¿Cambio de rumbo en la política antidrogras estadounidense?

El Western Hemisphere Drug Policy Commission del Congreso de Estados Unidos publicó su informe final esta semana. Esta comisión bipartidista e independiente se instaló en 2017 por iniciativa de Eliot Engel, el representante demócrata de Nueva York que preside el Comité de Asuntos Exteriores y quien ha sido uno de los congresistas claves para Colombia desde el 2000, con especial interés en temas laborales y de derechos humanos.

La comisión tenía la tarea de hacer una revisión integral de las políticas antidrogas de Estados Unidos, y estaba integrada, entre otros, por académicos, expertos de think tanks, un excomandante del Comando Sur, Juan González y Dan Restrepo. Estos últimos dos fueron funcionarios de la administración Obama y le dan especial relevancia al informe, ya que son asesores claves de Biden para América Latina y todo indica que van a estar en posiciones importantes en la nueva administración.

De entrada, sorprende lo crítico que es el documento, que afirma que se está perdiendo la guerra contra la droga y que el componente antinarcóticos del Plan Colombia “fracasó”. Señala que desde 2000, Estados Unidos ha destinado 11.600 millones de dólares en asistencia al país. Y a pesar de esfuerzos titánicos por controlar la marea verde –han fumigado cerca de 2 millones de hectáreas desde ese año–, hay más coca sembrada hoy (alrededor de 200.000 hectáreas) que al inicio del Plan Colombia (160.000 hectáreas).

La historia completa es un poco más compleja, y el informe reconoce que la lucha contrainsurgente ha sido un éxito: hoy Colombia es un aliado de Estados Unidos, con una “democracia vibrante y una economía de mercado”. En la primera década del Plan Colombia el área cultivada se controló, hasta tocar fondo en 2012 con cerca de 80.000 hectáreas, según la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca. Sin embargo, después de ese año comenzó a subir, mientras que el área erradicada anualmente –sumando métodos manuales y aéreos– cayó de 200.000 hectáreas en 2008 a menos de 20.000 en 2016.

Para el uribismo, el aumento de la coca se debe a la suspensión de la fumigación aérea en 2015 por parte del Gobierno Santos. Pero la realidad es que venía en incremento desde antes de esa decisión, y que la erradicación forzosa también puede ser manual. De hecho, como la aspersión aérea sigue suspendida por las cortes, el Gobierno Duque ha acelerado el ritmo de la erradicación manual, alcanzando más de 100.000 hectáreas al año y aumentado el número de equipos de erradicación de 23 a 150. No obstante, la prioridad sigue siendo la fumigación aérea.

Pero lo más seguro es que, debido a la fuerte oposición de las cortes y de las comunidades, no vaya a ser posible volver a los niveles de aspersión aérea del pasado. Si vuelve la fumigación, seguramente será para casos puntuales, con restricciones y protocolos que limiten el alcance de este método. El Ministerio de Defensa haría bien en enfocarse en rediseñar la estrategia integral de erradicación manual para brindarles mayor seguridad a los erradicadores y mejorar sus condiciones laborales, teniendo en cuenta que será la columna vertebral de la lucha antinarcóticos a mediano plazo.

El reporte de la Comisión mira más allá de la erradicación y hace énfasis en la necesidad de fortalecer el “desarrollo alternativo”, entendido como una combinación de herramientas que cubren desde incentivos para la sustitución voluntaria, servicios públicos como salud, educación y justicia en zonas marginadas, a vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos a un mercado.

Esto en sí no es nuevo. Desde el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) del Gobierno Barco, la idea de llevar el conjunto de instituciones del Estado a las zonas de conflicto ha reencarnado un sinnúmero de veces en los programas de Acción Integral, el Plan de Consolidación, el Plante, los PDET, el PNIS y las ahora denominadas Zonas Futuro. Está en el corazón del punto uno del acuerdo de paz. Lo interesante es que lo diga una comisión convocada por el Congreso estadounidense.

Lo que señala el informe es un cambio de paradigma en Washington de priorizar la erradicación a métodos de desarrollo alternativo. Así, el Gobierno Duque puede quedar como reza el eslogan de una entidad financiera: en el lugar equivocado. El ministro Holmes Trujillo ha puesto todos sus huevos en la canasta del glifosato, pero frente a una administración gringa escéptica, va a tener que explorar otras opciones.