El cambio de guardia en la JEP

Patricia Linares no ha sido la mejor comunicadora. La saliente presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se ha caracterizado por un tono discreto y responsable que, para muchos, no logra trasmitir con eficacia los logros y avances de la JEP. Tal vez por esa limitación buena parte del país no le ha reconocido su importante labor. A Linares le ha tocado coordinar uno de los ejes centrales del proceso con las Farc, cuando la gente ha ido perdiendo interés en ese capítulo de la historia.

La magistrada tuvo que recorrer un camino de espinas para llevar a la jurisdicción al punto en el que está hoy. Por un lado, el debate político del plebiscito dejó una idea equivocada sobre la JEP en un sector importante de la opinión. En el marco de ese pulso algunos sostuvieron que los guerrilleros podrían haber aceptado dejar las armas para someterse a las penas normales de una cárcel con barrotes, algo que evidentemente no iba a pasar. El tribunal transicional fue justamente el mecanismo acordado para alcanzar el máximo de justicia posible que permitiera la firma de la paz. Algunos colombianos no quedaron satisfechos con ese esquema, pero ese fue el sapo que hubo que tragar para desarmar a las Farc.

En Colombia, la JEP tiene contradictores de peso, pero en el ámbito internacional la respaldan y la ven como un ejemplo. En últimas, por primera vez un Estado y un grupo alzado en armas diseñaron en conjunto un sistema de justicia para acabar un conflicto de tantos años. En los diálogos de paz anteriores en Colombia nunca hubo algo similar. Procesos como el del M-19 terminaban más en amnistías que en mecanismos de justicia. Y los conceptos de verdad y reparación, indispensables para reconciliar de verdad al país, nunca estuvieron en la agenda.

En sus tres años a la cabeza de la JEP, la presidenta saliente logró convertir un edificio vacío en una jurisdicción establecida que funciona y está próxima a presentar los primeros resultados. Muchos se quejan de las demoras en ese frente, pero el primer año y medio de su funcionamiento se fue, más que en el proceso de montaje, en la pelea de las objeciones presidenciales a la JEP.

Aun así esta jurisdicción, dirigida por Linares, ha logrado avances que a primera vista pueden parecer lentos, pero que en la práctica han sido mucho más rápidos que la justicia ordinaria. A la fecha hay 12.600 personas sometidas a la JEP, han abierto siete macrocasos con más de 380.000 víctimas acreditadas, han realizado más de 100 audiencias y han escuchado alrededor de 430 versiones.

También algunos han dicho que la JEP se hizo para los guerrilleros; 2.730 miembros de la fuerza pública que han cometido graves delitos en el conflicto están expiando sus culpas en la JEP y de esos, 241 han logrado salir de la cárcel en libertad anticipada.

Según ha afirmado Linares en varios escenarios, para finales de este año la JEP formulará los primeros escritos de acusación en asuntos tan importantes como los secuestros y los falsos positivos. En el caso 007, que se ocupa del reclutamiento de menores, también hay avances significativos. Ese expediente, si sigue su curso habitual, podría señalar responsables en tres años desde su inicio. No está mal al considerar miles de versiones y de información por contrastar para llegar a una verdad colectiva.

A Linares, además de los rollos jurídicos, le tocó lidiar un ambiente político complicado. Durante su paso por la presidencia del alto tribunal, el país tuvo que acostumbrarse a ver a los exguerrilleros de la Farc en el Congreso, algo que no fue fácil, y se fugaron Santrich, Márquez y otros exnegociadores. Se presentaron las objeciones y varios intentos de referendo y de reformas constitucionales para acabar con la JEP. Algunos desmovilizados han tenido vacilaciones a la hora de reconocer sus delitos y, como si fuera poco, la pandemia dificultó el trabajo de los magistrados. Todos esos problemas hacen más destacable la labor de una funcionaria comprometida y seria que supo guiar con prudencia y rigor la construcción de un sistema de justicia clave en el debate nacional en los años por venir.

A partir del 4 de noviembre Patricia Linares seguirá siendo magistrada en la Sección de Apelación, pero entregará las llaves de la presidencia a Eduardo Cifuentes. Como muchos de los togados que componen la jurisdicción, el nuevo presidente tiene una trayectoria enfocada en derechos humanos. Goza de respeto y reconocimiento en el mundo de la justicia y su currículo habla por sí solo. Es abogado de la Universidad de los Andes, tiene estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y experto en asuntos constitucionales. Fue magistrado de la Corte Constitucional, defensor del Pueblo, director de Derechos Humanos de la Unesco y decano de Derecho de la Universidad de los Andes.

Cifuentes tendrá que asumir las riendas de una jurisdicción estructurada, madura y en pleno funcionamiento. Pero eso no quiere decir que vaya a tener una labor más fácil que la de su antecesora. Los temas logísticos y ejecutivos están muy avanzados, pero en el periodo de Cifuentes el país tendrá que enfrentar la verdad, algo que, como ha quedado demostrado, va a generar revuelo nacional. La confesión de las Farc sobre el caso de Gómez Hurtado trajo el ejemplo perfecto de esa dificultad para enfrentar la realidad del conflicto. La JEP surgió para que los actores armados reconocieran sus crímenes. Pero paradójicamente, ahora cuando confiesan haber matado al dirigente conservador, medio país no les cree.

Lo que espera a la JEP podría generar incluso más polarización y polémica. El país seguramente se va a estremecer con la verdad, las condenas y la determinación de las responsabilidades colectivas e individuales. Cifuentes tendrá en ello su gran reto. Las decisiones que la JEP tome o que deje de tomar en los próximos años marcarán de manera contundente el mapa político nacional. Vendrán cosas que de alguna manera podrían reivindicar la imagen de la JEP en la opinión. Por ejemplo, que demuestre que alguno de los comparecientes no dijo la verdad y termine condenado a penas ordinarias. Pasará también que la verdad de algunos otros sirva como un elemento de reparación y ayude a cerrar las heridas de la violencia.

Pero hay asuntos de diseño institucional que el nuevo presidente de la jurisdicción no va a sortear fácilmente. Por ejemplo, durante el periodo de Cifuentes algunos de los miembros del partido Farc que están en el Congreso podrían resultar responsables de delitos atroces. El acuerdo no plantea explícitamente que en ese caso los eventuales condenados deban abandonar sus curules. Esa fue la concesión más controvertida que hicieron los negociadores del Gobierno en La Habana. Se opusieron a esa condición de la guerrilla, pero los comandantes argumentaron que estaban dejando las armas para hacer política. Y que, como todos bordeaban o superaban los 60 años, nunca iban a hacerla si les tocaba aplazar ese derecho hasta después de cumplir la pena.

Cifuentes también deberá manejar con éxito la relación de la JEP con las otras ramas del poder público. Los reparos del presidente Duque y su partido sobre la justicia transicional no son un secreto. Este incluso le ha hecho reclamos públicos, algo que muchos consideran una intromisión indebida. En paralelo, algunos moverán también un nuevo referendo promovido por Uribe para derogar la jurisdicción. Eso no va a prosperar, pero sí va a volver a la JEP un eje central de la polarización del país en la campaña presidencial.