NACIÓN
Capturan a 11 policías activos por presuntos actos de corrupción en La Guajira
Al parecer, los uniformados permitían el ingreso de mercancía de contrabando desde Venezuela.
Este sábado se conoció la captura de 11 policías activos acusados de presuntos actos de corrupción en el departamento de La Guajira. Luego de más de un año de investigación, autoridades establecieron que los uniformados al parecer permitían el paso de productos cárnicos, licores, cigarrillos, entre otros.
“Los investigadores lograron establecer que algunos policías adscritos al Departamento de Policía La Guajira, entre los que se encuentran tres funcionarios en el grado de Intendente y ocho en el grado de patrulleros, estaban realizando actividades asociadas al favorecimiento de contrabando, teniendo como foco de los actos de corrupción”, indicó la Policía.
La Policía y la Fiscalía en un trabajo articulado lograron desarticular una red de contrabando conformados por policías activos en el departamento de la Guajira.
Según con la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, “en coordinación con el Grupo de Operaciones Estratégicas de Contrainteligencia y la Fiscalía General de la Nación, realizó la captura de 11 integrantes de la institución activos, uno en retiro y cuatro agentes corruptores, quienes valiéndose de su cargo omitían el ejercicio de sus funciones constitucionales con el fin de permitir el ingreso de mercancía de contrabando proveniente desde Venezuela”.
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“De igual manera, se pudo asociar dentro del proceso que estos individuos aprovechaban su investidura para negociar de manera fraudulenta en la ciudad de Riohacha, con tráfico de estupefacientes, tráfico de armas de fuego, municiones, accesorios y demás delitos conexos, de los cuales obtenían utilidades significativas por un valor aproximado de 700 millones de pesos, provenientes de estos ilícitos”, indicó el director de la Dijín el general Fernando Murillo.
Agregó el oficial que “además de las capturas de los funcionarios de la fuerza pública se destacan los particulares Jeider Martínez Castro, conocido como “Amarillo”, quien presuntamente permeaba a través del pago de dádivas a los uniformados, para que omitieran sus funciones constitucionales, permitiendo el ingreso de la mercancía de contrabando”.
Otras de las capturas que se resaltan son las de Diego Armando Cobos Gómez, alias “Diego o Pocho”, y Angie Paola Sierra Rodríguez, quienes habrían participado como coordinadores para el pago de dadivas, logística de ingreso de la mercancía de contrabando y comercialización de armas de fuego en el departamento de la Guajira.
Los 18 capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho.
Ofensiva contra la corrupción
Este operativo contra la corrupción en el sector público se suma al recientemente adelantado también por la Dijín en que capturó a dos funcionarias adscritas a la Secretaría de Bienestar social y Participación Comunitaria y de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Alcaldía municipal de El Retiro, Antioquia, y a un agente corruptor.
Las detenciones se dieron Itagüí y El Retiro, Antioquia. Las tres mujeres detenidas, entre ellas dos funcionarias públicas, habrían permitido que se generaran sobrecostos en contratos para atender la pandemia por covid-19.
Durante el proceso investigativo se realizaron varias entrevistas judiciales, inspecciones al lugar de los hechos, estudios forenses de mercado y análisis contables que permitieron obtener suficientes elementos materiales de prueba que conllevaron a la captura de dos funcionarias públicas, quienes laboraban en la secretaría de hábitat y desarrollo territorial, y en la secretaria de bienestar social y participación comunitaria del municipio El Retiro.
Los análisis forenses contractual y financiero realizados al contratista y al contratante, arrojaron información específica que evidenciaron el sobrecosto promedio de un 140 % en los víveres adquiridos mediante la contratación pública, mientras que el estudio forense de mercados fue contundente al describir que los productos adquiridos poseían un mayor valor que los precios originales.