Cada media hora un colombiano se ve obligado a desplazarse por el conflicto

Cada media hora un colombiano se vio obligado a abandonar forzosamente su hogar este año. Ese fue el principal hallazgo que reportó el Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz, en su cuarto informe. Tras analizar los hechos victimizantes reportados en lo corrido del año –con corte al 7 de marzo– las cifras indican que 3.119 personas se han desplazado. Según el estudio, 1.311 familias han huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas e integridad física.

Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño son los departamentos con más casos reportados. De acuerdo con el informe quincenal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz, los daños son desproporcionados cuando se analizan los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ante este escenario, la UIA lanzó nuevamente una alerta porque, entre la población más afectada, se encuentran precisamente los titulares de derechos y garantías ante la Jurisdicción Especial para la Paz, como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios.

La persistencia del crimen de desplazamiento forzado amenaza la participación efectiva de varios colectivos que son intervinientes dentro del Caso 03 (investiga las “muertes Ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”, también conocido como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos), que priorizó la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); así mismo, el Caso 04, que investiga los crímenes cometidos en Urabá. El 04 refiere a “la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, desde el 1.° de enero de 1986 y con anterioridad al 1.° de diciembre de 2016″, según la JEP.

De acuerdo con los registros de los últimos cuatro años, en el mismo periodo observado, la UIA concluyó que este crimen es el que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016. El desplazamiento masivo de civiles se ha triplicado con respecto al mismo periodo en 2020. Para los investigadores, el Clan del Golfo y el ELN serían los principales perpetradores de estos hechos victimizantes que han causado esta grave crisis humanitaria. A la fecha, 21.494 personas y 1.599 familias permanecen en situación de confinamiento.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, los patrones de desplazamiento masivo y de confinamiento hoy dependen más de la ubicación de los ‘corredores estratégicos’ que de las jurisdicciones administrativas. Es decir, advierte la UIA, tienen sus propias lógicas territoriales. “A pesar de los procesos de paz y de los esfuerzos de las entidades estatales, las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades, continúa y muestra señales de empeorar en los próximos meses”, advierte el Sistema de Monitoreo en su informe.

Hay tres factores de persistencia: primero, la disputa bélica del ELN y el Clan del Golfo por controlar corredores estratégicos. Este fenómeno de violencia ocurre en tramos de carreteras, pasos fronterizos y redes fluviales donde ambos chocan por el control territorial. Segundo, el Clan del Golfo responde a la presión de la fuerza pública dispersado sus estructuras en otras regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo, además del control que han recuperado en viejas retaguardias de grupos paramilitares.

El tercer factor son las alianzas criminales que apuntan a consolidar mandos coordinados o compartidos como: el Comando Coordinado de Occidente, Comando Frontera Sur y el Bloque Jorge Briceño en el Cauca, Bajo Putumayo y los Llanos del Yarí, respectivamente. El desplazamiento masivo ha aumentado por el establecimiento de corredores estratégicos que permiten la movilidad de las organizaciones ilegales y el tránsito de drogas, armas y mercancías en diferentes subregiones del país. Se conectan por carreteras, serranías, ríos y fronteras, de acuerdo con el organismo.