Caldas, en el limbo

Los caldenses eligieron a Guido Echeverry en octubre, y pasaron muy pronto de soñar con las promesas de grandes proyectos a padecer las consecuencias de un gobernador que ha tenido que enfrentar un complejo limbo jurídico, que lo tiene ad portas de dejar el Palacio Departamental. Un camino que ya había recorrido cuatro años atrás.

Desde antes de que se posesionara para el periodo 2015-2019, un abogado demandó su elección ante el Tribunal Administrativo de Caldas por considerar que estaba inhabilitado. Arguyó que Echeverry ya había sido elegido gobernador para el periodo 2012-2015, por lo que se trataría de una reelección, lo que está prohibido en Colombia. Echeverry argumenta que solo ejerció el cargo hasta 2013, cuando el Consejo de Estado lo destituyó por una inhabilidad relacionada con su esposa.

Al acoger la demanda, en marzo pasado, el Consejo de Estado decidió suspender a Echeverry mientras fallaba de fondo, lo que desató una guerra judicial y política que, a decir verdad, hoy pocos caldenses entienden.

En su defensa, el gobernador ha sacado a relucir una polémica consulta hipotética, que hizo la Presidencia de la República al Consejo de Estado el año pasado. En ella, preguntaba si un alcalde o gobernador destituido podía presentarse a ese mismo cargo si de por medio había elecciones atípicas. La sala de consulta le respondió afirmativamente, en un concepto que hoy no solo tiene enfrentados a los magistrados de la corte sino a respetados juristas del país.

Echeverry y sus defensores, entre los que están pesos pesados de la política nacional y figuras de los partidos que lo apoyan como Cambio Radical, el Conservador y el Liberal, han usado todo tipo de argucias jurídicas, como recusar a los magistrados o esconder la notificación del fallo, para mantenerse en la Gobernación.

Más allá de esa controversia, han sorprendido a muchos caldenses y opositores las decisiones administrativas que Echeverry ha adoptado, especialmente en los últimos meses. Una de ellas es la ordenanza que el primero de marzo expidió la Asamblea de Caldas para autorizar al gobernador a contratar y comprometer más de 76.000 millones de pesos de vigencias futuras, a pesar de que no había presentado el Plan de Gobierno y había uno vigente.

El mismo abogado demandó la aprobación y ejecución de estos recursos, que se han prestado para todo tipo de críticas y comentarios. De hecho, los opositores acusan a Echeverry de querer dejar todo ‘amarrado’ y se habla incluso de la forma como ha beneficiado a sus aliados políticos o de las comisiones que se han pagado por contratos. El mandatario rechaza esas críticas y denuncias, y dice que se ha limitado a cumplir su programa de gobierno y está siendo víctima de los mismos enemigos políticos que lo quieren sacar de la Gobernación.

Pero si el ambiente ya estaba caldeado, Echeverry tomó hace días una medida que ha sido vista por muchos caldenses como una traición. Decidió abrirles las fronteras del departamento a los productos de la Licorera de Antioquia, que ha sido el eterno competidor de la Licorera de Caldas. Le presentó la medida a los diputados, comercializadores y distribuidores cuando ya la había firmado, lo que causó malestar y descontento. Incluso, dentro de esta guerra de rumores y chismes, se habla de un pago multimillonario.

Echeverry le dijo a SEMANA que esa era una medida necesaria y urgente ante la inminente aprobación del proyecto de ley que elimina el monopolio en la producción de licores y dijo que era bueno para Caldas. Y advirtió que son “infames” los rumores sobre negociados que llevarían a la entrega de recursos a quienes firmaron el acuerdo. Ahora las miradas se centran en la expansión de la hidroeléctrica La Miel y otros proyectos estratégicos, sobre los que se tomarían decisiones.

Lo cierto es que mientras el Consejo de Estado decide de fondo, los caldenses cada vez están más confundidos en torno al futuro, no solo del gobernador, sino de su propio departamento.