Lupa a los candidatos cuestionados

A pesar de escándalos tan graves como la parapolítica, la crisis de los partidos, la corrupción y los altos costos de las campañas, los indicadores democráticos han mejorado. El Congreso que Colombia elige hoy en día representa mejor la diversidad colombiana, las preferencias políticas no se definen solo entre liberales y conservadores y el control social al trabajo de los políticos es más eficiente.

Sin embargo, el sistema sigue presentando fallas profundas reproducidas además a nivel local y regional. Cada cuatro años, cuando tienen lugar las elecciones locales, salen a la luz listados de candidatos inhabilitados, algunos involucrados en escándalos de corrupción y otros ligados a la parapolítica. Por eso, en los últimos días se conocieron tres informes preocupantes: dos de la Procuraduría, sobre aspirantes inhabilitados para llegar a alcaldías y gobernaciones, uno hecho por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) sobre candidatos cuestionados y ‘herederos’ de la parapolítica, y otro más, elaborado por la Misión de Observación Electoral, que señala riesgo de fraude en el proceso de inscripción de cédulas en decenas de municipios. El presidente Iván Duque también advirtió sobre el riesgo de que el narcotráfico vuelva a permear la campaña.

Según la Procuraduría hay 695 aspirantes a cargos de elección popular que no están en condiciones de lanzarse. Es decir, que han sido condenados, que hace poco tiempo fueron ordenadores del gasto, que han hecho negocios con el Estado en sus circunscripciones, o que tienen familiares cercanos en la función pública, entre otras razones. Advierte el procurador Fernando Carrillo que este problema tiene que ver con falta de controles de los partidos en el momento de entregar los avales. Sin embargo, las directivas de los mismos tienen otra perspectiva: anotan que la ventanilla única, creada cuando Germán Vargas era ministro del Interior, aún funciona con deficiencias. A esa ventanilla llega información de la Policía, la Fiscalía y los organismos de control pero, según los políticos, lo hace de manera informal.

Desde una perspectiva comparada, la cifra de inhabilitados no es mala si se tiene en cuenta además, que responde a menos del 1 por ciento de los candidatos a corporaciones públicas en el país. Además, el informe de la Procuraduría no menciona candidatos a gobernaciones ni a ciudades capitales. En 2015, según el mismo informe, hubo 734.

En el caso de los concejos municipales, argumentan los partidos, la dificultad radica en que los candidatos definen a último momento en qué lista van. Como no pertenecen a los partidos por ideología, terminan haciendo cálculos de última hora para saltar de uno a otro según les convenga.

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El informe fue útil. En el caso de La U, por ejemplo, de los candidatos reportados por la Procuraduría, Aurelio Iragorri, director de ese partido, le quitó el aval a 37 y le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) una audiencia para tres de ellos para rendir descargos, pues presuntamente no están inhabilitados. En cuanto al resto, le pedirá al CNE revocar el aval pues ya están inscritos. Lo mismo hicieron otros partidos en aras de evitar sanciones. No en vano pueden prohibirles presentar listas futuras en las circunscripciones en donde elijan inhabilitados. En 2017 el CNE le impuso esta sanción a varios partidos por las elecciones de 2015.

En un segundo informe, Carrillo también destapó otro riesgo: el de trashumancia electoral. Al comparar las cédulas registradas en varios municipios con el censo electoral, encontró riesgo de trasteo de votos en 262. Esta cifra es más grave que la de inhabilitados, pues corresponde a una cuarta parte de los municipios del país. Tienen el mayor riesgo Barranquilla, Soledad, Soacha, Cúcuta y Floridablanca. Y los departamentos con más municipios en esas condiciones son Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander y Norte de Santande. En el caso de los santanderes, estos pueden estar asociados a manipulación electoral de migrantes venezolanos.

La sombra de los parapolíticos

El escándalo de la parapolítica tuvo su mayor auge hace ya casi 15 años, cuando Salvatore Mancuso señaló que el 35 por ciento de los congresistas de entonces provenía de zonas de influencia paramilitar. Y hoy, todavía hay herederos de esos parlamentarios. Más que personas ligadas a actores armados o funcionales a su proyecto político, se trata de candidatos con una eventual vinculación a las economías ilegales promovidas por grupos neo paramilitares vinculados al narcotráfico.

La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, investigó los candidatos cuestionados que aspiran a las alcaldías y gobernaciones en todo el país. De los 236 candidatos de 27 departamentos encontraron 98 con indicios de corrupción, parapolítica o relaciones con fuerzas ilegales.

