España: los caminos que conducen al megaasalto en la Costa

Se acaba de levantar –en simultáneo en Europa y Colombia– el telón de una trama transcontinental que mezcla capturas en España, sórdidos contratos, millones de euros sacados del bolsillo de los costeños, peticiones de extradición, operaciones de espionaje, excrementos flotando en el mar de Santa Marta y decenas de políticos temblando en la costa Atlántica colombiana.

Desde el pasado martes, cuando la Guardia Civil española puso en marcha la operación Lezo y capturó a una docena de directivos del Partido Popular (ala derecha del espectro político ibérico) la prensa de la península no habla de otra cosa que del megaescándalo el cual tiene serias implicaciones en Santa Marta, Barranquilla y en una veintena más de municipios del norte del país hasta donde llegaron los tentáculos de una empresa de corrupción que ahora se está desplomando.

La estrepitosa caída implica un sismo político en España. Incluso el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del PP, ya recibió la citación de un juez para que declare ante el estrado. El mandatario deberá explicar, entre otras cosas, el alcance de sus vínculos con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y con su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos fueron capturados junto a una decena más de cuadros directivos del partido de gobierno. La justicia española, que además ordenó 30 allanamientos en oficinas, los puso tras las rejas y les atribuye los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

En síntesis se les acusa del desfalco de más de 23 millones de euros a través de la empresa pública Canal de Isabel II, que opera el servicio de agua en la capital española. El PP lleva 17 años gobernando Madrid. Y entre 2003 y 2015 las riendas de esa administración estuvieron en manos de González ya como presidente de la Comunidad Autónoma, vicepresidente o como máximo directivo de Canal. Bajo el poder de Rodríguez la empresa se propagó creando filiales. La principal es firma Inassa, con domicilio principal en Barranquilla y desde donde se ha dirigido la cuestionada operación de expansión en Colombia y hacia el resto de América Latina.

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Desde 1991 los españoles se hicieron con un contrato de arrendamiento para involucrarse en la operación del acueducto y alcantarillado de Santa Marta, el cual regenta la empresa de servicios públicos Metroagua. Los principales accionistas de Metroagua son: el Distrito de Santa Marta (28 por ciento) Inassa (32 por ciento) y Termotécnicas y Eléctricas de Medellín (33 por ciento). Inicialmente el negocio parecía favorable para los samarios pues la ciudad recibiría el 33 por ciento de la facturación bruta y tendría libertad para declarar la caducidad del contrato frente al incumplimiento de las partes. Pero con el correr de los años al contrato le fueron colgando cuatro otrosíes que inexplicablemente aventajaban a los españoles en detrimento de los usuarios y del propio municipio, que terminó recibiendo apenas el 2 por ciento de la facturación y perdió la posibilidad de dar por terminado el negocio.

La habilidad de los españoles y la complicidad de las autoridades locales, hicieron que el acueducto terminara ‘secuestrado’ por los privados y que los samarios sufrieran por décadas de un pésimo servicio. Las alcantarillas rebosadas, el desabastecimiento de agua e inmundicias vertidas en el mar hicieron parte del paisaje de Santa Marta.

En Barranquilla el negocio tampoco ha sido favorable para la ciudad. Inassa se asoció a Triple A, la empresa operadora del acueducto y el alcantarillado, y fue creciendo hasta hacerse con la mayoría accionaria. Tras unas inversiones de ampliación de redes para darle agua al sur de La Arenosa con recursos de la Nación por valor de 70.000 millones de pesos, inexplicablemente la ciudad perdió participación accionaria al pasar del 84 al 67 por ciento. Después resultó que la ciudad renunció a recibir las regalías anuales a cambio de que fueran invertidas en ampliación de cobertura. Y posteriormente, en 2005, la empresa se vio obligada a una emisión de acciones por valor de 180.000 millones de pesos y como el Distrito no invirtió lo que le correspondía, terminó disminuyendo finalmente su participación accionaria a solo el 14 por ciento mientras los españoles y los socios colombianos aumentaban su participación quedándose con el 83 por ciento de la Triple A.

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El detrimento de los recursos públicos, el caos del servicio y la buena fortuna de los españoles en la costa se ha dado a pesar de que los ciudadanos han acudido insistentemente ante las autoridades, y sin importar que las movidas irregulares han ocupado más de una vez la primera plana de los medios, tanto en Colombia como en España. En la Fiscalía nunca ha prosperado ningún proceso que comprometa los intereses de Inassa. En la Procuraduría, hasta el año pasado, fue peor: hubo cuando menos diez expedientes, uno incluso en el despacho de la exviceprocuradora Martha Castañeda Curvelo. Los pocos expedientes que tuvieron alguna actividad terminaron con el rótulo de “hechos displinariamente irrelevantes”, los otros, simplemente nadie los miró nunca.

