Cambio de táctica de las Farc

El 2002 se inicio con un proceso de paz en medio de una situación de turbulencia. En los primeros días de enero las conversaciones quedaron colgadas de un hilo luego de que las Farc aceptaran las condiciones del gobierno para continuar en la zona de despeje, pero en febrero ese hilo se rompió cuando esta guerrilla secuestró un avión de Aires, lo obligó a aterrizar en una carretera en los límites de esta zona y se llevó al congresista Gechem Turbay. Paradójicamente, el que las Farc por primera vez hubieran retrocedido en sus posiciones, aceptando las condiciones del gobierno para continuar en la zona de despeje, sumado al hecho de que el avión secuestrado no hubiera sido introducido en esa zona, permitían pensar que a las Farc realmente les interesaba continuar con el proceso de negociación iniciado con el gobierno del presidente Pastrana y mantenerse en dicha zona. Pero un error de cálculo de su parte precipitó la ruptura de un proceso que ya entonces había perdido el apoyo de la inmensa mayoría de la opinión pública .

A partir de ese momento las Farc iniciaron la más amplia ofensiva de sabotaje económico y político que hubiesen realizado jamás. La infraestructura económica, la base local del poder civil del Estado en los municipios y la campaña electoral presidencial fueron sus blancos principales. En los seis meses siguientes a la ruptura de las negociaciones, este grupo guerrillero realizó atentados contra 79 puentes en todo el país, 17 de los cuales colapsaron. De igual forma, derribaron 354 torres de energía en distintas regiones, dejando durante varios días sin fluido eléctrico a dos capitales departamentales, Villavicencio y Arauca, y en grave riesgo de sufrir un apagón a la misma capital de la República.

Adicionalmente, inauguraron una modalidad de sabotaje que hasta ese momento no habían probado: los atentados contra los acueductos. Los de Bogotá y Pasto fueron sus primeros blancos. Las torres de comunicaciones también fueron víctimas de los ataques guerrilleros: 44 fueron afectadas.



Políticos en la mira

Además de estas acciones, las Farc les exigieron la renuncia a todos los alcaldes y funcionarios públicos de todos los municipios del país, bajo amenaza de muerte y de destierro. Como resultado, 399 alcaldes expresaron su deseo de renunciar, 12 fueron asesinados y cerca de 300 fueron desterrados de sus municipios y empezaron a ejercer sus funciones administrativas desde otras ciudades por amenazas de las Farc siendo Nariño el departamento más crítico pues allí 46 alcaldes tuvieron que despachar desde Pasto, la capital departamental.

Según la Federación Nacional de Concejos Municipales, 60 concejales fueron asesinados durante 2002, al tiempo que 6.000 más resultaron amenazados y 1.800 tuvieron que salir de sus municipios. De acuerdo con ese mismo organismo los departamentos más peligrosos para ejercer como concejales fueron Caquetá, Putumayo, Huila, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Meta y Guaviare.

De otra parte, en una acción urbana sin antecedentes en esta guerrilla, un comando rural penetró a la ciudad de Cali y secuestró a 17 diputados de la Asamblea del Valle, transportándolos posteriormente a la zona conocida como Los Farallones de Cali. También fueron secuestrados en el curso de una marcha por la paz y la no violencia el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía.

En adición, por primera vez en su historia las Farc se involucraron de manera activa y violenta en una campaña presidencial tratando de interferir sus resultados. En efecto, el entonces candidato y después presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, fue objeto de varios atentados cuando realizaba giras proselitistas en distintos sitios del país. Muchos de esos atentados fueron descubiertos y neutralizados por los organismos de seguridad del Estado, pero el que más conmovió a la opinión fue el realizado en Barranquilla, donde explotó una bomba contra el vehículo que transportaba a ese candidato. Adicionalmente, la candidata Ingrid Betancourt fue secuestrada por las Farc en cercanías de la antigua zona de distensión. Varias emisoras de radio que difundían mensajes de campaña del candidato Uribe, fueron igualmente afectadas por acciones de la guerrilla.



Ataque mayor

Esta ofensiva dispersa y con objetivos tan diversos continuó el 7 de agosto cuando las Farc realizaron en Bogotá dos atentados con morteros de 90 milímetros: uno contra la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional y el otro contra la Casa de Nariño y el Congreso de la República en momentos en que se realizaba la ceremonia de posesión del nuevo Presidente de los colombianos. Como resultado de estos atentados murieron 20 personas muy humildes que habitaban barrios cercanos a la sede presidencial.

