Política
Campaña de Gustavo Petro radicó denuncia por filtración de ‘petrovideos’
Alfonso Prada, jefe de debate del candidato presidencial, radicó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
Después del escándalo causado por los videos de reuniones internas de la campaña de Gustavo Petro, el equipo del líder del Pacto Histórico radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones.
La denuncia fue radicada por Alfonso Prada, jefe de debate y vocero nacional de la campaña. Frente a los videos revelados por SEMANA, argumentó que la filtración de conversaciones estratégicas privadas, en las que “se analizan posibles escenarios en la contienda electoral”, pone en riesgo la seguridad de la campaña.
Según Prada, también se pone en riesgo “la integridad del candidato Gustavo Petro y de su equipo”.
La denuncia ante el ente acusador se hizo contra persona indeterminada y asegurando que se trata de un acto de “guerra sucia” contra la campaña de Petro y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial. Todo esto, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.
“La campaña presidencial es víctima de un hecho gravísimo de chuzadas e infiltraciones ilegales donde nos espiaron, grabaron y filtraron las conversaciones privadas de manera ilegal, hechos que fueron publicados a nivel nacional el día 9 de junio del año 2022 en la revista Semana en sus plataformas digitales y luego replicado en otros medios de comunicación”, dice la denuncia.
De acuerdo con Prada, “hubo tergiversación, edición y descontextualización del contenido de los videos por su manipulación”. De esta manera, habrían sido utilizados para afectar al equipo de campaña y a los candidatos.
“Son utilizados malintencionadamente para desinformar, crear un ambiente adverso y afectar el buen nombre del equipo de la campaña presidencial, vulnerando nuestros derechos políticos y de los creyentes en nuestra apuesta política”, dijo el jefe de debate de Petro.
Además, argumentó que no había autorización para este tipo de filtraciones, vulnerando el derecho a la intimidad de los protagonistas de los llamados ‘petrovideos’.
“El resultado de la recolección de la imagen de voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto”, sostuvo.
La Flip salió en defensa de SEMANA
Después de los ataques del petrismo a SEMANA por la publicación de los ‘petrovideos’, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió un comunicado y explicó, en tres puntos, por qué este tipo de publicaciones están alejadas de la ilegalidad.
Y es que varios de los involucrados en dichos videos han señalado a SEMANA y han cuestionado el carácter editorial con el que se hizo público este contenido.
Estos son los puntos que defiende la Flip:
- “La publicación de las grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo que no constituye un delito. Los medios no tienen fuentes de información prohibidas y sugerir la eliminación del material, como lo hizo Roy Barreras, constituye un acto de censura inadmisible en el ordenamiento colombiano”.
- “Los funcionarios y personas con visibilidad no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no. Las relatorías de libertad de expresión han insistido en la responsabilidad que tienen los líderes políticos y personas con funciones públicas en fomentar un buen clima para ejercer el periodismo”.
- “Afirmar que un medio hace ciertas publicaciones bajo intereses políticos, y sin pruebas, como lo afirmaron Gustavo Petro y Asprilla, pone en riesgo a sus periodistas. Estas estigmatizaciones alimentan la hostilidad contra la prensa que se ha intensificado en las elecciones. Este año hemos registrado 42 agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral y que han hecho de este el período más violento de la última década”, asegura la Flip.
Por último, hizo un llamado a los líderes de las diferentes bancadas a “abstenerse de agredir o amplificar la violencia contra la prensa, y así afectar el debate público. Además, insistimos en que Twitter no es el escenario ideal para tramitar o compartir sus inconformidades con los medios. Para esto existen canales constitucionales y garantes de la libertad de expresión”, concluye el documento, que fue publicado en su página oficial.