El efecto Juan Carlos Vélez

La semana pasada en el último día antes de que la Rama Judicial saliera a vacaciones, un auto del Consejo de Estado levantó una polvareda que aún no cesa. La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez aceptó una demanda contra el plebiscito del 2 de octubre. Sin embargo, lo que normalmente es un asunto de mero trámite se convirtió en una bomba política. La jurista aprovechó para despacharse contra la campaña del No y afirmar que esta había ganado con engaños y mentiras. Con base en esto le ordenó al Congreso, como medida cautelar, comenzar a implementar los acuerdos de paz con el fast track. Y agregó un ingrediente tan serio como polémico: aseguró que la prueba es la recordada entrevista que Juan Carlos Vélez, el gerente de esa campaña por el uribismo, le dio al diario La República.

La demanda, interpuesta por dos ciudadanos en Pasto, sostiene que en sus declaraciones Vélez confiesa que desde las toldas uribistas se ejerció “violencia psicológica” sobre el electorado. Agrega que el exgerente de esa campaña reconoció que habían tergiversado los mensajes para hacer que la gente saliera a votar “a la berraca”. Y que su estrategia era no informar, sino apelar a las emociones políticas repitiendo una y otra vez que “se le iba a dar dinero a los guerrilleros” y “nos íbamos a convertir en Venezuela”.

La decisión de Bermúdez tiene algo de exótica, algo de seria y algo de debatible. Sobre lo primero, es bastante inusual que una magistrada en solitario despliegue semejantes conclusiones en el momento en que admite la demanda, y no después de estudiar el caso. El auto de 110 páginas, en ese sentido, es más parecido a un fallo que a la puerta de entrada de un proceso judicial. Por eso, este también causó un revuelo jurídico y promete generar un cisma al interior de ese alto tribunal. La semana pasada, el hecho había ya detonado los demonios, las divisiones y las rencillas que existen desde hace años en ese organismo.

El contenido de ese pronunciamiento, sin embargo, es muy serio y a la vez muy complejo. Bermúdez dedica buena parte de su providencia a describir las mentiras del No. Entre estas, señala los temas más polémicos del proceso de paz: 1) La ideología de género que supuestamente acabaría con la familia tradicional. 2) La eliminación de subsidios a los más pobres para dárselos a los guerrilleros. 3) La afectación al régimen pensional. 4) La impunidad para quienes han cometido los delitos más graves. 5) La desprotección a las víctimas. 6) El hecho de que los jefes guerrilleros pueden llegar al Congreso. 7) El cambio de un modelo de país hacia Venezuela.

Esas afirmaciones, hechas la mayoría con base en artículos de prensa, son muy delicadas. En primer lugar, porque como demostró no solo el plebiscito sino la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, todas las elecciones difíciles están llenas de exageraciones y de medias verdades. El tema se ha convertido en una obsesión en los debates en ese país, luego de que se comprobó que en Facebook el 63 por ciento de las noticias publicadas sobre la elección presidencial eran falsas. Muchos aseguran que esa red social causó la victoria del magnate. El mismo Trump, consciente de que el problema que él mismo ayudó a crear se le estaba devolviendo, despidió a su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, pues una noticia falsa difundida por él provocó un tiroteo en Washington.

Ese hecho demostró que en la campaña gringa las mentiras no solo fueron muy grandes, sino muy peligrosas. Algunos portales aseguraron que el papa Francisco había pedido votar por Trump y que Hillary Clinton había fundado Isis y que les vendía armas. Más de 9 millones de personas que creyeron que las cosas eran así compartieron las 20 noticias inventadas más relevantes. El tema está totalmente confirmado y, aunque ha generado una enorme indignación, nadie se ha atrevido a deducir que el triunfo de Trump es ilegítimo o que deba perder por eso la Presidencia.

Más o menos a una conclusión así llegó la magistrada. En su fallo asegura que hubo “una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurálgicos, del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016, el cual fue determinante para la obtención del resultado en dicha contienda electoral”. Y fue más allá al agregar que como el cese al fuego es frágil, como medida cautelar ordena al Congreso implementar el fast track y exhorta a la Corte Constitucional a tomar rápidamente una decisión sobre la demanda que está estudiando ese tema.

Las conclusiones de Bermúdez dan a lugar a dos problemas de interpretación muy debatibles. El primero tiene que ver con el hecho de que en algunos casos lo que ella denomina mentiras, para muchas personas de la oposición realmente son verdades. Es claro que la afirmación de que el acuerdo de paz elimina los subsidios para los más pobres es falsa. Sin embargo, no existe la misma claridad frente a otros temas. Por ejemplo, que el proceso de paz tiene como consecuencia alguna dosis de impunidad de los guerrilleros o que Timochenko puede llegar a ser presidente, aunque obviamente tendría que ganar las elecciones y superar las dos vueltas presidenciales, lo que es muy poco probable.

Pero hay un punto más difícil. El auto del Consejo de Estado señala que existió un “engaño generalizado que anuló la libertad del electorado para escoger autónomamente entre las opciones existentes frente al plebiscito”. Y esa afirmación quizás fue la que más calentó los ánimos. De inmediato, algunos de quienes votaron por el No aseguraron que no lo hicieron engañados, sino con conocimiento e información plena. El uribismo aseguró que el alto tribunal estaba insultando a más de 6 millones de colombianos. Como es imposible determinar cuántos de esos 6 millones votaron llevados por mentiras y cuantos lo hicieron simplemente porque no les gusta el proceso de paz, determinar la verdad será difícil.

Pero más exótica que el auto de la magistrada fue la respuesta del uribismo. El senador Ernesto Macías alborotó aún más el avispero cuando afirmó que Juan Carlos Vélez en la entrevista en La República estaba borracho. “Vélez le mintió al país, dijo cosas absurdas que contrastan completamente con lo que vieron los colombianos en la campaña. Se comportó como un verdadero mitómano”, le dijo a SEMANA.

La explicación generó una discusión política y una oleada de chistes. En parte porque en Colombia es muy popular la frase de que los niños y los borrachos son los únicos que siempre dicen la verdad. Vélez se indignó y desmintió a Macías. “Cedí mi curul en Senado para que llegaran allí compañeros del CD (Centro Democrático) como Ernesto Macías. Y hoy me paga con calumnias e injurias. Que tristeza”, escribió.

Era lógico que ante el tema de Juan Carlos Vélez, el auto del Consejo de Estado sería polémico, por la obvia razón de que mezcló el análisis jurídico con el político. Por otro lado, también era lógico que las declaraciones del exgerente de la campaña del No tuvieran en algún momento consecuencias jurídicas. En especial porque aunque se sabe que todos las campañas mienten y exageran, en Colombia nadie lo había confesado con tanta sinceridad como él. En su momento sus palabras no solo le costaron el puesto en el Centro Democrático, sino el anuncio de la Fiscalía de una investigación formal en su contra.

Lo cierto es que la coincidencia del modo y el lugar hicieron parecer la decisión como un abrazo del oso. Innecesario, por cierto, pues la Corte Constitucional ya había abierto el camino para avalar el fast track. Ahora el país político espera con expectativa la sentencia.