En las postrimerías del año, las Farc secuestraron al obispo de Zipaquirá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, monseñor Jorge Jiménez Carvajal, quien al cabo de pocos días fue liberado de sus captores por tropas de la XIII Brigada del Ejército. Finalmente, a los pocos días de conocerse la apertura de procesos judiciales por narcotráfico contra el 'Mono Jojoy' y otros dirigentes de este grupo guerrillero en Estados Unidos, procesos que eventualmente podrían culminar con la solicitud de su extradición a ese país, las Farc realizaron en Bogotá un atentado con morteros que pasaron por encima de la embajada norteamericana e impactaron áreas cercanas a la Fiscalía General de la Nación. Quedó flotando la duda de si el atentado fue dirigido contra esa embajada o contra la Fiscalía, pero para algunos observadores la mala puntería de los guerrilleros evitó un incidente que hubiera tenido repercusiones importantes si los morteros hubiesen impactado la embajada de Estados Unidos.



Nueva línea

A todas luces el cambio de estrategia de las Farc en el curso del año 2002 fue ostensible. Fue notorio que este grupo insurgente cambiara de manera radical el énfasis de sus acciones armadas, las cuales durante los años anteriores estuvieron dirigidas principalmente contra bases militares aisladas y contra cuarteles de Policía de pequeños poblados.

Se puso en evidencia que esta estrategia de confrontación directa que privilegiaba el choque armado con la fuerza rival estaba siendo sustituida por una estrategia de confrontación indirecta que eludía el combate y más bien se dedicaría a atacar puntos muy débiles y sensibles del adversario, mediante acciones que no significaran un riesgo para la propia fuerza guerrillera, pero que tuvieran un gran impacto sicológico y de opinión.

Para estos fines, las Farc se dedicaron al sabotaje económico, al hostigamiento de las grandes ciudades, a la amenaza contra funcionarios públicos locales, al atentado contra dirigentes políticos y al secuestro contra personalidades. En buena medida este cambio se debió a que durante los últimos años las Fuerzas Militares han venido incrementando en forma importante su capacidad de combate aéreo, lo que les permite detectar con anticipación la concentración de columnas guerrilleras numerosas y atacarlas provocándoles numerosas pérdidas de combatientes. Esto ocurrió en acciones que se desarrollaron en años anteriores y que tuvieron lugar en Puerto Rico y Puerto Lleras en el Meta, en Hato Corozal en Casanare, en Mitú capital de Vaupés, y en cercanías de la zona de despeje donde el Ejército desarticuló prematuramente una gran ofensiva guerrillera en lo que se llamó la Operación 7 de Agosto. Sin embargo, a las realidades militares hay que añadirles el cálculo político para poder desentrañar la razón de las decisiones de un grupo armado que utiliza la fuerza con propósitos políticos.

En efecto, es evidente que el ritmo de las acciones de las Farc disminuyó una vez iniciado el nuevo gobierno. El secretariado parece haber decidido replegar la fuerza armada de la guerrilla y jugar con el tiempo con tres propósitos principales: 1) intentar acordar el canje con el gobierno, 2) esperar que el gobierno se debilite, y 3) observar de qué manera el gobierno diseña y empieza a ejecutar su propia estrategia, para identificar cuáles serán sus puntos débiles, y atacarlos después de manera preferencial.



Canje y negociación

Así, la estrategia de las Farc está entonces referida a dos temas principales: el canje y la negociación política. Para lograr una ley de canje permanente intentan elevar la cantidad y la calidad de las personalidades en su poder. A los parlamentarios, ex ministros, gobernador, diputados, candidata presidencial, policías y militares, intentaron agregar una personalidad de la Iglesia Católica, institución con amplia credibilidad y poder de convocatoria en Colombia. En la negociación del canje las Farc aspirarían a abrir las primeras grietas en aspectos clave de la política de paz del gobierno: sin alto el fuego previo, sin mediación internacional y con despeje amplio.

