NACIÓN
Captura de funcionario de la Procuraduría tardó dos meses después de la orden de un juez
El documento de un juzgado confirma que la decisión de detener preventivamente al funcionario se tomó el pasado 24 de noviembre. Es señalado de exigir dinero a cambio de favorecer procesos en la entidad.
La captura de un alto funcionario de la Procuraduría ha generado revuelo en la justicia. Se trata de Jesús Alejandro Garzón Rincón, un abogado que ingresó a la entidad en el año 1993 y que tras décadas de hacer carrera administrativa en la entidad hoy la pone en la picota pública.
Garzón fue capturado por, supuestamente, ofrecer a cambio de millonarios pagos la posibilidad de modificar los fallos disciplinarios que afectaban a funcionarios investigados por el Ministerio Público.
La Procuraduría de Carrillo había presentado la denuncia de manera oficial el año pasado y el caso avanzó en la justicia. Sin embargo, el documento de la orden de captura generó controversia. Según ese escrito, firmado por el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías, la decisión de detenerlo preventivamente se habría dado el pasado 24 de noviembre. No obstante, solo se habría ejecutado hasta este 22 de enero.
Por ahora, la Fiscalía no ha explicado de manera oficial por qué tardó casi tres meses en capturarlo, pero de manera informal se sabe que el funcionario tuvo quebrantos de salud y habría sufrido de coronavirus. En el momento de la captura, el hombre utilizaba aún un tanque de oxígeno.
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El entonces procurador Carrillo advirtió unos días antes de dejar su cargo que ese proceso estaba en curso y que le generaba inquietud. “En diciembre de 2019 el procurador general tuvo conocimiento de los presuntos hechos delictivos y, como parte de la estrategia de transparencia y control interno, ordenó iniciar una verificación que contó con el apoyo investigativo del Área Anticorrupción de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) de la Policía Nacional, así como denunciar penalmente ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción”, señaló la Procuraduría en un comunicado del 15 de enero de 2021, horas antes de que Carrillo dejara el cargo.
El senador Richard Aguilar le contó a la periodista Vicky Dávila la historia de cómo terminó este capítulo. “Manifiéstele al senador que había un fallo en su contra”, relató Aguilar sobre un mensaje que recibió cuando le abrieron la investigación. “Danos unos recursos para que el fallo sea favorable”, le habrían dicho después. El parlamentario agregó que las peticiones eran muy claras y que le advertían que, de no cumplirlas, la sentencia podría no ser favorable a él. “Me pidieron 300 millones de pesos”, aseguró.
El senador relató que decidió en ese momento poner el caso ante las autoridades. En primer lugar, Aguilar se comunicó con la Procuraduría de Fernando Carrillo. Allí comenzó la investigación y luego se le dio traslado a la Fiscalía. “No era de las entrañas del procurador, pero sí trabajaba allí y tenía mucha injerencia en los procesos”, agregó.
Aguilar aseguró que él no buscó directamente a Fernando Carrillo, pues tenía la condición de investigado y sentía que eso no quedaba bien. Su abogado hizo un contacto formal con la Procuraduría y allí le insistieron en que presentara la denuncia formalmente para que pudieran abrir un proceso.
La denuncia de Aguilar causó sorpresa en la entidad, pues se trataba de un funcionario a quien le tenían confianza. Llevaba más de 25 años en la entidad. En el año 2005 había sido ascendido a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Disciplinarios, en 2008 fue nombrado asesor Grado 21, en 2011 fue trasladado a Santander como procurador regional y luego de un tiempo de comisión en la Personería regresó a la entidad en 2019.
Por cuenta de las pesquisas que se adelantaron, y en gran parte por la colaboración que prestó el senador Aguilar en la investigación, el 17 de diciembre de 2019 el entonces procurador Carrillo trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación.
Garzón continuó trabajando en la entidad mientras el proceso avanzó y el pasado 15 de enero fue suspendido provisionalmente. Según relató la actual procuradora, Margarita Cabello, concentrará los esfuerzos de su gestión en “limpiar” la entidad. “En este punto será importante el respaldo y acompañamiento de las autoridades, quienes deberán ayudarme a depurar la entidad. Hoy la Fiscalía demuestra que así será”, dijo este viernes.
La Fiscalía espera que con la captura de Garzón se presenten más víctimas al proceso y se puedan tener más elementos para develar si Garzón actuaba solo o era parte de una red más grande dentro de la misma entidad.
