La historia detrás de la operación encubierta

El caso del fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo y Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil tiene algunas verdades, pero también muchos cabos sueltos. Evidentemente se trata de un caso de corrupción en el que un funcionario y un exsenador estarían dispuestos a cometer delitos a cambio de dinero. Pero no resulta tan claro si esos delitos, en cuyo operativo participó un agente encubierto, estaban en curso desde antes, o este los provocó cuando entró en escena. Tampoco se sabe si la supuesta oferta de los acusados de ‘incidir’ en la extradición de Santrich era real o se trataba simplemente de un cañazo ante la tentadora oferta de millones de dólares.

La historia ha sido una bomba tanto para el mundo político como judicial. Y se ha deshojado, día a día, desde las sonadas capturas de Bermeo y Gil junto con otras tres personas el 1 de marzo. Sin embargo, según los documentos del expediente, todo empezó con total hermetismo poco antes. El 25 de febrero la DEA le dirigió un memorando a la Fiscalía en el que informó de una organización corrupta que ofrecía vender, retardar u omitir decisiones judiciales en procesos “específicos y sensitivos para Colombia y Estados Unidos, a cambio de la suma aproximada de 500.000 dólares”.

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A renglón seguido, la agencia antidroga le propuso a la Fiscalía realizar un operativo en el que un agente encubierto haría un supuesto pago para capturar a los sospechosos en flagrancia. Exactamente eso hicieron. El propio Néstor Humberto Martínez firmó una resolución para el retiro de los dólares en efectivo del Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía. La custodia de los fajos recayó en una agente del CTI que estuvo en la operación y tenía la responsabilidad de retornar la fortuna una vez todo concluyera.

En entrevista con Blu Radio, el fiscal dijo que la DEA informó de la existencia de una organización criminal en la JEP  y por eso decidieron intervenir para recabar pruebas para poder llevar ante la justicia a un fiscal de la Jep. Aclaró que no le ofrecieron dinero, sino que decidieron actuar cuando ya Bermeo había exigido dinero para impedir la extradición de Santrich. 

Foto: El fiscal de la JEP cayó con el exsenador Luis Alberto Gil momentos después de haber recibido 40.000 dólares. Bermeo fue candidato a la alcaldía de Popayán por el partido Convergencia Ciudadana, fundado por Gil.

Los hechos concretos ocurrieron en dos hoteles cercanos entre sí en el norte de Bogotá. La primera escena grabada en video corresponde a una discusión al final de la mañana, en la habitación 504 del hotel Artisan. Tiene lugar entre Orlando Villamizar –amigo del Tuerto Gil–, el agente encubierto –al parecer mexicano– y otra persona –un informante de la DEA–. En el lugar, Villamizar y el mexicano tratan de cerrar un negocio de millones de dólares. La grabación es oscura y bastante defectuosa. Sin embargo, aparece Villamizar contando una cantidad importante de efectivo y en algún momento señala “Cien de cien”. Luego dice “no quiero tener esto aquí”, ante lo cual el mexicano le propone quedarse con la plata, mientras él se va a reunir con el senador y el fiscal Bermeo en el hotel JW Marriott, a pocas cuadras de allí. Tras una larga discusión, el video concluye con la salida del mexicano y la fuente del lugar.

La siguiente escena ocurre hacia el mediodía en el Marriott. En el restaurante están el agente encubierto mexicano y el informante de la DEA, y llega el exsenador Gil. Los tres hombres charlan y al cabo de un rato aparece Bermeo. Saluda al mexicano y al informante. Se sientan, conversan, y en un momento el agente encubierto le entrega varios fajos de billetes por debajo de la mesa. Bermeo los toma y guarda bajo su saco. Todo el país conoció esa imagen: el momento en que el fiscal de la JEP se embolsilla 40.000 dólares.

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Tras esto, Bermeo se aparta y va hacia la recepción, donde lo esperaba su mujer, Cristina Solarte. Juntos van al baño. El fiscal sale de allí y regresa a la reunión, ya sin el efectivo, los cuatro fajos, que le acaba de entregar a su pareja.