El único revés que ha tenido Inassa fue por cuenta de la Corte Constitucional que les tumbó otra línea de negocio. En 2002, bajo la alcaldía de Hugo Gnecco, Santa Marta se asoció con la firma Recaudos & Tributos, controlada por Inassa, para operar el cobro de los impuestos. Delegar esa misión en un particular es ilegal en Colombia, pero Inassa logró operarlo por 13 años hasta que en 2015 el máximo tribunal se pronunció ordenando a R&T la devolución de la base de datos de los contribuyentes samarios y retornando la tarea del recaudo a la ciudad. Fue un triunfo del alcalde Carlos Caicedo, quien se gastó buen tiempo de gestión liberando la ciudad de la corrupción de una empresa española.

Para instalar el entramado de corrupción en Colombia, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se valió principalmente de dos personas: Ignacio Rodríguez Sobrino, su mano derecha y María Fernanda Richmond, directora financiera de Canal de Isabel II y miembro principal de Inassa. Ambos fueron capturados en España y deberán explicar no solo el capítulo Colombia –Triple A opera en 16 municipios de la costa–, sino toda la expansión de la firma a Ecuador, República Dominicana, Panamá, Brasil, México, Venezuela y Haití.

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El año pasado Rodríguez Sobrino fue desbancado de la presidencia de Inassa para América Latina porque su nombre apareció en los Panama Papers y porque fue la cabeza visible de la compra de la firma de ingeniería Emissao en Brasil por 29 millones de dólares, una cifra que en Madrid se considera el doble del valor real. La compra de Emissao se realizó a través de la sociedad Soluciones Andinas de Agua de Uruguay, firma que carece de actividad y los pagos procedieron de cuentas suizas.

A Rodríguez Sobrino y a su jefe, Ignacio González, las autoridades ibéricas los están siguiendo desde 2008. Ese año, en un viaje que realizaron a Cartagena de Indias, los dos fueron espiados por agentes de inteligencia de la Guardia Civil española, quienes los grabaron y fotografiaron ingresando a una casa del centro histórico con varias bolsas blancas. Los investigadores sospechaban que se trataba de sacos cargados de billetes. Poco después el video del seguimiento fue revelado por la Cadena Ser de España, con lo que estalló un gran escándalo pues González entonces era nada menos que vicepresidente de la Comunidad de Madrid, lo que se asimila a algo más que la Alcaldía de Bogotá. El político insistió en que lo que llevaban eran “bolsas con toallas”.

La periodista Pilar Velasco, quien reveló el video tuvo que afrontar un largo proceso penal pues González emprendió acciones legales en su contra empleando a los mejores abogados de España. Pero al final la Justicia la respaldó con el argumento de que se trataba de un personaje público y que la información difundida era de gran interés. Ahora que los directivos del Partido Popular en cuestión han sido capturados, Velasco es la periodista más felicitada de España.

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Esta semana, al mismo tiempo que la Guardia Civil española adelantaba las capturas y allanamientos en su territorio, en Colombia, por primera vez, las autoridades también concretaron determinaciones contra Inassa.

Gracias a la insistencia del exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, y a su sucesor, Rafael Martínez, se logró que un juez ordenara romper legalmente el dominio de Metroagua sobre el acueducto y alcantarillado de la ciudad y que se inicie el proceso de adjudicación a un nuevo operario. Aunque el fallo se produjo hace unos meses, el pasado miércoles se materializó y por fin la ciudad pudo expulsar del negocio a los españoles. Al conocerse el fallo los españoles iniciaron una reclamación por 58.000 millones de pesos por supuestas inversiones y mejoras al acueducto, aunque los informes técnicos de la Procuraduría, tras inspeccionar la red concluyen que “no invirtieron ni en un tornillo”.

Precisamente por ello el procurador Fernando Carrillo ordenó la apertura formal de una investigación contra Inassa, tal como ocurrió con los directivos en Colombia de Odebrecht, que aunque son privados están rindiendo cuentas ante el Ministerio Público pues hay implicados cuantiosos recursos públicos.

Además, en las próximas semanas Carrillo irá a España –donde fue embajador– para buscar una alianza con las autoridades de ese país a fin de que la Procuraduría pueda conocer formalmente todo el intríngulis de Inassa en Colombia, y descubrir cuáles son los funcionarios públicos responsables de que los españoles hayan hecho y deshecho en la costa Atlántica sin que nadie les planteara un pero. Es decir cuántos funcionarios y empresarios están involucrados en actos de corrupción. Si la colaboración es efectiva se podría descubrir qué llevaban las bolsas blancas y quién se quedó con estas.