Cadena perpetua para violadores de niños: ¿Se podrá aplicar en Colombia?

La polarización de Colombia en todos los espectros se materializó también en la discusión sobre la cadena perpetua. Mientras los defensores de la norma la llevaron a sanción presidencial, los detractores interpusieron 11 demandas contra el acto legislativo que modificó la Constitución para darle vía libre a una nueva figura en el Código Penal.

“La corte la declarará inexequible y dejará claro que estas son formas de hacer populismo y de engañar a la gente”, anunció Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, desde donde se radicó una de las demandas que busca tumbar esa norma. El país no ha tenido la tradición jurídica de castigar con pena de muerte o el destierro los delitos graves; por esto, para muchos juristas la cadena perpetua es un retroceso que no soluciona el abuso contra los niños.

Por los ritmos propios de la Corte Constitucional, las demandas seguramente no se resolverán en este año, dejando así una incertidumbre sobre si la cadena perpetua se alcanza a estrenar en la nación. Como hay 11 peticiones, el alto tribunal deberá definir si se acumulan algunas o se estudian por separado.

Suponiendo que el presidente sancione la norma que establece el procedimiento para aplicar la cadena perpetua al final de este mes, en caso de que se cometa un delito de este tipo, el proceso puede durar más de dos años, por lo que la norma no llegaría a estrenarse si la corte tumba el acto legislativo. La Justicia colombiana ha demostrado ser bastante lenta.

Esto quiere decir que, seguramente, la corte se habrá pronunciado de fondo antes de que se emita la primera condena. Si no da el visto bueno, esta modificación a la Constitución no podrá aplicarse en ningún escenario. Aunque ya se aprobó la reglamentación y quedaron definidos los lineamientos de cómo operará la cadena perpetua, esto no significa que automáticamente se podrán imponer las penas.

Lo que quedó claro, con lo aprobado en la reglamentación, es que la cadena perpetua será de carácter excepcional y solo tendrá lugar cuando se cumplan cierto tipo de hechos y, en los casos en que se imponga, habrá una revisión a los 25 años. “Se hará por temas de resocialización. Pero, en todo caso, la pena no será menor a 50 años, y cuando haya concurso de delitos no será menor a 60 años”, explicó el senador Miguel Ángel Pinto, quien fue el ponente de la norma. Esto quiere decir que no es verdad que un condenado pueda quedar en libertad a los 25 años que se haga la revisión por parte del juez, y, sencillamente, “las máximas condenas de hoy serán las mínimas del mañana”.

Otro escenario que les preocupa a los abogados es que, si por ejemplo, se llegara a imponer la cadena perpetua a algunos individuos y la corte no da su bendición a ese acto legislativo, los procesados podrían acogerse al principio de favorabilidad y la pena tendría que reducirse automáticamente. Al margen de esta discusión, lo cierto es que la violencia y el abuso contra los menores de edad llevaron a que las mayorías políticas respaldaran, sin problema alguno, el acto legislativo (aprobado en junio de 2020) y la reglamentación de la cadena perpetua.

En 2020, Medicina Legal reportó que se cometieron 727 homicidios contra menores de 18 años. La entidad también reveló que los jóvenes que sufrieron violencia sexual, física o psicológica antes de cumplir la mayoría de edad fueron mujeres (40 por ciento) y hombres (42 por ciento). Con estas cifras, y con el argumento de que el acto legislativo se tramitó correctamente y sin errores de forma ni de fondo, los promotores de la prisión perpetua defenderán esta condena para que la corte le dé su aval.

En 22 ocasiones esta propuesta se había hundido en el Congreso, por lo que su respaldo político, sin duda, se convirtió en uno de los hechos más notorios esta semana. Quince años después del primer intento, salió adelante la iniciativa de la exsenadora Gilma Jiménez, fallecida en 2013. Sus banderas las asumió su hija Yohana Jiménez, quien lideró el tema en el Congreso. “Nunca se ha dicho que la prisión perpetua sea la solución a este problema. Pero es el principio del fin de la violencia contra los niños”, explicó Jiménez.

Bajo este panorama, la euforia que suscitó la promulgación del acto legislativo y la aprobación de la reglamentación, que será sancionada en las próximas semanas, podría desdibujarse con el pronunciamiento de los magistrados. Por ahora, Colombia contará con la cadena perpetua para este tipo de delitos, pero no está claro si se alcanzará a estrenar esta figura. La Corte Constitucional tiene la última palabra.