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En estos últimos, el informe de Pares destaca varios nombres. Entre ellos el de Alfonso Llach, avalado por Mais a la Alcaldía de Barrancabermeja; el de Ariel Palacios Calderón, coavalado por el Partido Liberal, el Conservador, la Alianza Verde y Mira, a la Gobernación de Chocó; el del candidato a la Alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco Durán; el de José Nadín Arabia, quien por firmas y por tercera vez aspira ser alcalde de Caucasia; el de Miguel Ángel Gómez, avalado por el Partido Liberal busca llegar a la Alcaldía de Tarazá (Antioquia) y el de Mario Fernández Alcocer, quien avalado por el Partido Liberal busca llegar a la Alcaldía de Sincelejo.

Corrupción y clanes, otras sombras

Para los colombianos, la corrupción es el segundo problema de mayor importancia después del desempleo. Esto se ha hecho más evidente en los últimos años con la explosión de escándalos como el cartel de la toga, y carteles como el de la hemofilia, el de los cuadernos y los de la salud.

En esta elección,los organismos de control han puesto las antenas sobre el tema. Paradójicamente, los especialistas ven el escándalo de Odebrecht, el más grande y mediático, como una de las causas que han generado otras formas de corrupción electoral. En la medida en que las empresas privadas se han inhibido de hacer aportes a las campañas y estas son cada vez más caras, proliferan los candidatos que acuden a formas ilegales de financiación.

Infografía: Radiografía de dos años de corrupción en Colombia

De los 98 candidatos reseñados en el informe de Pares, 53 tienen que ver con escándalos de corrupción. En su mayoría los cuestionan por problemas de contratación cuando ejercieron como alcaldes o directores de empresas públicas o entidades locales (Ver informe completo).

De la mano de los salpicados por corrupción está el caso de los herederos de clanes involucrados en escándalos del pasado, que se reproducen en cada elección. Por ejemplo lo que pasa en La Guajira, donde el movimiento del exgobernador Kiko Gómez, condenado por homicidio, apoya a uno de los candidatos a la gobernación, Delay Magdaniel. Juana Gómez Bacci, hija de Kiko, ha hecho llave con Magdaniel y está dando su primer paso en la política al aspirar a la Asamblea. Del lado opuesto está el candidato Nemesio Roys. Según dijeron varias fuentes a SEMANA, él cuenta con apoyos de personas cercanas a Marquitos Figueroa, acusado de varios asesinatos y libre por vencimiento de términos.

Además de cultura política, Colombia necesita una reforma para acabar con el voto preferente, que encarece las campañas.

En Córdoba, uno de los departamentos más afectados, siguen incidiendo, aunque con menos poder que hace cuatro años. los exsenadores de La U Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías. Ambos están detenidos, el primero por el cartel de la toga y el segundo por Odebrecht. Y ambos tienen candidatos a la Alcaldía de Sahagún, municipio que dominan políticamente. Para la gobernación Besaile apoya al diputado liberal Orlando Benítez y el Ñoño al candidato uribista Carlos Gómez. Este, de paso, tiene el respaldo de la casa política del exgobernador Alejandro Lyons.

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Y en medio de la controversia, Carlos Caicedo, aspira a la Gobernación del Magdalena por firmas. Pero ha sido investigado por presuntamente haber cometido irregularidades en la construcción de cinco puestos de salud y la red de parques. A Jorge Iván Ospina, candidato a la Alcaldía de Cali, la Fiscalía le abrió investigación este año por un asunto relacionado con contratación de servicios de publicidad cuando fue alcalde.

Los problemas de la representación política y los candidatos tienen que ver con asuntos estructurales de la política colombiana. La debilidad de los partidos y de la justicia son dos de ellos. Pero también muestra a las claras que las instituciones electorales necesitan reformas. La Registraduría debe ser modernizada en aras de seguir manteniendo sus altos niveles de calidad y de imagen, y el Consejo Nacional Electoral requiere despolitizarse. Este último cambio tiene una gran dificultad, pues esa entidad hoy depende de los partidos que lo controlan.

En contexto:

Además de mejorar la cultura política, es necesaria una reforma que elimine el voto preferente, que ha encarecido las campañas, debilitado los partidos e impulsado la corrupción. Aunque las cosas han mejorado, se necesita hacer más. Y para eso hay que tener voluntad política y presión popular.