Y en lo relacionado con la negociación política, las Farc aumentaron unas exigencias y mantienen otras. Para este grupo insurgente, la eventual reanudación de conversaciones con el gobierno tiene como requisito la ampliación de la zona de despeje hasta abarcar toda el área de los departamentos de Caquetá y Putumayo, lo que equivaldría a multiplicar por tres la extensión de la antigua zona de distensión. De otra parte, esta guerrilla mantiene su exigencia de adelantar contactos directamente con el gobierno nacional, rechazando la propuesta de este último que refiere toda aproximación a los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas.

Las Farc también exigen que la agenda de negociación sea la acordada con el gobierno de Andrés Pastrana, mientras el gobierno de Uribe trata de recortar esa agenda y reducirla a acordar los términos de la desmovilización y reinserción de la guerrilla con garantías de seguridad, para que puedan realizar proselitismo político en forma legal, sin que peligre la integridad personal de sus miembros.

El juego que queda planteado en el curso del año 2002 es el cambio de estrategia de cada una de las partes para tratar de imponerle a la otra sus propias condiciones para una hipotética reanudación de la conversaciones de paz en el futuro. Las Farc tal vez calculan que la confrontación que se avecina puede ser definitiva y por ello van a hacer el máximo esfuerzo posible para ganar el pulso militar con el Estado.

Por su parte, el gobierno ha diseñado su estrategia de seguridad democrática basada en un incremento del presupuesto de seguridad, aumentos significativos del pie de fuerza, la promoción de la cooperación activa de la ciudadanía con las autoridades y un endurecimiento de la legislación relacionada con el orden público. Su estrategia de negociación aumenta las exigencias a la guerrilla y limita el alcance de un eventual acuerdo de paz.

Mientras tanto, las Farc se repliegan momentáneamente, reestructuran su fuerza armada, inician su hostigamiento a las ciudades, inundan de milicianos sitios críticos de ciudades importantes, prueban el sabotaje económico sistemático como arma de lucha para disminuir los recursos del adversario, acumulan cantidades ingentes de explosivos, y hacen un esfuerzo importante por incrementar la motivación y el adoctrinamiento de sus combatientes. Y esperan. Saben que el Estado y la sociedad colombiana están haciendo un esfuerzo sin antecedentes para contenerlas y disuadirlas, así como para recuperar la seguridad de todos.

Para las Farc demostrar que ese esfuerzo supremo fue estéril porque la guerrilla lo neutralizó es, precisamente, su gran apuesta. Las demostraciones de fuerza que realizarán en el futuro tal vez busquen producir impactos sicológicos profundos entre sus adversarios, erosionar sin remedio su determinación de lucha y provocar una sensación de impotencia que doblegue su decisión de ir hasta el final.



Falsa calma

Sin embargo, durante el año 2002 el repliegue de las Farc no fue total. Durante este período fue notorio el aumento de su iniciativa armada contra los grupos paramilitares en áreas del Chocó, Antioquia y el Magdalena Medio. Parece que hubieran aprovechado tanto la división y las dificultades internas de estos grupos, que estuvieron al borde de su dispersión total en este período, como la merma de sus acciones armadas en el curso de la campaña electoral y después del inicio del nuevo gobierno. La disputa territorial entre estos grupos armados no tuvo tregua y al final parecieron ser las Farc las ganadoras, por lo menos esto es lo que dice la comparación de las cifras de bajas de lado y lado.

Finalmente, después de abiertos procesos judiciales en su contra por narcotráfico, la solicitud de extradición a Estados Unidos de algunos altos dirigentes de las Farc podría tener efectos importantes en la negociación política del conflicto armado en Colombia.

Lo más destacable es que el espacio de maniobra del Estado colombiano se amplía, pues cuenta con una baza adicional que antes no tenía y que será muy significativa en el momento de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla. Pero el otro efecto significativo es que esa medida coloca directamente a Estados Unidos en la mesa de negociación del conflicto colombiano. No obstante, el efecto inmediato podría ser el endurecimiento de la actitud antinorteamericana de las Farc y su decisión de atacar blancos seleccionados de ese país en Colombia, como parecería indicarlo el frustrado atentado contra su embajada en Bogotá. De persistir en esta actitud, este grupo armado abriría una inmensa puerta de incertidumbre sobre los desarrollos futuros del conflicto armado en Colombia, pero estaría corroborando que el año 2002 fue el año clave del cambio de estrategia de las Farc.