Canciller solo acatará suspensión hasta que el presidente Petro nombre a su sucesor. La descarada advertencia del abogado de Leyva a la Procuraduría

En un documento de dos páginas, la defensa del canciller Álvaro Leyva Durán le manifestó a la Procuraduría General que el ministro está más que dispuesto a cumplir la suspensión que emitió en su contra el organismo de control disciplinario en medio de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el proceso de licitación del contrato de pasaportes.

El abogado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, apoderado de Leyva, aseguró que se cumplirá con la sanción disciplinaria solo hasta que el presidente de la República, Gustavo Petro, nombre a su sucesor por los tres meses que estará fuera del cargo.

“Como puede advertirse, es al señor presidente de la República, en su condición de nominador del Ministerio de Relaciones Exteriores a quien corresponde dar cumplimiento a la precitada providencia”, advierte el jurista.

Debido a esto, citó el hecho de que la Cancillería no se puede quedar a la deriva, pues es obligatorio que se nombre a un titular que garantice el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales del mencionado ministerio.

En el documento enviado al procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Ernesto Jesús Espinosa, dice que “de seguro comprenderá” que se deben tomar todas las medidas para que la Cancillería cumpla con sus funciones constitucionales y legales. Si Leyva sale del cargo sin que haya un delegado nombrado por el jefe de Estado, podrá “ser investigado por abandono de cargo e incumplimiento de sus deberes funcionales”.

El pasado jueves, el viceprocurador general, Silvano Gómez, cuestionó el actuar del canciller Leyva al seguir ejerciendo sus funciones y firmando circulares y decretos pese a la suspensión, lo que representa un “abierto desacato” que pone en riesgo el Estado social de derecho, la Constitución y la ley. Esto sienta “un nefasto precedente” y pone en riesgo la institucionalidad.

Frente a esto, señala que ni el jefe de Estado ni el canciller Leyva han acatado la decisión emitida por la Sala de Disciplina de la Procuraduría General, que suspendió al ministro por tres meses y le abrió pliego de cargos —citación a juicio disciplinario— por las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de los pasaportes.

“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la carta política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, aseveró el viceprocurador, en referencia a lo que ha venido ocurriendo.

Considera que las autoridades elegidas democráticamente no pueden, nunca jamás, desviar la conducta de esos principios, pues con estas actitudes debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.

“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, señaló Gómez.

La defensa de Leyva pidió ya revisar la suspensión que pesa en su contra, asegurando que es totalmente desproporcionada. Igualmente, pidió que la procuradora Margarita Cabello se declare impedida para estudiar el recurso por incurrir en prejuzgamientos.