Colombia, un país en campaña

Históricamente, los debates sobre las propuestas electorales solían comenzar un año antes de la elección presidencial. Sin embargo, por cuenta de la firma del acuerdo de paz con las Farc y de las tensiones entre el uribismo, la izquierda y las fuerzas de la Unidad Nacional generadas por este proceso, esta vez la dinámica de la próxima elección presidencial parece haberse anticipado aún más.

Tal vez por esa causa, en el panel denominado ‘La política en el escenario del posconflicto’, el debate sobre la implementación del acuerdo de paz fue prácticamente nulo y los participantes se centraron en mencionar los que deben ser los temas electorales alrededor de los cuales debe girar la próxima campaña. Eso no resultó extraño pues, además, seis participantes en el foro son precandidatos presidenciales. Asistieron Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador; Claudia López, quien ya puso a sonar su aspiración en la Alianza Verde; Sergio Fajardo, que buscará llegar al Palacio de Nariño con su movimiento Compromiso Ciudadano; Jorge Enrique Robledo, quien desde el año pasado anunció que busca ser el candidato del Polo Democrático; Iván Duque, uno de los tres precandidatos del uribismo; y Humberto de la Calle, cuya aspiración ya empezó a sonar en las filas liberales.

Más que una discusión, el panel sirvió para que cada precandidato planteara sus prioridades de cara a la agenda de 2018. Sorprendió la coincidencia alrededor de la bandera de la lucha contra la corrupción y las perspectivas para atacar ese flagelo. Y es que el tema está de moda; según un informe recién publicado por la ONG Transparencia Internacional, Colombia se mantiene como uno de los países con una más alta percepción sobre corrupción en América Latina. A esto se suma el escándalo de Odebrecht, que desde hace varias semanas puso a todos los líderes de opinión a plantear la necesidad de buscarle soluciones al robo de los recursos públicos. El mismo presidente Santos firmó la semana pasada el decreto para modificar el régimen de contratación de las organizaciones sin ánimo de lucro, y anunció dos leyes anticorrupción para que las empresas hagan público el nombre de los beneficiarios de sus actividades, por un lado, y para eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos, entre otros.

Desde sus orillas, los precandidatos mostraron que conciben diferentes formas de luchar contra el flagelo. Marta Lucía Ramírez –quien insistió en que busca derrotar por la vía política a las Farc–anunció la importancia de poner la lupa sobre lo que pasará con los recursos del grupo exguerrillero y planteó como un aspecto prioritario fortalecer los partidos y reformar el sistema electoral. Por su parte, el senador Robledo insistió en que la lucha contra la corrupción no debe ser una bandera de izquierda o de derecha, y en que atacar ese problema supone acabar con las formas tradicionales de hacer política en Colombia. “El clientelismo no es una percepción del sistema: es el sistema”, dijo.

Fajardo retomó el eje de sus anteriores campañas presidenciales y señaló que la mejor manera para combatir la corrupción es construir un país educado. “Tenemos un país fracturado, indignado y despistado. Necesitamos apuntarles a la reconciliación, la inversión en cultura y la seguridad ciudadana”, señaló, al tiempo que puso especial énfasis en acabar con la cultura del ‘todo vale’ y del intercambio de favores políticos que afecta las arcas públicas. Con él coincidió Claudia López, quien hace unas semanas lanzó una iniciativa para promover un proyecto de ley de origen ciudadano contra la corrupción. La senadora también considera que el crecimiento del país se ha visto afectado por cuenta de las dinámicas de poder, que a nivel local, regional y nacional hacen posible la existencia de ‘empresarios’ de la política que se enriquecen a partir de coimas y comisiones por incidir en la adjudicación de contratos. Aunque no precisó cómo, López insistió en la importancia de construir “ciudadanía, Estado y mercado”.

Para el uribista Iván Duque, la creación de transparencia está ligada a la posibilidad de generar un mayor crecimiento económico con impacto en áreas como la cultura, el patrimonio, la innovación, el deporte, la formalidad y la infraestructura, así como con el impulso a la participación. “La prioridad del posconflicto debe ser la búsqueda de la felicidad ciudadana. Eso solo se logra cuando cada persona pueda hacer uso de la libertad, con una economía dinámica”, asegura.

Concluyó el panel Humberto de la Calle, quien, como jefe del equipo negociador en el proceso con las Farc, hizo énfasis en que el compromiso con la implementación de los acuerdos debe ser una prioridad en la agenda electoral de 2018. Y aunque le exigió fuertemente a la cúpula guerrillera dejar de aplazar la entrega de los niños que formaban parte del grupo armado, insistió en que una adecuada implementación de lo acordado en La Habana permitirá construir un país que le pueda apostar a la “lucha contra la inequidad, y de construcción de lo público”.

Más allá de los temas que consideran prioritarios para el país, los seis panelistas parten del supuesto de que las instituciones políticas colombianas pasan por una de las más profundas crisis de legitimidad. Y en Colombia, asumir que todo debe mejorar siempre ha sido un lugar común. Esta vez, el optimismo moderado que –exceptuando a candidatos de derecha como Marta Lucía Ramírez e Iván Duque– generó el proceso de paz tampoco fue suficiente como para que ‘sacar al país de la crisis’ deje de ser un tema de campaña.

La lucha contra la corrupción estará en la agenda de los medios y de los líderes políticos que, en este caso, y exceptuando a De La Calle, parecen dar como superado el tema de la implementación. Sin embargo, falta mucho trecho por recorrer. Queda más de año y medio para la primera vuelta presidencial, tiempo en el que cualquier otra coyuntura puede tomarse la agenda del país del posconflicto.