Caen miembros del Clan del Golfo que delinquían en el sur de Bolívar

Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en una cárcel en contra de cuatro presuntos integrantes de Clan del Golfo.

De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos harían parte de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, que delinquía en los municipios de San Pablo y Cantagallo (Bolívar) y Puerto Wilches (Santander).

Los procesados fueron imputados por presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y concierto para delinquir, ambos agravados.

Según el ente investigador, esta estructura criminal, al parecer, realizaba exigencias extorsivas al gremio de palmicultores de la región del Magdalena Medio, exigiéndoles entre uno y 20 millones de pesos, intimidándolos con amenazas y armas de fuego.

Los asegurados son Juan Diego Urueña, Luz Dayana Agudelo, Luis Gonzaga Londoño y Didier Jesús Martínez, quienes fueron capturados, el 23 de julio pasado, en un operativo conjunto entre uniformados de la Fiscalía y la Policía Nacional en los municipios de San Pablo (Bolívar) y Puerto Wilches (Santander).

Defensoría le pidió al Gobierno atención inmediata en el Chocó tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

En alto riesgo de desplazamiento y confinamiento estuvieron 50 comunidades, en particular indígenas y afros, por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las AGC - Clan del Golfo en el Medio San Juan (Chocó), según lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo.

Desde el pasado 14 de agosto, hubo enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial y social del municipio y su vasta zona rural. Ante esta situación, el ELN decretó un paro durante 24 horas (el sexto en lo que va corrido del 2023), por lo que entre el 16 y este 17 del mismo mes hubo restricción de la movilidad en el río San Juan. Esto originó que las comunidades no pudieran ingresar a sus parcelas, la afectación en la atención médica y la imposibilidad del tránsito de alimentos y de los habitantes.

“Desde la Defensoría solicitamos al Gobierno nacional, en particular al comisionado de Paz y las instituciones competentes, hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas y sus derechos garantizados”, manifestó el defensor regional de Chocó, Luis Murillo.

El organismo de defensa de derechos humanos también recordó que los grupos armados ilegales deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

“Insistimos a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en consecuencia de la vida e integridad de la población civil, y que por ninguna razón restrinjan la movilidad de las comunidades”, añadió Murillo.

Un equipo de la Defensoría continúa en terreno haciéndole seguimiento a la situación vulneradora de los derechos humanos, luego del anuncio del ELN de adelantar un paro de 24 horas.

Adicionalmente, en el marco de esos recorridos, el organismo ha solicitado que sea atendido un brote de malaria, el cual está afectando a las comunidades de Sipí, como también que haya abastecimiento de medicinas.

La Defensoría del Pueblo recordó que 27 de los 31 municipios del Chocó tienen Alertas Tempranas por acciones armadas que ocurrieron entre el 2018 y 2023.

Los documentos de advertencia tienen como objetivo proteger a los habitantes de los municipios: Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.

“La disputa territorial entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal), mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones por cuenta de las amenazas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos”, concluyó la Defensoría.