Capturan al médico que realizaba los abortos en el ELN y el juez lo mandó para la casa

Una larga investigación de la Fiscalía contra el presunto responsable de una serie de abortos no consentidos en las filas del ELN, realizados en el departamento de Arauca, permitió su captura y la de la enfermera que lo apoyaba. El problema es que un juez los mandó a la casa tras considerar que no tenían antecedentes.

Las pruebas de la Fiscalía estaban en las declaraciones de las propias víctimas de los abortos, que les dijeron a los investigadores cómo el ahora judicializado es el responsable de al menos 40 abortos no consentidos, obligados en las filas de la guerrilla del ELN. Las evidencias para el juez no fueron tan contundentes y por eso los benefició con la detención domiciliaria.

“Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal. También Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys”, dijo el director especializado contra las Organizaciones Criminales, Carlos Roberto Izquierdo.

De acuerdo con la investigación, el gerente de la clínica era un enlace fundamental en la articulación de la guerrilla, pues garantizaba la asistencia médica a los integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales. Todo lo hizo mientras otorgaba un “trato privilegiado” a los guerrilleros que llegaban al centro médico.

“Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero”, señaló el funcionario de la Fiscalía una vez conocieron la decisión del juez.

Lo más grave en el marco de la investigación y de las propias declaraciones de las víctimas es que la mayoría eran menores de edad, adolescentes que resultaron embarazadas en los campamentos guerrilleros y que fueron obligadas a abortar.

“Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados”, dijo la Fiscalía en las audiencias preliminares.

Los abortos, de acuerdo con la evidencia, ocurrieron desde 2014 e incluso meses antes de completar esta investigación. Son casi ocho años de una actividad criminal que no solo le garantizó al médico una alianza delictiva, sino millonarios pagos de parte de la guerrilla, es lo que trata de establecer la Fiscalía.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada”, dijo el fiscal Izquierdo.

El material de prueba fue expuesto en una audiencia de imputación de cargos con un nivel de detalle que dejó muy poco espacio para dudas, pero que el juez consideró insuficiente a la hora de cobijarlos con una medida de aseguramiento en centro carcelario, por eso los mandó a su casa con detención domiciliaria, una polémica decisión que la Fiscalía apeló.

Aseguraron desde el ente acusador que los dos procesados, el médico y su enfermera, no aceptaron los cargos imputados, aún así se continúa con la investigación para dar con más víctimas, mujeres y menores que fueron obligadas a abortar por la guerrilla.