Cancillería respondió a informe de ONU sobre abuso de la Policía en el paro: “Serán sancionados los responsables”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió al informe que elaboró la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que diseñó luego de adelantar una investigación sobre lo sucedido durante el paro nacional de 2021 desde el 28 de abril hasta el 31 de julio.

En ese sentido, la Cancillería de Marta Lucía Ramírez afirmó que el informe de la Organización de las Naciones Unidas lo recibe Colombia con respeto y responsabilidad. El documento, titulado “El paro nacional 2021: lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, abordó la situación de derechos humanos en Colombia, con ocasión del Paro Nacional acontecido entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021.

“En su análisis de lecciones aprendidas, la ONU reconoce que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en materia de protección al derecho de reunión pacífica; la política inequívoca de “cero tolerancia con los abusos de la fuerza pública” reiterada por el presidente de la República y la vicepresidenta y canciller, la celebración de los diálogos del orden nacional y regional, así como la instalación y funcionamiento de la Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas, creada con el fin hacer seguimiento y emitir recomendaciones para garantizar la protesta pacífica”, expresó la Cancillería.

El Gobierno nacional reveló que la ONU celebró otras medidas como el despliegue en todas las regiones del país de delegados de la Procuraduría y el visto bueno para autorizar la visita en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En lo concerniente al esclarecimiento de los delitos denunciados con ocasión de las protestas, la ONU destaca la resolución del fiscal general de la Nación, de fecha 31 de mayo de 2021, que establece que la justicia ordinaria es la competente para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional; así como también la designación de más de 35 equipos especiales en todo el territorio nacional, para adelantar las investigaciones en contexto, privilegiando aquellas situaciones de mayor afectación a la población civil”, recalcó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sumado a ello, la Cancillería dijo que la ONU en el informe hace referencia a los avances que han tenido las investigaciones sobre las muertes relación edad en las jornadas de protesta social, en ese aspecto el Gobierno nacional aseguró que se priorizó la indagación de 278 casos de presunto abuso de autoridad y lesiones personales.

“En atención a lo planteado, el Gobierno Nacional reitera su respaldo al derecho a la reunión pacífica y condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales. Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación. A su vez y coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país”, dijo el Gobierno.

En ese informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que, al parecer, uniformados de la Policía usaron violencia sexual, discriminación y racismo para castigar.

Así miso, la ONU alertó que durante las jornadas de protestas y manifestaciones en las calles se vivió una oleada de violencia y abusos. Entre los resultados que entregó la investigación de 46 casos certificados, se señala que 28 fueron “perpetrados” por la fuerza pública.

“De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y que en al menos diez de estos casos podrían estar vinculados miembros del Esmad. En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en diez casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, se desprende del documento.