Cali, de la sucursal del cielo a la sucursal de la muerte: ¿por qué?

Desde hace un poco más de 12 meses, Cali se enfrenta a una escalada violenta que ha elevado los principales indicadores de inseguridad. La Sucursal del Cielo vive entre la incertidumbre de la muerte, situación que la ubica como la ciudad más peligrosa de Colombia.

El mismo ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció que los homicidios en la capital del Valle están disparados y, con cierta preocupación, alertó de que la ciudad se enfrenta a un reacomodamiento de estructuras criminales que buscan, a sangre y fuego, copar nuevamente terrenos ganados por la fuerza pública.

La preocupación del alto funcionario no es menor: Cali, durante el año 2021, registró 1.217 homicidios; los meses de mayo y junio, cuando la ciudad estaba controlada por los vándalos y cercada por bloqueos, fueron los más violentos del país. Las otras urbes con mayor tasa de asesinatos son Bogotá, con 1.126; Medellín, con 403; y Barranquilla, con 365. La cifra de la capital del Valle es bastante elevada en comparación con las otras metrópolis, y más aún si se coteja con Bogotá, que la triplica en población.

“En el caso de Cali, hay tres factores que propiciaron el alza de homicidios. El primero es que, a partir del vandalismo y los bloqueos, hubo reconfiguración criminal que hizo que algunos grupos armados empezaran a apoyar el microtráfico; y ahí se generó una ola de violencia muy grande, que, inclusive, disparó los niveles de homicidios durante los meses de mayo y junio. Tiempo donde reinó el vandalismo y los bloqueos en la ciudad”, le explicó el ministro Molano a SEMANA.

El alcalde Jorge Iván Ospina achaca el elevado número de homicidios al “estallido social del primer semestre”. El mandatario saca pecho con las cifras de 2020, cuando la ciudad no superó la barrera de los 1.100 asesinatos, pero se le olvida a Ospina que durante ese año hubo una cuarentena de alrededor de cuatro meses.

Otras voces, como la del representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, aseguran que, más que el estallido social, lo que hay en Cali es una incapacidad de la administración distrital para contener la creciente ola de violencia. “Decir que el alza en homicidios es culpa del estallido social es querer limpiarse las manos y saltarse las responsabilidades que tiene Ospina como alcalde. Hoy somos la ciudad más violenta del país, según lo muestran las cifras, y eso es preocupante. La gente ya no se siente segura”, señaló Reyes Kuri.

En su lectura, el congresista vallecaucano denunció que, por ejemplo, no hay un seguimiento de los casos de homicidios en la ciudad y eso, dice, impide que exista un mapeo criminal para desmantelar las estructuras criminales responsables de estos hechos violentos. “El tema de seguridad para el alcalde no ha sido una prioridad”, agregó. Y alegó, además, que de 1.745 cámaras de seguridad existentes en la ciudad, hoy solo están en funcionamiento 510, es decir, cerca del 26 por ciento. El paro nacional –cuando fue vandalizada gran parte de la ciudad–, la desfinanciación de la seguridad y la subejecución del presupuesto habrían causado esta situación.

La también representante a la Cámara por el Valle Catalina Ortiz, que comparte partido político con Ospina, explicó que en Cali hay 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Bogotá y Medellín, las otras dos ciudades que integran el escalafón de asesinatos por año, esa misma medida llega a 16 y 15, respectivamente. “Yo vengo diciendo que nos atropelló un estallido social con un alcalde completamente ausente y con una presidencia que vino acá a la medianoche como si fuera un mariachi”, sostuvo la congresista.

Además, lanzó dardos contra la no articulación de fuerzas entre el Gobierno nacional y la administración distrital. “En Cali, la problemática de seguridad no es solamente de homicidios, también está la percepción de inseguridad, que es altísima, y uno no siente, ni de parte del Gobierno nacional, ni de la Alcaldía, ni muchos menos articuladamente como debe ser, que haya una estrategia para atender un problema (...) El alcalde le está fallando a la ciudad, una vez más. Por eso no sorprende que tenga esa popularidad tan baja”, dijo Ortiz.

