Así cayó banda que traficaba con lingotes de oro

La cifra es impactante: 352.000 millones de pesos. Esa es la suma de dinero que en tan solo dos años un grupo de seis personas compró en oro ilegal en el país. Se trata sin duda alguna de una de las operaciones de lavado de activos de mayor envergadura en la historia reciente. Todo quedó al descubierto hace pocos días después de una pesquisa de más de cuatro años realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y fiscales de la unidad de lavados de activos de la Fiscalía.

El caso comenzó a finales de 2011 cuando la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) detectó una serie de movimientos sospechosos en una pequeña empresa de Medellín llamada Comercializadora Internacional, la cual reportó movimientos bancarios por 143.000 millones de pesos tan solo en ese año. Las dudas radicaban en que no era lógico que esa empresa, creada menos de un año atrás con un capital de 30 millones de pesos, manejara semejante suma. El caso pasó a manos de la Dijín y un grupo de fiscales que empezaron a escarbar en el tema y lo que encontraron fue asombroso.

Los investigadores descubrieron, en primera instancia, que esa empresa multimillonaria funcionaba en un discreto apartamento en el sur de la capital antioqueña. No tenía empleados y como representante legal aparecía una mujer llamada Liliana Jiménez. Al verificar en el sistema bancario la manera como esa empresa justificaba sus ingresos encontraron cinco compañías que figuraban como sus proveedores de oro.

Cada una de estas le hizo giros por sumas que iban entre los 22.000 y los 116.000 millones de pesos. Al indagar por tales proveedores, los sabuesos de la Dijín nuevamente se toparon con otra sorpresa. La mayoría de esas compañías habían sido creadas en dos meses a mediados de 2011. Casi todas tenían dirección registrada en apartamentos de varios sectores de Medellín. Y como si fuera poco a cada una las manejaba una sola persona, algunas de ellas familiares de Jiménez.

Con autorización de los jueces hicieron interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos empezaron a vigilar día y noche los movimientos de esos seis supuestos representantes legales. Simultáneamente, contadores forenses y economistas de la Dijín, junto a la Fiscalía y la Uiaf, empezaron a indagar cada uno de los movimientos de las empresas proveedoras.

De ese modo lograron identificar un total de 599 personas que aparecían como vendedoras de pequeñas cantidades de oro a cada una de las empresas. Al verificar los números de cédula y los nombres, los detectives descubrieron que entre los supuestos vendedores había 30 personas muertas, 294 números de cédulas falsos y 92 habitaban la calle o eran desempleados de varios municipios de Antioquia y la costa, entre otros.

Los hombres de la Dijín ubicaron a varios de ellos. Confesaron que los representantes de esas compañías les habían pagado 30.000 pesos por prestar su nombre e inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). Con esto la banda pretendía tener una base de supuestos vendedores de oro, generar facturas falsas y dar una apariencia de legalidad a sus operaciones.

Tras conformar esa falsa base de datos de casi 600 vendedores de oro, la banda se dedicó a crear y reportar una serie de lugares de donde supuestamente salía el metal precioso. Así, en los registros dejaron consignado que lo compraban en Sincelejo, Apartadó, Entrerríos y Alto Baudó, entre otros municipios. Pero la banda no reparó en un detalle. Curiosamente ninguno de los lugares reportados tenía vocación minera.

Pero eso no les impidió seguir adelante. Como en papeles todo parecía estar en regla, generaron una fachada de legalidad ante la Agencia Nacional de Minería y las autoridades: había vendedores, con nombre y cédula, tenían unas minas de donde salía el metal, y existían unas empresas comercializadoras que compraban el material. Y para precaver las investigaciones de la Dian y la Uiaf, los responsables del delito decidieron dar un paso audaz y comprar una especie de seguro.

En efecto, la comercializadora de la señora Jiménez reportó oficialmente a la Agencia Nacional de Minería que entre 2010 y 2012 compró 4,5 toneladas de oro por las cuales pagó 23.000 millones de pesos en regalías a los municipios de Segovia, Remedios, Caucasia y El Bagre, cosa que efectivamente ocurrió. Esa es la única parte real de la historia. No obstante, la Dijín y la Fiscalía encontraron lo que verdaderamente se escondía.

Después de 542 entrevistas, 180 inspecciones judiciales y allanamientos y decenas de peritajes contables, las autoridades establecieron que los verdaderos dueños del oro eran bandas criminales, guerrilla y mineros ilegales. Los delincuentes fundían el metal, salido de Antioquia y Chocó, en pequeños lingotes que no superaban los 1.500 gramos. Posteriormente, los transportaban a Medellín desde donde la banda los exportaba a Estados Unidos y Suiza por medio de las empresas de papel de la banda. Una vez el metal llegaba a su destino, el dinero regresaba a Colombia y quedaba consignado en esas empresas de papel. De allí lo distribuían y entregaban a las bacrim, subversivos y mineros. Una vez la plata llegaba a su destino la banda liquidaba las empresas fachada y creaba otras nuevas.

“La lucha contra la minería ilegal es una prioridad del gobierno, no solo por el inmenso e irreparable daño ambiental, sino porque es una importante fuente de recursos para grupos y organizaciones criminales. Por eso, junto con la Fiscalía, estamos golpeando las finanzas y desarticulando las redes por medio de las cuales lavan dinero de esa actividad. De allí la importancia de esta operación que se hizo con el apoyo de la unidad de lavados de activos y terminó con la captura de todos sus integrantes”, explicó el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas.

Si bien descubrir este entramado tomó a los investigadores seis años, ahora han logrado establecer con certeza absoluta que solo entre 2010 y 2012 la banda consiguió vender 352.000 millones de pesos en oro ilegal, dinero que llegó a grupos armados y crimen organizado. Sin embargo, la cifra puede ser aún mayor. Faltan los análisis contables que permitan determinar cuántos miles de millones más alcanzaron a mover en los siguientes cuatro años. La semana pasada cayeron en manos de las autoridades los nueve integrantes de esta red, en el nuevo capítulo de la batalla contra la minería ilegal y los zares del oro. Una guerra que está en plena acción.