios del departamento de Nariño que durante el año 2021 se destacaron por su contribución al goce efectivo de los derechos de las víctimas.

Entre los alcaldes que recibieron este reconocimiento se destacaron los de Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas, Consacá, Contadero, Funes, Gualmatán, La Cruz, La Llanada, Leiva, Linares, Policarpa, Providencia, Ricaurte, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Sapuyes, Taminango y Yacuanquer.

El alcalde de Arboleda, Álvaro Martínez, agradeció a la entidad por el reconocimiento a un trabajo realizado desde los diferentes ámbitos en pro de las víctimas.

“No soy amigo de los puntajes, pero soy amigo del compromiso por las personas más vulnerables. Si bien nos estábamos recuperando de la pandemia, desde la administración municipal pusimos todo nuestro empeño para gestionar y buscar aliados en pro de las víctimas”, señaló el funcionario.

Por su parte, el director Territorial, William Pinzón Fernández, señaló que se debe reconocer el esfuerzo territorial de los municipios que han obtenido el más alto grado de contribución y que apuntan a la superación de la situación de vulnerabilidad, de manera efectiva, de las víctimas que hacen parte de su jurisdicción.

Además, reiteró que los resultados son un producto del trabajo planeado, coordinado, concertado e implementado con seriedad y compromiso frente a las obligaciones territoriales.

“Más allá del resultado obtenido en términos de cifras, es de reconocer que hay una historia de vida cambiada y un aporte a la construcción de paz”, señaló.

La certificación territorial es un mecanismo de seguimiento y evaluación a cargo de la Unidad para las Víctimas, cuyo objetivo es medir la contribución de los departamentos, distritos y municipios al goce efectivo de los derechos de las víctimas a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral.

De acuerdo con la entidad, este espacio contó con el apoyo de entidades cooperantes como Alianza por la Solidaridad y Heartland Alliance en la capacitación a los enlaces de atención en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Fases de Atención Humanitaria, además de la logística del evento.