NACIÓN
Camioneros bloquean vías en Cartagena para exigir el desmonte definitivo de los peajes
Juzgado declara improcedente la tutela del alcalde William Dau que buscaba tumbar el cobro de los peajes.
El cobro del peaje urbano en Cartagena a los vehículos mantiene en alerta a los camioneros que transitan hacia la zona industrial de Mamonal y quienes volvieron a bloquear la vía exigiendo el desmonte de la caseta.
Mientras la situación generó nuevamente grandes trancones tanto hacia Mamonal como en vías aledañas, los transportadores señalaron que mantendrán las movilizaciones hasta tanto se suspenda el cobro del peaje de Ceballos.
Aunque el alcalde William Dau suspendió el cobro a vehículos, los transportadores de carga también exigieron que se les aplique la medida por considerar que se les está vulnerado el derecho a la igualdad.
El mandatario también había solicitado a la Concesión Vial levantar las talanqueras para permitir el paso sin cobro de los vehículos de categoría 3, 4 y 5, pero la compañía mantuvo el cobro, lo que generó nuevamente el malestar entre los conductores de los camiones que insistieron en adelantar el bloqueo de las vías.
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Los transportadores se apostaron en las casetas impidiendo la movilización de los vehículos en esta importante vía; comenzaron con una marcha lenta que al paso de las horas se fue transformando en un bloqueo absoluto.
En la protesta de los transportadores de carga urbanos de Cartagena hay decenas de conductores de camiones pesados que no son partícipes de estas vías de hecho, pero que se encuentran “estáticos” en el corredor porque no tienen oportunidad de movilizarse y seguir su ruta.
Es el caso de Víctor Delgado, quien llegó a la capital de Bolívar ayer a las 6:30 de la mañana y alcanzó a descargar, pero no ha podido continuar con su plan de viaje. Desde ayer está atrapado en el trancón, por lo que le tocó pasar la noche allí y dormir a la intemperie.
“Yo llegué de Armenia y mi objetivo es regresar allá, pero desde ayer estoy metido en este caos, anoche dormimos a la intemperie, sin ninguna protección, y lo peor es que no se ve solución a la vista”, señaló al periódico El Universal.
La disputa se mantiene al no lograrse un punto de acuerdo debido a que el gremio transportador considera que la concesión ya obtuvo su Tasa Interna de Retorno como lo señala un informe de la Contraloría Distrital, mientras que el operario de la vía afirma que el ente de control está equivocado y por tanto no hay una razón legal para dejar de operar.
Congresistas han anunciado un debate sobre este tema para buscar una solución que afecta el transito vehicular en la zona, mientras el comité de transportadores anunció que el bloqueo en el peaje de Ceballos es indefinido.
Tutela improcedente
Y mientras se mantiene ese tire y afloje, el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales declaró improcedente una tutela interpuesta por el alcalde William Dau Chamatt contra la Concesión Vial de Cartagena en la que pedía la suspensión del cobro de peajes internos.
La acción judicial había sido presentada por el mandatario Distrital argumentando que se amparaba en la vulneración al derecho fundamental al patrimonio público.
“No se logra acreditar la conexidad entre la vulneración de un derecho fundamental del accionante y no se logra evidenciar la afectación o amenaza subjetiva o individual del señor William Dau, contando con la acción popular para la protección del derecho al patrimonio público, por su carácter de derecho colectivo”, señala la decisión judicial.
Advierte además que “no logra evidenciar la presencia de un perjuicio inminente urgente que valide la procedencia de la acción constitucional, que le impide o invalide acudir a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, según el acuerdo de voluntades suscritos entre el accionante y la Concesión Vial mediante contrato número VAL-0868804 frente a la controversia que se presenta en relación al cobro de peajes”.
Julio José Orozco, abogado apoderado de la Concesión Vial S.A., señaló que las controversias contractuales no se ventilan ni han de ser dirimidas a través de acciones de tutela.
“Nosotros sabíamos que esa tutela era improcedente. Agradecemos que la administración de justicia haya sido clara en el fallo porque además recoge la aclaración de la Contraloría General de la República que el auto no determina ningún tipo de responsabilidad fiscal”, dijo.