A prisiones de máxima seguridad, por extorsionar desde la cárcel

Cuando los agentes del Gaula de la Policía pasaron el detector de metales por el cuerpo de Juan, el aparato se alocó. Sonó una vez, dos veces, tres y nada; no encontraban dónde podía tener escondido el reo desnudo un objeto de metal. Cuando procedieron a entrevistarlo confesó que tenía oculto un celular en el estómago. Con ese aparato realizaba sus llamadas de extorsión desde la cárcel de Guaduas en Cundinamarca.

Pero este es sólo un caso de los 201 que fueron judicializados durante el operativo contra la extorsión que presentaron esta mañana el ministro de defensa Luis Carlos Villegas y la vicefiscal María Paulina Riveros. Al igual que él, 34 cabecillas fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad y 167 de sus cómplices fueron aprehendidos en el exterior. En conjunto, las redes de chantaje manejaban un volumen de cerca de 5.000 millones de pesos sustraídos a sus víctimas cada mes en 10 cárceles del país.

Durante el operativo “Demoledor” en el que participaron en conjunto 1.883 agentes del CTI, de la Policía y del Inpec fueron también decomisados 246 celulares, 29 agendas con información de 10 mil víctimas potenciales, poco menos de un millón de pesos en efectivo y 160 armas blancas.

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Pero lo realmente novedoso es que en el futuro ya no se harán intervenciones en las prisiones sino allanamientos, que permitirán vincular penalmente los funcionarios involucrados en los delitos. Incluso, anunció la vicefiscal, se podrá realizar extinción de dominio sobre sus bienes personales, como parte de la cruzada nacional contra la extorsiones decretada por el gobierno.

Un problema recurrente

De acuerdo con Riveros, a mediados de marzo de 2016, el gobierno realizó una primera operación en la cárcel La Picaleña, de Ibagué. Frente a la reducción de las denuncias expuestas en el censo delictivo semanal del Tolima, Risaralda y Valle del Cauca, se decidió replicar el modelo en las prisiones de la Cómbita en Boyacá; Guaduas, Cundinamarca; La Ternera en Cartagena; Las Mercedes en Córdoba; Doña Juana en Caldas; El Pedregal en Medellín; Palo Gordo de Santander; San Isidro en el Cauca y La Vega, Sucre.

El problema no es nuevo en Colombia. Tan sólo el año pasado, la Policía Nacional identificó 32 cárceles prioritarias de entre las 184 que tiene el país en donde se ejecutaba esa modalidad. Si bien, con las operaciones realizadas, se descartaron nueve de ellas en donde no hubo reincidencia según las autoridades, la tolerancia de ciertos guardias de prisión con el ingreso de aparatos de comunicación y la incapacidad de los sistemas inhibidores de señal para cubrir todo el espacio de las cárceles han limitado su eficacia.  

Algunas cárceles urbanas, como la Picaleña de Ibagué se encuentran incluso tan cerca de las antenas parabólicas de los operadores móviles, que la tarea de bloquear las redes de celular se vuelve casi imposible. En particular cuando los delincuentes disponen de tecnología como los 4 modems que fueron incautados en esta ocasión.

Por el momento, la solución consistió en enviar los delincuentes reincidentes a cárceles de alta seguridad, pero queda pendiente conocer las disposiciones que tomará la mesa de gobierno presidida por el director de seguridad ciudadana para impedir que las prisiones sigan siendo un “santuario del crimen”, como las describió hoy el ministro Villegas.