“Cada vez que muere un excombatiente se silencia la verdad”: director de Investigación y Acusación de la JEP

En horas de la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia pública organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tenía por objetivo verificar el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes en todo el territorio nacional.

En medio de la misma, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, presentó el informe “Silenciando la verdad: un diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a excombatientes de las FARC-EP en Colombia”, el cual fue realizado por el Equipo de Identificación de y Advertencia Oportuna de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación. De acuerdo con Álvarez Santoyo, este refleja la gravedad de la situación de seguridad que viven los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.

“Hemos querido titular el informe Silenciando la Verdad, porque cada vez que muere un excombatiente de la Farc o una persona que participó del conflicto se silencia la verdad para uno o varios grupos de víctimas, cada vez que desaparece un excombatiente víctimas terminan afectadas porque se dificulta entonces la construcción de la verdad”, enfatizó el director de la Unidad.

“Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de noviembre de este año, se ha podido establecer que han muerto en total 249 excombatientes, es decir, está muriendo un excombatiente de las Farc cada 5 días, lo cual es una cifra por supuesto alarmante”, enfatizó Álvarez Santoyo, quien a su vez señaló que, según datos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, los excombatientes de las FARC-EP residen en 565 municipios, de los cuales en 98 han ocurrido los asesinatos, lo que significa que en el 17 por ciento de los casos se han registrado víctimas mortales.

“Así las cosas, si nosotros hiciéramos una proyección o una previsión de muertes de excombatientes de las Farc hasta diciembre de 2024, teniendo en cuenta que la situación continúe como se viene desarrollando sin que esta desmejore o se haga más grave, habrían perdido la vida 1.600 excombatientes, lo que sería un mensaje grave para la comunidad nacional e internacional y por supuesto una situación de extrema gravedad para el desarrollo del proceso de paz”, agregó.

Por otro lado, explicó que el informe expone tres hipótesis que buscan explicar el fenómeno que viene ocurriendo de ataques contra los excombatientes de las FARC. La primera de ella es el fenómeno del narcotráfico que, según palabras del director, en gran medida se ha dicho es el responsable de las muertes de los firmantes de paz y lo cual es indudable ya que en algunos eventos así ha sido “pero no podemos explicar de forma general o tener como un patrón general el narcotráfico para la ocurrencia de estos hechos victimizantes”.

Según el documento, en 176 municipios coincide la presencia de cultivos de coca y el lugar de residencia de los excombatientes. Sin embargo, 111 tienen hectáreas sembradas de coca y no registran un solo caso de homicidios (esto significa que el 63% de los territorios cocaleros no evidencian fenómenos homicidas).

La segunda hipótesis explicativa de los hechos presentada por el director tiene que ver con rencillas personales, “es la hipótesis más débil y no tiene realmente ningún fundamento ya que de 249 homicidios cinco tienen como causa detonadora una riña callejera, pelea o trifulca, es decir solo el 2 por ciento de este tipo de hechos victimizantes obedece a razones de esta naturaleza, lo cual nos permite concluir que prácticamente son hechos aislados”.

Por último, la hipótesis de que las disidencias no son una organización criminal única y homogénea. En este punto, Álvarez Santoyo evidenció que existen tres tipos de disidencias, la primera coordinada por alias Gentíl Duarte que nacen en 2016, operan en 21 departamentos y 155 municipios y tienen choques permanentes con la Fuerza Pública y utilizan métodos de control social con la población civil; la segunda también conocida como la segunda Marquetalia, que nace en agosto de 2019, operan en la frontera con Venezuela, tienen presencia intermitente en 44 municipios del Cauca, Nariño, Caquetá́, Putumayo, Huila, Tolima y Meta, además de que su relacionamiento con la población civil es mediático y se ha establecido que no tienen poder militar para atacar a la Fuerza Pública; finalmente están las disidencias narcotizadas, las cuales nacen durante el proceso de paz de La Habana y tienen presencia en 38 municipios y se enfrentan ocasionalmente con la Fuerza Pública.

En cuanto a la metodología del informe, se utilizó el recaudo y análisis de información que se obtuvo en su gran mayoría de fuentes oficiales. “Tenemos cuatro fuentes de información: el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación, el Sistema de Información del Ministerio de Justicia, el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno (RUSICST) del Ministerio del Interior y el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) del Instituto de Medicina Legal”, precisó.

Para poder establecer algunos datos relacionados con los presuntos perpetradores de los hechos, como quiera que por la pandemia no se pudieron acceder a los expedientes físicos, se consultaron las páginas oficiales de la Fiscalía General de la Nación donde se obtuvo información de los boletines que ellos producen. “Todo esto nos permitió acuñar un concepto de patrón de violencia como el conjunto de hechos victimizantes que tienen una aparición frecuente en una o varias zonas geográficas, y que reúnen elementos de semejanza en el modus operandi y el perfil de las personas o los grupos poblacionales afectados”, explicó Álvarez Santoyo.

Finalmente, la Unidad de Investigación y Acusación detectó elementos comunes a la victimización de excombatientes y además identificó dos patrones de violencia letal que dan cuenta del 57 por ciento de los casos de la muestra. Frente a elementos comunes a la victimización, la Unidad estableció dos: el perfil de las víctimas: hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad, que tendieron a ocupar posiciones de baja jerarquía durante su permanencia en las FARC-EP (combatientes rasos y milicianos), y el modus operandi en el cual los victimarios tendieron a abordar a los excombatientes en sitios públicos de zonas rurales, donde les propinaban múltiples disparos en el rostro, la cabeza y el tórax. En cuanto a los patrones de violencia letal, el primero de ellos es el patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo.

El segundo es el patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias de las FARC-EP en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente. Este patrón Constituyen el 36 por ciento de los casos de la muestra (91 sobre 249 casos registrados), el “grupo perpetrador” principal son las disidencias de las FARC-EP en sus tres vertientes y afecta principalmente a los excombatientes jóvenes entre 18 y 34 años que tienen un fuerte arraigo en la zona.