El país conoce lo que siguió: Bermeo regresó a la mesa donde había servidas varias copas de coñac, y allí agentes del CTI lo detuvieron junto a Gil. Los funcionarios observaron que Bermeo ya no tenía el dinero y fueron con él hacia el baño donde había estado. Una cámara de seguridad evidencia que en el momento en que ellos ingresan a ese lugar –a las 12:49– camina en dirección opuesta Cristina Solarte. Esta trata de seguir su marcha como si nada, evitando a Bermeo, quien ya está en poder de las autoridades. Pero los agentes la detienen, le abren su bolso y allí encuentran los cuatro fajos, cada uno de 10.000 dólares.

Entretanto, en el otro hotel, ocurría la otra parte de la historia. Orlando Villamizar, el agente encubierto y el informante de la DEA salieron de la habitación donde habían estado negociando y se instalaron en el lobby. La cámara de seguridad del lugar revela que allí estaba Yamid Prieto –el conductor de Gil–. Este y Villamizar se quedaron en esa sala, mientras el mexicano y el informante salen hacia el hotel JW Marriott para reunirse con Bermeo. Pasa un rato hasta que –a las 12:27– una mujer que llega con una maleta aborda a Villamizar y Prieto.

La Fiscalía explicó en las audiencias judiciales que esa mujer, conocida como Mafe, hace parte del CTI, y se encargó de entregar 460.000 dólares contenidos en la valija. En el video aparece que la mujer llega, pone la maleta sobre una silla e inicia una charla. Después hace varios ademanes hasta que finalmente deja la maleta entre las piernas de Prieto y se va. Poco después llega el CTI y los captura “en flagrancia”. Para la Fiscalía, Villamizar y el conductor de Gil tenian conciencia de estar recibiendo una maleta cargada de plata. Para los acusados, les plantaron una maleta que ellos nunca tocaron con el fin de incriminarlos.

Al momento de la detención, los investigadores revisaron el equipaje y extrajeron decenas de fajos de dólares. En total, 460.000 que sumados a los 40.000, que recibió Bermeo, redondean 500.000. La suma que, según la Fiscalía, era el primer pago de un total de 2 millones de dólares, como precio acordado por incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo en las audiencias que esa suma ascendía en realidad a 10 millones de dólares.

A partir de ahí se desprenden varias incógnitas. La primera tiene que ver precisamente con la vinculación de Santrich en este escándalo. Es verdad que en los audios de las charlas entre el agente encubierto con Gil, Bermeo y Villamizar mencionan el nombre del exjefe guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos. Pero por la deficiencia de los audios y porque hablan de forma cifrada con medias palabras, no está claro qué dicen concretamente. Además, sorprende que, según la Fiscalía, Bermeo no se limitó a incidir en el proceso de extradición de Santrich ante los magistrados, sino que también propició el extravío de la carta que la JEP envió a Washington para solicitar las pruebas contra el exguerrillero.

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Para esta acusación la Fiscalía se apoya en una conversación que tuvo lugar en la mesa del JW Marriott. En esta, el agente infiltrado le pregunta a Bermeo por el mecanismo a usar, y este dice que implicaría órdenes de Policía Judicial y prórrogas para retardar. Además, –sin dar nombres– menciona que cuenta con un magistrado y un secretario aliados. Luego, el fiscal de la JEP agrega: “Se dio cuenta que enviaron unos documentos la DEA para la extradición y les devolvieron. Santrich quedó feliz y la verdad eso está saliendo bien”. Ante esto, el agente encubierto insiste en preguntarle a Bermeo si él tuvo que ver con eso. Y este responde con evasivas para finalmente lanzar una frase poco clara: “La carta está dañada. Eso se pegaron una emputada esos de la DEA, pero ya llevamos 2 meses y 15 días”. Tras esto, Bermeo recibió los 40.000 dólares y lo capturaron.

Para la Fiscalía, la confusa conversación indica que Bermeo, Gil y compañía tenían una red poderosísima, capaz de desviar el destino de la famosa carta que la ministra de Justicia envió a través de la empresa oficial de correos 4-72. Y que se preparaban para dar otro golpe y, así, seguir torpedeando la extradición de Santrich.

Foto: “Resultaría ilógico que, después de esas imágenes bochornosas de un funcionario de la JEP aferrado a un fajo de dólares, el responsable termine siendo la autoridad, ¿para dónde vamos?", se pregunta el fiscal.

