Candidato a la Alcaldía de Puerto Triunfo fue señalado ante la Fiscalía por alias Terror

Javier Aristides Guerra Castillo es un conocido político del magdalena medio que desde hace varios meses enfila baterías para ser candidato a la Alcaldía de Puerto Triunfo, puesto que ya ostentó dos veces y no exento de polémica; su nombre sonó en el panorama nacional en abril de 2012 cuando la Fiscalía lo capturó con orden de detención preventiva sin beneficio de excarcelación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso de la líder comunitaria Damary Mejía Ramírez, que fue asesinada el 17 de septiembre de 2001 cuando Guerra Castillo era alcalde del municipio y libraba una batalla mediática en contra de Mejía Ramírez por un proceso de invasión de tierras que ella lideraba en la hacienda Nápoles.

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Aunque familiares de la víctima señalaron que Javier Aristides Guerra amenazó a Mejía Ramírez la misma mañana del día en que la asesinaron, y que su trabajo comunitario era validado por gran parte de Puerto Triunfo menos por la administración municipal, este salió de la prisión preventiva en febrero de 2014 y posteriormente el 11 de noviembre del mismo año se cerró la investigación en su contra, quedando libre de toda sospecha, pues nunca se probó su relación con los grupos paramilitares que en ese momento dominaban la seguridad en el municipio.

En 2017, después de todo este proceso, el exalcalde demandó a la Nación y a la Fiscalía por perjuicios, declarando que su familia tuvo que pedir ayudas porque él estaba de brazos caídos, caso que falló el 15 de febrero de 2019 a su favor, el de su esposa y dos hijos para entregarles a cada uno 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes; fallo que también cobija a sus seis hermanos con una indemnización de 17,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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En la investigación que hubo en su momento contra Aristides Guerra —que también fue alcalde entre 2004-2007— se sostenía que tuvo relaciones con las Autodefensas Campesinas dele Magdalena Medio (ACMM), comandadas por Ramón Isaza, alias El Viejo, y de Oliverio Isaza, alias Terror. Sin embargo, él siempre negó todos los hechos y aseguró que nunca tuvo nada que ver con los grupos paramilitares, quienes tenían el accionar sicarial y delictivo en la región desde principios de la década de los años noventa, esto sin contar con el poder político, como ha sido declarado en las audiencias de Justicia y Paz. Su versión fue apoyada por los Isaza, quienes dijeron que nunca habían tenido relación.

Pese a los antecedentes, la justicia nunca pudo comprobar la connivencia o permisividad de Guerra Castillo con las ACMM. Sin embargo, una versión entregada por el mismo Oliverio Isaza a la Fiscalía 47 de Justicia y Paz el 6 de febrero de 2019 señala que sí hubo dicha relación, pues para mediados del año 2001 los paramilitares robaron 17 tractomulas cargadas de cemento de la empresa Río Claro, material que —según la versión— se le entregó al alcalde para que pavimentara la carretera que va de la Autopista Medellín-Bogotá al corregimiento Las Mercedes, que por entonces era la guarida de las ACMM, obra que en efecto se hizo y se mantienen hasta el día de hoy.

La pavimentación de la vía en efecto tiene un contrato del 28 de julio del año 2000 por licitación pública 0001 con la ingeniera Martha Liliana Sarmiento González y cuyo objeto es “Pavimentación a todo costo de la vía de acceso al corregimiento de Las Mercedes”, y tiene un valor de 159 millones 707 mil pesos. SEMANA trató de hablar con Javier Aristides Guerra sobre este contrato y los nuevos testimonios entregados por Isaza a la Fiscalía, sin embargo no fue posible.

Por su parte, Jeny Castañeda, hija mayor de Damary Mejía, cree que esta nueva información que reposa en la Fiscalía abre un nuevo capítulo en la investigación por la muerte de su madre, que hasta el día de hoy sigue impune, pues se desconoce quiénes fueron los homicidas intelectuales. Y es que desde hace varios años, Catañeda lidera una campaña para que se sepa quien estuvo detrás del asesinato: “Mi hermano es testigo de cómo el entonces alcalde Guerra amenazó a mi mamá y esa misma noche la sacamos muerta de aquí. Hay que decir que este pueblo en esa época estuvo controlado por los paramilitares”.

En una de las versiones de Justicia y Paz entregadas por Ramón Isaza, este aseguró que había dado la orden para que sus hombres asesinaran a Damary Mejía, pero nunca aclaró si hubo movimientos políticos detrás de dicha sentencia.