Cárcel La Picota, entre el hacinamiento y una huelga de hambre

Una verdadera crisis se presenta en la cárcel La Picota de Bogotá. Desde el pasado lunes, un grupo de internos entró en desobediencia pacífica y huelga de hambre para manifestar incomodidades relacionadas con sus derechos a la alimentación y la salud, entre muchos otros.

Tras ser notificados, un equipo de la Defensoría del Pueblo, conformado por profesionales especializados de la Defensoría Delegada para Política Criminal y Penitenciaria, llegó hasta la cárcel ubicada en el sur de Bogotá para recolectar información. En la visita, realizada en las últimas horas, se reunieron con 20 representantes del Comité de Derechos Humanos, que son voceros de las 3.080 personas que se encuentran privadas de la libertad en el Patio 3.

En la conversación, los reclusos manifestaron que existen graves deficiencias en las condiciones en las que están recibiendo los alimentos, la mala calidad de los mismos y las fallas en las horas de distribución de los mismos. Esta situación los ha afectado de manera considerable.

Para superar esta crisis se solicitó hacer una mesa de trabajo con el representante legal del consorcio encargado de proveer la alimentación a la cárcel, así como una intervención del contrato con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Instituto y Penitenciario y Carcelario (Inpec).

También fueron llamados representantes de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para verificar el tema del acceso a la salud y a los alimentos en este patio, principalmente, y la verificación de los compromisos adquiridos anteriormente con la población carcelaria.

Por esto, los delegados de la población privada de la libertad manifestaron que, como gesto de buena voluntad, se comprometen a suspender hasta la próxima semana la jornada de desobediencia pacífica.

Debido a la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que se tomen las medidas necesarias y se supere esta crisis que pone en riesgo la integridad y la salud de estas personas. Igualmente, les pidió a las autoridades que vigilen la situación en los otros centros de reclusión para que se garantice el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.

Adicionalmente, ese organismo instó a las entidades encargadas de la atención de las personas privadas de la libertad a que se entable un diálogo con esta población y se pueda mejorar las condiciones en las que se le brindan la alimentación y la salud.

La punta del iceberg

En febrero pasado, SEMANA reveló en exclusiva una grave denuncia sobre el mal estado de los alimentos que se les estaban dando a los presos. Entre estas se encontraban sopas llenas de gusanos, carne con olores fétidos, frutas y verduras a punto de pudrirse.

Así mismo, se dio cuenta de cocinas que no cumplían el más mínimo requisito para preparar alimentos: estas fueron algunas de las graves irregularidades que encontró el Inpec en la mayoría de las cárceles del país.

Todo esto quedó registrado en fotografías y declaraciones de varios internos que se han visto obligados a consumir estos alimentos, con el gran riesgo de intoxicarse o enfermarse gravemente. Las tres comidas que reciben diariamente, en algunos casos, no cumplen los requisitos nutricionales, puesto que las porciones son muy pequeñas, no tienen la proteína exigida o están preparadas en muy malas condiciones.

En entrevista con SEMANA, Martha Isabel Gómez Mahecha, subdirectora de atención en salud del Inpec, consideró que la situación es una “bomba de tiempo”, puesto que la mala entrega de alimentos genera otros problemas como motines, peleas, enfermedades y, precisamente, huelgas de hambre.

En la inspección realizada recientemente se determinó que el 26 % de los establecimientos carcelarios se encuentra en estado crítico por las fallas en la entrega de los alimentos a los internos. Para llegar a esta categoría, explica Gómez, se concluyó que no se cumplía con los gramajes establecidos (entregando una cantidad mucho menor a la requerida), cambios constantes en los menús, fallas en la entrega de todos los componentes establecidos (como postre, frutas, verduras), así como insalubridad en “los ranchos”, como son conocidos los lugares donde se deben preparar exclusivamente los alimentos.

La Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Meta) presenta la mayor problemática, puesto que la mayoría de las 42 cárceles que se encuentran en la zona registró graves problemas, entre ellas La Picota, la de Acacías, El Buen Pastor y Chocontá.

Para la subdirectora de atención en salud del Inpec, la situación es bastante compleja y no se aceptan ya “pañitos de agua tibia”, sino que urge una solución inmediata.