Capturan en EE.UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para extraditarlo a Colombia

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue condenado por varios delitos contra la administración pública, pero que tuvo beneficios por colaborar con la justicia, será enviado en extradición a Colombia, desde los Estados Unidos, para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.

Lyons fue protagonista del más grande desfalco en el departamento de Córdoba, pero por su colaboración con la justicia fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión y a pagar 4.000 millones de pesos. Se fue para Estados Unidos donde gozaba de impunidad, sus negociaciones con la justicia a cambio de beneficios en procesos penales, lo tenían gozando de una vida tranquila, en Miami, sin tener que responder por el robo del erario en el departamento de Córdoba.

La llave que le habría abierto la puerta a la impunidad en el caso Lyons, que pese a los comprobados actos de corrupción tenía una vida llena de lujos y tranquilidad en Miami, había sido la colaboración con la justicia, por medio de la cual delató al entonces fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, quien le propuso el pago de 30.000 dólares a cambio de frenar los procesos que tenía en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

Hubo un entrampamiento contra el exfiscal Moreno en el que participó Lyons, en un mall comercial de Miami, donde le fueron entregados 10.000 dólares, la primera parte del compromiso. Detrás de este hecho vino lo que sería el escándalo más grande de la historia para la justicia del país: el cartel de la toga.

Uno a uno fueron saliendo los nombres de magistrados, amigos de Moreno, que recibían millonarios sobornos en efectivo y en especie, a cambio de torcer los procesos en contra de personas investigadas en la Corte Suprema de Justicia. Por este hecho fue condenado hace unas semanas a una pena de 19 años de cárcel, el expresidente de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, quien fue acusado, según señaló el juez en la lectura del fallo, de formar parte de “una organización criminal dedicada a beneficiar a procesados o investigados y lo hacían a través de actos de corrupción liderados por el exmagistrado Francisco Ricaurte y otros funcionarios, entre ellos Luis Gustavo Moreno y el exfiscal Alfredo Betín”.

Haber servido de delator de esta red de corrupción, aparentemente le había dado un pasaporte de impunidad a Lyons que estuvo vigente hasta hoy, cuando el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció su detención con fines de extradición hacía Colombia.

¿Por qué pese a colaborar con la justicia Lyons es pedido en extradición para que responda en Colombia por concierto para delinquir agravado? La respuesta está en que al colaborar con la justicia, el acuerdo establecido con el exgobernador le otorgaba beneficios por el delito de concierto para delinquir simple, en el caso de una presunta apropiación de 9 mil millones de pesos derivados de pagos de contratistas. También fue beneficiado en el delito de peculado por apropiación del cual la acción penal le fue suspendida, con eso Lyons estaba tranquilo.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, elevó una consulta a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para indagar la situación de Lyons y había un delito pendiente por el cual no estaba respondiendo ni en ese país ni en Colombia: concierto para delinquir agravado. Por el cual llegará a responder en próximos días.

Para darse una idea de los millonarios tentáculos de la corrupción que fue rampante durante la gobernación de Lyons, la Contraloría había hecho un balance de las implicaciones en términos de dinero de los casos de corrupción. El primero fue el cartel de la hemofilia tasado en $54.000 millones. En ese caso, se presume que el exgobernador dejó que durante su mandato se efectuaran pagos desde la Gobernación para la atención de 117 enfermos que en realidad estaban sanos, y cuyas falsas dolencias fueron usadas para sonsacar el dinero de sus tratamientos.

Pero las pesquisas de la justicia contra el exgobernador van más allá. En cuatro procesos más, cuyo cálculo inicial está en 8.000 millones de pesos, se encontraron irregularidades en varios rubros de la salud del departamento, especialmente en pagos por pacientes con síndrome de Down, y también en el uso de los recursos de las regalías destinados a la ciencia y la tecnología.