JUSTICIA
Caso de Fernando Londoño cambia de rumbo en el Consejo de Estado
Un sorpresivo giro dio el estudio del caso del exministro. Ponencia fue retirada y balanza se inclina a mantenerle una sanción de 15 años que le impuso la Procuraduría.
Es uno de los alfiles políticos del expresidente Álvaro Uribe que desde hace más de 14 años tuvo que dejar el ruedo político por cuenta de dos fallos disciplinarios en su contra.
Fernando Londoño, exministro del Interior y de Justicia, fue sancionado la primera vez por sus señalamientos en contra del juez Pedro José Suárez Vacca. Días después de que Gilberto Rodríguez recobró su libertad por decisión del juez de ejecución de penas Suarez Vacca, Londoño aseguró que hacía parte del bufete de abogados del cartel de Cali.
Estas declaraciones le costaron en el 2004 una destitución e inhabilidad de la Procuraduría por 12 años. Aunque el Consejo de Estado revisó el proceso después de que Londoño presentara acción de nulidad, en el 2012 el alto tribunal dejó en firme el fallo. Cuatro años más tarde, Londoño terminó de pagar la sanción.
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Una segunda sanción de la Procuraduría agravó su situación, y es este caso el que precisamente lo mantiene lejos de cualquier cargo público. En el Consejo de Estado la revisión de la sanción calentó motores a comienzos de este año, sin embargo, acaba de dar un giro inesperado.
El caso inició a finales de 1997, cuando Fernando Londoño asumió la defensa del consorcio italiano Recchi Grandi Lavori Fincosit, multinacional que había construido la última fase de la vía Bogotá – Villavicencio y que demandó al Estado colombiano por supuestos incumplimientos contractuales.
A mediados de 2001, Invías perdió el proceso en un tribunal de arbitramiento, con lo que la entidad estatal fue condenada a pagar 25.000 millones de pesos.
Ante la demora para pagar la deuda, en el año 2003, ya como ministro del Interior, Londoño decide intervenir. En una carta dirigida al embajador de Italia en Colombia afirmó:
“He estado muy pendiente de la evolución que tenga en el Ministerio de Obras Públicas la muy legítima aspiración del Consorcio Recchi –GLF, para que se le pague la deuda pendiente por la liquidación del contrato para la construcción del tercer tramo de la carretera Bogotá –Villavicencio.
El señor Ministro de Obras me ha hecho saber que ha agotado todos los esfuerzos a su alcance para cubrir esta obligación y que tiene contacto permanente con los constructores para zanjarla a la mayor brevedad. Mucho le agradecería que me hiciera saber si la firma italiana se encuentra satisfecha con los resultados de estas gestiones, pues que no tendré inconveniente en persistir en ellas si fuere del caso”
Esta actuación con la que buscaba agilizar los pagos, fue catalogada por la Procuraduría como una falta gravísima en la que incurrió en un conflicto de intereses y abuso de autoridad. El entonces procurador Edgardo Maya le impuso una sanción de 15 años de inhabilidad.
Londoño pidió una vez más al Consejo de Estado que revisara la actuación de la Procuraduría, incluyendo la veracidad de las pruebas; lleva tres años en el alto tribunal y ya ha pasado por igual número de despachos judiciales.
El año pasado, el magistrado William Hernández sorprendió a sus compañeros presentando una ponencia en la que pedía anular la sanción al considerar que cuando Londoño intervino en favor de pago ya no era abogado de la firma y que no podía, de manera vitalicia, llevar la carga de una incompatibilidad por haberla representado.
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Cuando la ponencia iba a ser estudiada por la Sala Plena, el caso tuvo que ser entregado al entrante magistrado César Palomino, quien, con algunos reparos, se mantuvo en la misma línea que dejó Hernández.
Por ello, sometió el proyecto de fallo a discusión en Sala Plena, donde la ponencia no aguantó los cuestionamientos hechos por algunos magistrados, especialmente de la Sección Segunda. Ellos justificaron que sí hay razones para concluir que Londoño no podía llamar a sus compañeros del gobierno para tratar el tema de la deuda que tenía el Estado con la firma italiana.
Lo que se discutió en Sala, llevó a que el magistrado retirara la ponencia; en los pasillos de la Corte se dice que el nuevo proyecto será radicado en dos semanas y que su sentido será contrario a los intereses del exministro Londoño.
La revista Semana reveló que al ser consultado por el dirigente antioqueño Álvaro Villegas sobre sus presuntas aspiraciones presidenciales, Londoño contestó: "No soy tan loco para salir a buscarla, ni tan cobarde para rechazarla".
Lo que se avecina en el Consejo de Estado no está nada fácil para el exministro; las cuentas de los magistrados que intervinieron en Sala plena revelan que la balanza se inclina en mantenerle la sanción.
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