De Luis Santiago a Yuliana, diez años anunciando castigo a violadores de menores

El pasado mes de diciembre, el crimen de Yuliana Andrea Samboní, la niña de 7 años que fue raptada, ultrajada, abusada, torturada y asesinada por asfixia en Bogotá, a manos de Rafael Uribe Noguera, escandalizó y conmocionó tanto a la sociedad colombiana, que pareció convertirse en la gota que reboso la copa de la tolerancia frente crímenes tan abominables.

Y como tantas otras veces, el Congreso se ha sumó a esa ola de indignación y varios congresistas salieron frente a las cámaras de los noticieros a proponer proyectos con duros castigos para evitar que crímenes como el de Yuliana se repitan.

Aquella vez, y cuando la indignación arrugaba a todo el país, en un solo día se presentaron cuatro proyectos para castigar a los violadores y asesinos de niños y niñas. Dos pretendían implementar la castración química como tratamiento terapéutico a violadores, y otras dos reformas buscaban la imposición de la cadena perpetua como sanción.

Luego de unos días, y cuando el país pareció doblar la página, la euforia en el Congreso por legislar para proteger los derechos de los menores se apagó. Los proyectos sobre castración química no han tenido un solo debate, y los de prisión perpetua se hundieron.

No era la primera vez que el Congreso anunciaba legislar para castigar a estos agresores. Titulares de prensa con ese contenido se conocen desde el 2008. En septiembre de ese año el país también se conmocionó con la historia de Luis Santiago Pelayo, un bebé de solo once meses que fue raptado, violado y asesinado por su padre, Orlando Pelayo, en Chía (Cundinamarca). El entonces el fiscal general,  Mario Iguarán, pidió al Congreso la cadena perpetua, y Gilma Jimenez, concejal en ese momento, empezó su cruzada y la recolección de firmas para convocar el referendo por la prisión perpetua a violadores.

Contexto: los intentos de la prisión perpetua a violadores

Desde entonces, cada vez que se han conocido crímenes escabrosos se han conocido anuncios en el Congreso.

En septiembre de 2010, los hermanos Yenny Torres Jaimes, de 14 años, Jimmy y Jefferson, de 9 y 6 años, fueron brutalmente ultrajados por el teniente del Ejército Raúl Muñoz. El crimen de los niños de Arauca conmovió al país y de nuevo el Congreso se comprometió.

Gilma Jiménez llegó al Senado y consiguió que se aprobara el referendo de prisión perpetua, pero la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Aseguró que en su trámite había vicios de forma. La senadora volvió a intentarlo, fue aprobada en el Senado, pero la Cámara de Representantes la archivó.

En febrero del 2015, Deinner Alfredo de 4 años, Laura Jimena de 10, Juliana de 14 y Samuel de 17 años, los cuatro hermanos Vanegas Grimaldo que fueron asesinados por sicarios en Florencia (Caquetá). Un crimen que rechazó el propio presidente Juan Manuel Santos, quien exigió la captura de los responsables y ofreció una millonaria recompensa. En ese momento el Congreso también se pronunció con los mismos anuncios.

Tras ese crimen, el entonces presidente del Congreso, José David Name, y entonces copresidente del partido de La U, fue quien  anunció un proyecto para imponer la prisión perpetua para violadores y agresores de niños. “Esto cuenta con el respaldo del Presidente Santos”, dijo en aquel momento, y se comprometió a presentarlo el 16 de marzo de ese año. El proyecto nunca tuvo un debate. 

Meses antes, en noviembre del 2014, el presidente Santos, en un ‘encuentro espiritual‘ del Partido de La U en Santa Marta, anunció que respaldaría esa iniciativa. Lo había hecho antes de la reelección, cuando el partido convenció a Yohanna Salamanca, la hija de Gilma Jiménez, para que integrara la lista de candidatos al Senado. Durante la campaña de la reelección, Santos asumió como bandera la iniciativa para castigar a los violadores de niños.

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El pasado mes de diciembre, Mauricio Lizcano, presidente del Senado, y también del Partido de la U, se comprometió a un trámite ‘fast track’ de la que fue bautizada ley Yuliana, con el objetivo de que no se volviera a presentar una sola víctima.

Desde aquel anuncio pasaron cuatro meses hasta que el país volvió a estremecerse con el caso de Sara, la niña de tres años violada, ultrajada y asesinada en el Tolima. Fue la ocasión para que Lizcano presentara un nuevo proyecto de reforma constitucional para establecer la cárcel perpetua a violadores y asesinos de menores.

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La única ley que ha expedido el Congreso colombiano con algún componente de sanción a los agresores, fue la ley de menores, que señala la máxima condena (60 años), prohíbe principio de oportunidad los autores de estos delitos, pero no excluye otros beneficios de rebaja de penas.

Desde la conmoción que causó el crimen del bebé Luis Santiago, hace cerca de diez años, los anuncios del Congreso para castigar a los violadores no han pasado del dicho al hecho. Ahora vuelve un nuevo anuncio, el tiempo dirá si se quedará en una nueva promesa.