A sangre fría: el terrible caso de los geólogos en Antioquia

Eran las dos de la mañana del miércoles 19 de septiembre cuando los asesinos llegaron hasta una vivienda en el corregimiento Ochalí del municipio de Yarumal, Antioquia. Sin mediar palabra desenfundaron sus armas y las descargaron contra quienes se encontraban durmiendo en el lugar. El cobarde ataque causó la muerte de los geólogos Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez, que hacían exploraciones para la multinacional canadiense Continental Gold. En el atentado también quedaron heridos cuatro trabajadores de la empresa y otro, hasta el cierre de esta edición, se encontraba desaparecido.

Le recomendamos:  El plan para refundar las Farc

La masacre ocupó los titulares y causó gran conmoción nacional. No era para menos. Murieron varios civiles desarmados, ajenos a cualquier tipo de conflicto, que descansaban en un campamento para trabajos de investigación relacionados con minería. Las autoridades sindicaron del hecho a Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, un disidente de las Farc que comanda un numeroso grupo de hombres del antiguo frente 36.

El 23 de junio integrantes del frente 36 quemaron este helicóptero en el Valle de Toledo. El 5 de septiembre asesinaron en el municipio de Buriticá al ingeniero Óscar Alarcón, que trabajaba para una multinacional minera.

La masacre de los geólogos detonó la tensión que vive ese corregimiento debido a las disputas entre los grupos armados que quieren sembrar y mover coca desde el norte de Antioquia hasta el Bajo Cauca, lo que ha llevado a las disidencias de las Farc a disputar la zona a sangre y fuego. Incluso, en la región aseguran que la resucitada guerrilla ha amedrentado al Clan del Golfo y a otras bandas criminales del Valle de Aburrá que se habían esparcido por la manigua para sacar cocaína.

Desde junio, en la subregión norte de Antioquia donde se desarrollan varios megaproyectos hidroeléctricos y mineros, empezó a circular un panfleto firmado por el frente 36 que le ordenaba a varias compañías suspender labores porque no habían pagado la cuota extorsiva. El texto directamente ordenaba a los trabajadores de EPM, Celsia, Constructora CC, Hidroturbinas, Provías, Mincivil y Construmec, cesar sus labores so pena de declararlos objetivo militar.

Puede ver: Dónde están, cuántos son y qué tan peligrosos son los disidentes

De las amenazas pasaron a los hechos. El 23 de junio integrantes del frente 36 quemaron en el Valle de Toledo un helicóptero usado para transportar material hasta Hidroituango. Hombres encapuchados entraron en la noche al hangar, incendiaron la aeronave y salieron corriendo por el monte, a solo 500 metros del casco urbano. Los actos violentos se repitieron el 12 de julio cuando esos delincuentes hostigaron un bus de trabajadores de la obra hidroeléctrica, y aunque en el vehículo quedaron rastros de proyectiles, nadie salió herido. Y las cosas llegaron a un primer clímax el 5 de septiembre, cuando asesinaron en el municipio de Buriticá al ingeniero Óscar Alarcón, que trabajaba para Continental.

En esta vivienda en el corregimiento Ochalí, del municipio de Yarumal, Antioquia,dormían los geólogos cuando llegaron los asesinos.

Diversos informes de inteligencia coinciden en que el renacido frente 36 tiene unos 80 hombres, una cifra conservadora, pues algunos líderes de la zona consideran que pueden ser unos 400– todos comandados por alias Cabuyo, quien hizo parte de todo el proceso de paz y entregó armas en la zona veredal La Plancha, en el municipio de Anorí, nordeste antioqueño. Pese a esas intenciones de paz, a finales del año pasado nadie lo volvió a ver en la zona. Posteriormente su nombre reapareció porque el gobernador Luis Pérez lo señaló de sacar cocaína e intimidar a la población con amenazas. Hoy Cabuyo, después de ordenar el asesinato de los geólogos, tiene encima una recompensa de 100 millones de pesos por quien entregue información que lleve a su captura.

Este exguerrillero es la más reciente expresión del nuevo dolor de cabeza que representan las disidencias guerrilleras para el país. El mismo día de la masacre el diario The New York Times publicó un artículo sobre este flagelo titulado ‘El regreso a las armas de los exguerrilleros de las Farc’, en el que cita a la organización Insight Crime, que estima que unos 2.800 hombres integran las filas de las estructuras disidentes. Eso representaría el 40 por ciento de los integrantes que tuvo la guerrilla cuando entregó las armas.

Al gobernador de Antioquia Luis Pérez le preocupa sobre todo el crecimiento de estas estructuras en el departamento, pues su administración estima que solo en el norte de Antioquia ya hay 285 personas en armas, un número mayor al que tenían las Farc antes de desmovilizarse. “Esta gente está instalando nuevamente minas antipersonal a diestra y siniestra. Tenemos información que cada disidente lleva un fusil y una mina. Solo en la vereda El Torrente, de Ituango, este año tenemos siete civiles y dos militares afectados por esos explosivos. Estas disidencias están en un proceso acelerado de crecimiento, de armarse, de delinquir y crecer mediante la violencia”, dijo el gobernador.

Y es que además de las confrontaciones con las bandas que ocupan el territorio, que habían tomado los negocios ilícitos de las Farc, Cabuyo buscó alianzas con los llamados Caparrapos, banda criminal que opera en Caucasia, Tarazá y Cáceres, de donde han expulsado al Clan del Golfo. Las disidencias han extendido su accionar gracias a que han reclutado aceleradamente desmovilizados concentrados en las zonas veredales de Dabeiba, Mutatá y Anorí. Ellos justifican su regreso a las filas subversivas en el fracaso de los planes de reintegración y, en algunos casos, en las amenazas de otras estructuras delictivas.

Parte de este entramado criminal gira alrededor de la coca. El gobernador Pérez calcula, según los reportes que le entregan cada semana, que de cuatro hectáreas de coca que se erradican manualmente, siembran otras tres. Los hombres de Cabuyo acosan a los campesinos de la zona que se han negado a continuar con los cultivos de coca y les exigen contribuir “con la nueva revolución”.

Las vacunas indiscriminadas de Cabuyo se extienden a todas las empresas de la región. Ante la presión, algunas han optado por pagar. Otras no han cedido a las pretensiones criminales, como Continental, y lamentablemente han sufrido las consecuencias más fuertes como el asesinato de sus empleados.

Es claro que Cabuyo y sus hombres solo conforman un grupo de criminales armados sin ningún tipo de ideología. Con la masacre de los geólogos, el personaje intentó enviar un mensaje de presión y supuesta fuerza. Y resulta lamentable que, a pesar de las señales de advertencia, tuviera que ocurrir este horrible asesinato para poner la lupa en esa región.

El caso es similar al de alias Guacho en el sur del país. Por meses, ese disidente armó un ejército que traficó y delinquió prácticamente en total impunidad hasta que asesinó a los tres integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Desde entonces lo buscan miles de soldados en las selvas de Nariño. Con la masacre de la semana pasada Cabuyo es un nuevo Guacho para el gobierno.