En fin, el caso tiene hechos de corrupción, pero también muchos cabos sueltos. La propia Procuraduría ha puesto en duda no solo la conexidad con Santrich, sino también la legalidad de la operación. La pregunta de fondo es si hubo agente encubierto o agente provocador. En Colombia es legal infiltrar un agente encubierto siempre y cuando sirva para obtener pruebas y no para provocar los delitos. Para los críticos el hecho de que en este caso la plata haya salido de la Fiscalía evidencia que hubo un entrampamiento, figura prohibida en el país, pero legal en Estados Unidos. La Fiscalía ha negado esta interpretación, aunque los videos no le dan la razón a ninguna de las dos partes. “Resultaría ilógico que, después de esas imágenes bochornosas de un funcionario de la JEP aferrado a un fajo de dólares, el responsable termine siendo la autoridad, ¿para dónde vamos?”, se preguntó Martínez Neira. También reiteró que la misma magistrada de la JEP, Patricia Linares, reconoció la importancia de desarticular esas redes de corrupción, y que en ningún momento se buscó desacreditar a la JEP, sino que esta seguría funcionando plenamente como lo ha hecho hasta ahora. 

Pero así mismo resulta estrambótico suponer que alguien ofrezca 10 millones de dólares por entorpecer la extradición de Jesús Santrich. Sobornos de esa magnitud servirían para que el narcotráfico pagara la elección de un presidente o el fin de la extradición. Pensar que alguien va a destinar esa cifra a evitar la extradición de Santrich es un despropósito.

Al respecto el fiscal general dijo a la W Radio: “Hay que decirlo de manera categórica: si tuviéramos alguna prueba de la intervención del señor Santrich en este acto de corrupción a la justicia, el señor ya hubiera sido imputado por la Fiscalía General de la Nación; pero no tenemos ninguna evidencia y eso hay que decirlo”.

Foto: La propia Procuraduría ha puesto en duda no solo la conexidad con Santrich, sino también la legalidad de la operación.

Así mismo, resulta difícil pensar que Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, quien purgó una condena de siete años por parapolítica, sea el hombre para llevar a cabo una misión en pro de un comandante de las Farc.

Sobre el extravío de la carta, hay que recordar que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, asumió ese oso, y que 4-72 señaló que hubo un error por exceso de encomiendas en las bodegas, lo que hizo que la misiva terminara en Panamá. Además, ese retraso en lugar de beneficiar a Santrich lo perjudicó. Él fue el más indignado cuando se hizo pública esa situación, pues le significa más meses de cárcel a la espera de que le resuelvan su situación. Y queda una pregunta aún más complicada: si la Fiscalía autorizó el agente encubierto y la operación el 28 de febrero, ¿quién pagó para desviar la carta en diciembre del año pasado?

Por otra parte, no tenía mucho sentido sobornar a alguien para evitar la extradición de Santrich porque todo indicaba que la propia JEP no lo iba a extraditar sin pruebas de los gringos, y estos no estaban dispuestos a aportarlas. Adicionalmente, se sabe que la Corte Suprema de Justicia, de la que depende la decisión, se inclina a seguir sus propios precedentes que priorizan los derechos de las víctimas para que los criminales sean juzgados primero en Colombia.

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Otro asunto sobre el cual hay controversia tiene que ver con la acusación de la Fiscalía a Bermeo y a Gil por estar supuestamente involucrados en un cargamento de 120 kilos de cocaína, con destino a Roma. Ese cargo también se desprende de los confusos audios. En estos efectivamente hay una conversación entre Bermeo y el agente encubierto, delante del exsenador Gil, en la que el fiscal de la JEP asegura tener una discoteca en la capital de Italia y menciona el envío de 120 kilos. Los abogados de Bermeo insisten en que esa fue otra “habladuría” sin fundamento y que nadie dijo la palabra “cocaína”. Por su parte, Gabriel Sandoval, el fiscal especializado de la unidad antinarcóticos a cargo del caso, argumenta que el lenguaje cifrado es típico de los narcos. Lo que definitivamente no es típico de los narcos es exportar cientos de kilos de cocaína y simultáneamente tener un cargo de fiscal auxiliar con un salario mensual de 9 millones de pesos.

La situación judicial hasta ahora es la siguiente: Bermeo, Gil y los otros tres capturados no admitieron cargos. Hay un enfrentamiento entre la Fiscalía y la Procuraduría sobre el alcance de las pruebas. Y la jueza de garantías del caso se pronunciará este jueves sobre enviarlos a la cárcel o no.