Cancillería reanuda proceso de licitación para la expedición de pasaportes colombianos

Mediante la resolución 7011, la Cancillería reanudó el proceso de licitación N°. LP-001-2023 —que había estado suspendido por una acción popular— para la expedición de pasaportes colombianos, por casi 560.000 millones de pesos, una de las más controversiales del Gobierno Petro.

Del proceso de licitación se ha venido hablando desde el pasado mayo, cuando se denunció un supuesto favorecimiento del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, el que adjudica el contrato, a la multinacional británica Thomas Greg & Sons (TGS), que lleva 17 años suministrando e imprimiendo los pasaportes en Colombia.

A Thomas Greg se le han adjudicado 17 procesos de selección, de los cuales en 14 ha sido oferente único porque, según otras compañías, siempre hacen un pliego sastre para beneficiarla.

De hecho, la Cadena S. A., que estaba bajo la Unidad Temporal Libretas 2023, dio a conocer en la audiencia pública, semanas atrás, que se retiraba del proceso por no tener garantías sobre las reglas de pluralidad de oferentes. De ese modo, el proceso había continuado con Thomas Greg & Sons (TGS), de nuevo, como único oferente.

Pero el pasado 31 de julio el proceso quedó suspendido debido a la acción popular que argumentaba que el proceso licitatorio vulneraba la protección de derechos e intereses colectivos, la moralidad administrativa, la libre competencia y el patrimonio público. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la desestimó.

Desde la desestimación, órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría habían hecho un llamado a la Cancillería para levantar la suspensión del proceso de licitación, como lo acabó de hacer. Ahora, con la modificación del cronograma, la adjudicación del nuevo contrato a Thomas Greg & Sons quedó programada para el martes 5 de septiembre, en audiencia pública, a las 3 p. m.

Procuraduría había instado en avanzar con la licitación

La Procuraduría había advertido sobre la posibilidad de que la demora en la reanudación del proceso licitatorio pudiera generar obstáculos en la entrega de pasaportes y, en consecuencia, afectar el funcionamiento normal del servicio.

Por lo tanto, instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a avanzar con la licitación para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y la entrega oportuna de documentos de viaje a los ciudadanos.

La Cancillería no se había pronunciado. Sin embargo, no se había descartado que lo hiciera en el transcurso de los días, como en efecto sucedió con la resolución 7011, ya que este es uno de los contratos más polémicos que ha tenido al ministro Álvaro Leyva en el ojo del huracán.

Contraloría había hecho una advertencia

Por su parte, la Contraloría General de la República también lanzó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debido al “inminente riesgo” detectado en torno al proceso licitatorio suspendido de suministro, formalización y distribución de pasaportes.

En un pronunciamiento dirigido al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, instó a tomar medidas inmediatas para prevenir la “parálisis o intermitencia” en la expedición de pasaportes tanto a nivel nacional como internacional.

La Contraloría advirtió que, debido a las recientes acciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de la licitación pública referenciada, adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, dijo Zuluaga.