Cancillería cita a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por litigio con Nicaragua

Por los litigios que Nicaragua adelanta en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, la canciller Claudia Blum convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el objetivo de revisar la situación diplomática con ese país.

De acuerdo con una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la reunión de la Comisión Asesora se realizará el viernes 12 de marzo de manera virtual, para evitar riesgos como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la conforman expresidentes, congresistas de oposición y dos delegados del presidente Iván Duque: el exministro Alfonso Gómez Méndez, cuya suplente es la exministra María Consuelo Araújo, y la exministra Noemí Sanín Posada, cuyo reemplazo es el politólogo y analista Fernando Cépeda Ulloa.

En una pasada ocasión, Blum también había citado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en donde se abordaron las acciones diplomáticas adelantadas por Colombia ante la comunidad internacional para la reactivación de la economía en medio de la pandemia por la covid-19.

En aquella ocasión se convocó luego de que el congresista Antonio Sanguino radicara una acción de cumplimiento para que citar a la organización asesora, la cual no tuvo el impacto que buscaba el Gobierno, ya que varios expresidentes se excusaron y no asistieron.

Tensión con Nicaragua

Hace varias semanas, la Cancillería informó que había enviado una nota de protesta a las autoridades de Nicaragua por la decisión que adoptó la Asamblea Nacional de ese país centroamericano de aprobar una normativa en la cual establece unilateralmente la llamada Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense.

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la alerta está prendida por ese panorama, al argumentar que, bajo esa figura, Nicaragua está incluyendo y calificando porciones del mar Caribe que serían de Colombia, como si fueran parte de su territorio.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno nacional, informa que hoy presentó ante Nicaragua su enérgica protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”, se desprende del documento que expidió en su momento la Cancillería.

A renglón seguido expresó el Gobierno Duque: “Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y los logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”.

La Cancillería expuso en su nota de protesta: “Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue más allá y advirtió que “la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medioambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.

No obstante, hace varios años, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló en el pleito entre Colombia y Nicaragua sobre la delimitación marítima, la soberanía del archipiélago de San Andrés y la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.

En esa oportunidad, el tribunal internacional determinó que el archipiélago pertenece a Colombia, pero que la delimitación marítima no estaba definida. Pasó a trazarla, con una línea que para Colombia, en comparación con sus pretensiones históricas, significó una pérdida de 70.000 kilómetros cuadrados.

Pero la decisión, que fue calificada como muy dura con Colombia, no fue un punto final en la pelea diplomática. Nicaragua puso dos demandas adicionales y Colombia, en su momento, interpuso cuatro contra Nicaragua, de las cuales la Corte aceptó dos.