Es claro que en Cali se ha querido enfrentar la inseguridad como una rueda suelta de egos para determinar quién tiene la solución mágica. Cabe recordar que, en uno de los más recientes episodios de agarrones entre Ospina y el Gobierno nacional, el mandatario local dijo: “Que el ministro (Molano) mande en Bogotá, aquí mandamos los caleños”.

En respuesta a eso, el ministro de Defensa le dijo a SEMANA que su misión es trabajar con todos los alcaldes sin importar el tinte político; sin embargo, “la administración (de Ospina) tiene que comprometerse de lleno con el desmantelamiento de esos sitios que se convirtieron en puntos de anarquía, como el caso de Puerto Rellena, donde vimos lo que pasó el pasado fin de semana (el atentado a los policías del Esmad). Esos puntos se convirtieron en sectores de anarquía donde se generó una gran ola de violencia, inclusive de asesinatos de policías”, dijo el alto funcionario.

En pocas palabras, el ministro le refuta al alcalde su actitud permisiva con los integrantes de la mal llamada primera línea, a quienes, luego del paro, de meses de bloqueos y vandalismo, contrató en programas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura para reparar lo que ellos mismos dañaron. Aún en esos puntos, como el citado Puerto Rellena, hay presencia de jóvenes manifestantes.

Esta no ha sido la única salida en falso de Ospina frente al tema de la seguridad. En Twitter, que es su principal vitrina para casar peleas, arremetió contra varios analistas y periodistas que compartieron las cifras de homicidios de 2021 e hicieron un paralelo con lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores, en los que hubo reducciones significativas en asesinatos.

Sus trinos mordaces van desde comparaciones con periodos como los años 1994 y 1995, cuando la ciudad vivía una guerra de carteles y los asesinatos ascendían a 4.500 por año, hasta ofensas personales. Dichos cotejos estadísticos no vienen al caso, dijo el congresista Christian Garcés, porque en la primera administración –y lo que va de la segunda– la seguridad no ha sido una prioridad para Ospina.

“En 2008, Ospina recibió una ciudad que había cerrado en 2007 con 1.524 asesinatos y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 69,9. Cuatro años después, en 2011, la entregó con 1.849 asesinatos y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 81. En 2020, Ospina recibió una ciudad que había cerrado 2019 con 1.114 homicidios y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 50,2; dos años después, en 2022, la ciudad registra 1.217 y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del 54,6”, explicó Garcés.

¿Qué está pasando?

Según datos del concejal Fernando Tamayo, en Cali hay 133 bandas criminales con buen músculo financiero que se dedican al microtráfico y al préstamo gota a gota. Estas estructuras se habrían fortalecido durante los días del paro, en los que los bloqueos generaron escenarios de anarquía vetados para la fuerza pública. Señaló el concejal que, principalmente, la violencia se concentra en las comunas 13, 14 y 15, todas en el oriente de la ciudad, en la subregión urbana conocida como Distrito de Aguablanca.

“Por eso, yo he venido insistiendo en que esos sectores, así como las comunas que colindan con zona rural, deberían tener presencia y patrullajes permanentes del Ejército Nacional”. Su propuesta de sacar a la Policía Militar a las calles está fundamentada, según su análisis, en que en estas comunas se ha empezado a librar una guerra por el poder.

“Hubo un reacomodamiento de estructuras criminales, patrocinadas por milicias urbanas de grupos como el ELN”, subrayó Tamayo. Otro de los factores que impide una lucha frontal contra el crimen es el bajo presupuesto destinado para seguridad, denunció el concejal.

Durante el año 2021, el monto destinado por la Alcaldía fue de 87.000 millones de pesos, lo cual representa el 1,92 por ciento del presupuesto general. “Esta cifra es muy penosa, porque es una inversión de 25 pesos por habitante; Bogotá invierte 69 pesos por habitante y en Medellín, 35 pesos por habitante”, añadió el cabildante.

SEMANA trató de comunicarse con el alcalde Jorge Iván Ospina y con el secretario de Seguridad, Carlos Soler, pero no fue posible obtener una respuesta oportuna.

Mientras se reparten responsabilidades y no se acepta de lleno el problema, los caleños son actores secundarios de una película de terror que parece nunca terminar.