Así sería el proyecto de Cambio Radical para eliminar el Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está en el ojo del huracán tras la sorprendente fuga de la excongresista Aida Merlano. En medio de esta crisis, Cambio Radical preparó un proyecto de ley que busca eliminar el Inpec y crear otra institución carcelaria. SEMANA conoció el borrador del proyecto, que podría tener modificaciones porque la bancada de Cambio Radical quiere concertar con el Gobierno y con algunas voces de funcionarios del Inpec, antes de radicarlo.

"No lo presentamos porque se decidió hablar con el Gobierno. Queremos que sea un proyecto constructivo y queremos hacer una audiencia pública para escuchar las distintas voces, también de los guardias", aseguró a SEMANA el senador Richard Aguilar, autor de la iniciativa y quien se reunirá en la noche de este miércoles con la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

La iniciativa plantearía suprimir el instituto, pero las reglas de este proceso las daría el Gobierno nacional. De esta forma, el proceso de “supresión” debería darse en un periodo máximo de dos años, a partir de la promulgación de la ley. Y el Gobierno nacional reglamentaría lo relacionado con este proceso en los seis meses siguientes.

Esta tarea es compleja, porque contiene las “disposiciones laborales de los funcionarios, régimen de bienes, contratos y convenios, procesos judiciales y el régimen transitorio a aplicarse en el proceso de supresión”. Un punto delicado son los sindicatos que se calculan en más de 80.

Estos sindicatos ven el proyecto como una forma de acabar con ellos. “Es errónea la interpretación de la situación de la crisis carcelaria, no podemos desconocer varias problemáticas: proliferación sindical, casos individuales de corrupción. Sin embargo, existe un interés de privatizar, son los mismos creadores de la Uspec, esta entidad no solo ha limitado el presupuesto, sino que obstaculiza el mantenimiento y la contratación, y tiene en grave crisis al sistema penitenciario”, aseguró a SEMANA Luis Alberto Pinzón Zamora, secretario nacional de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.

El borrador del proyecto de Cambio Radical pretende reemplazar al Inpec con el Dipec, que significa Dirección Penitenciaria y Carcelaria. Esta nueva entidad estaría adscrita a la Policía Nacional, y se encargaría de ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los lineamientos que establezca el gobierno; hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad; diseñar y ejecutar programas de resocialización, así como los mecanismos necesarios de control de estos programas.

Al Gobierno nacional también le correspondería, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la ley, reglamentar el funcionamiento de la Dipec. Los funcionarios de esta nueva entidad quedarían cobijados bajo el régimen laboral de la Policía Nacional. “Se les aplicará la misma facultad discrecional para su retiro, previa observancia de todas las disposiciones legales que garanticen su debido proceso”, aclara el proyecto borrador.

Pinzón Zamora, representante de uno de los sindicatos, asegura que el cuidado de las personas privadas de la libertad no puede quedar a cargo de la fuerza pública, en este caso de la Policía, porque esto viola las ‘Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos’ de la ONU.

Durante la discusión de este proyecto un tema clave será la transición laboral. La iniciativa plantea suprimir los empleos de planta del personal de Inpec "que tenían asignadas las funciones trasladadas y ordenará la incorporación de los servidores que las cumplían en las plantas de personal de las entidades y organismos receptores de la rama ejecutiva". Los demás se suprimirán.

Y más delicado aún, el proyecto borrador plantea levantar el fuero sindical. "Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la garantía del fuero sindical, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en supresión, adelantará el proceso de levantamiento de dicho fuero, dentro de los términos y condiciones establecidos en las normas que rigen la materia".

Sin duda, de presentarse, el proyecto generará un gran debate, sobre todo sobre si este no es solo un cambio de nombre y de responsabilidades hacia la Policía. Además, la iniciativa no habla de la Uspec, encargada de la gestión y operación para el suministro de bienes y la prestación de servicios para la población carcelaria, ni tampoco de otro de los problemas de fondo: el hacinamiento y la corrupción.