Capturan a dos contratistas por escándalo de corrupción en las obras del estadio de Bucaramanga

Los contratistas Julián Jaramillo y Octavio Reyes fueron capturados en medio de la investigación que se adelanta por las irregularidades en la celebración de contratos para el reforzamiento estructural del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. El convenio fue suscrito en febrero de 2014 por 15.278 millones de pesos durante la Gobernación de Richard Aguilar.

En medio de la ejecución del contrato, que también tenía como objetivo la adecuación de piscinas del Coliseo Vicente Díaz Romero, se registró una adición por 6.700 millones de pesos de manera injustificada. Por estos mismos hechos enfrenta un proceso penal el exgobernador de Santander, Richard Aguilar.

En la investigación se determinó que para la entrega del contrato se exigió el pago de una comisión del valor total. De esta forma, la Unión Temporal Reforzamiento 2015, que representaba Octavio Reyes Sarmiento, resultó beneficiada.

Mientras que Julián Jaramillo, una de las personas más cercanas a Aguilar durante su gobernación, era la persona que se encargaba —según varios testigos que han firmado acuerdos con la Fiscalía— de adelantar la dirección de los contratos de infraestructura en el departamento.

El funcionario era parte activa del Comité Asesor, el cual era utilizado por Aguilar para controlar la entrega de los contratos, exigir las comisiones y darles los beneficios.

Teniendo en cuenta su estrecha relación de amistad, Jaramillo había realizado todo el trámite para el direccionamiento del contrato a Reyes Sarmiento. Con el fin de evitar llamar la atención, el contratista recibió por anticipado información privilegiada que le permitió modificar su propuesta para cumplir con el pliego de condiciones.

Un testigo aseguró que Andrea Carolina Núñez Castellanos, quien fungía como secretaria de la empresa Ingream S.A.S. recibió la documentación y adelantó la preparación de la respectiva propuesta para obtener el contrato.

El proceso contra Aguilar

El pasado 6 de octubre, la Fiscalía General llamó al exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

En el documento, se asegura que Aguilar creó una verdadera “empresa criminal” para direccionar la entrega de contratos y así favorecer a amigos, familiares y personas que lo apoyaron en su campaña. Para esto, se fijó la entrega del 10 % de cada obra o proyecto adjudicado para garantizar su entrega.

Los hechos se presentaron entre los año 2012 y 2015. Para lograr su propósito criminal, el entonces Gobernador creó un Comité Asesor para que orientara los procesos contractuales. Para esto, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.

En el escrito de acusación se fija la entrega de cinco millonarios contratos de manera irregular:

• Reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.
• Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario.
• Suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. Contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en agosto de 2014.
• Obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), celebrado en septiembre de 2014.
• Construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), suscrito en septiembre de 2014.

El próximo 8 de febrero continuará ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Cote Suprema la presentación del escrito de acusación.